Una inquietud muy pertinente, el cual creo que toca el punto de quiebre doctrinal del discurso de Trump. Voy a tratar de responderla de forma estructurada, clara y sin eufemismos, distinguiendo transaccionalidad, intervención de facto y administración tutelar, que aquí se superponen.
1. ¿Rompe Trump la lógica transaccional con el Estado venezolano?
Sí, pero no completamente; la transforma.
Hasta el momento previo a estas afirmaciones, la relación coercitiva con Venezuela se movía en un marco transaccional indirecto de sanciones vs recompensas; interdicción vs licencias; presión vs negociación energética.
Ese esquema presupone la existencia de un Estado contraparte, aunque debilitado.
Con frases como:
“We’re going to run it essentially.”
“We’re going to stay until such time as a proper transition can take place.”
Trump cruza una línea conceptual, ya no habla de condicionar al Estado venezolano, sino de suspenderlo funcionalmente, No es todavía una ocupación clásica, pero sí es el abandono del reconocimiento del Estado como sujeto transaccional autónomo, la transacción deja de ser Estado–Estado y pasa a ser administrador–territorio–recurso.
2. ¿Estamos ante una intervención de facto?
No es una invasión clásica, pero sí una intervención de facto por administración
Trump no declara guerra, anexión, ni protectorado formal, pero afirma explícitamente tres cosas que jurídicamente configuran una intervención de facto:
- Permanencia indefinida
“It takes a period of time.”
“We’ll know when it’s right.”
No hay cronograma ni mecanismo externo de verificación.
- Ejercicio de funciones de gobierno
“We’re going to run it.”
“We’re going to run it right.”
Esto implica decisión sobre orden, economía, energía y poder.
- Selección y supervisión del relevo
“We’re not going to take a chance.”
“The people standing right behind me.”
El relevo no surge del cuerpo político venezolano, sino de un filtro externo.
En derecho internacional, administrar un territorio sin título soberano ni mandato multilateral es intervención, aunque se vista de transición.
3. ¿Qué pasa con la transaccionalidad? ¿Desaparece?
Aquí está lo más fino de la pregunta.
La transaccionalidad no desaparece: se internaliza.
Antes la transacción era con el Estado venezolano (sanciones, licencias, petróleo), ahora la transacción es interna al esquema de administración.
El petróleo ya no es objeto de negociación con Venezuela, las declaraciones de Trump indican:
“We built that whole industry.”
“We’re going to get reimbursed.”
Esto implica expropiación narrativa del recurso, conversión del petróleo en activo recuperable, no en riqueza soberana. Por tanto, la transacción pasa a ser EE. UU. – empresas estadounidenses – administración transitoria.
Venezuela deja de ser sujeto y pasa a ser espacio operativo.
4. ¿Qué significa “administrar” en términos reales?
Cuando Trump dice:
“We’re going to run it.”
No habla de gestión humanitaria ni asistencia técnica. Habla de control del orden, control del sector energético, control de la transición política y control del tiempo.
Esto es administración tutelar, una figura históricamente conocida, aunque hoy se evite nombrar mandatos, fideicomisos territoriales y ocupaciones administrativas.
La diferencia moderna es que no se proclama soberanía, se proclama funcionalidad.
5. ¿El “gobierno transitorio” estaría subordinado a la Casa Blanca?
Según el discurso de Trump, sí, de forma explícita, ya que no hay autonomía decisional (“we’re not going to take a chance”), no hay legitimidad originaria, hay supervisión directa (“the people standing right behind me”). Por tanto, ese gobierno sería instrumental, condicionado, revocable. No sería un sujeto soberano, sino un gestor delegado, no importa quién lo encabece, lo que importa es que la función esté subordinada.
6. Petróleo: la prueba definitiva del quiebre
El bloque energético confirma todo lo anterior, cuando Trump afirma simultáneamente que la infraestructura es peligrosa, que EE. UU. la construyó, que invertirá miles de millones, que se reembolsará lo que se le debe y que la energía es estratégica para EE. UU.
Esto significa control del recurso, prioridad del interés externo y beneficio compartido pero asimétrico. La riqueza “para el pueblo venezolano” aparece después, como efecto colateral, no como derecho.
7. Como queda la soberanía y la autodeterminación de Venezuela
Conviene responder sin retórica, desde el realismo jurídico-político que atraviesa toda esta investigación.
Voy a estructurar la respuesta en cuatro niveles: jurídico, doctrinal, operativo y político-histórico.
1. En términos jurídicos formales
La soberanía y la autodeterminación no desaparecen, pero quedan suspendidas funcionalmente.
Desde el punto de vista del derecho internacional clásico, Venezuela sigue siendo un Estado soberano, ya que conserva personalidad jurídica internacional, mantiene asiento en la ONU, no ha mediado anexión ni cesión formal de soberanía, no existe mandato multilateral que la sustituya.
Por tanto, la soberanía subsiste formalmente, Pero ya no opera como poder efectivo, sino como título jurídico residual.
2. En términos doctrinales
La soberanía se transforma en soberanía nominal; la autodeterminación en variable condicionada, lo que emerge del discurso de Trump no es una negación abierta de la soberanía, sino su desplazamiento por administración funcional. La soberanía deja de significar capacidad autónoma de decidir sobre territorio, recursos y gobierno y pasa a significar reconocimiento formal sin control real de las funciones estratégicas. Esto es lo que doctrinalmente puede llamarse soberanía administrada, soberanía tutelada, o, más crudamente, soberanía vaciada de contenido operativo.
En cuanto a la autodeterminación, esta no se elimina, pero se redefine: no es el pueblo quien decide libremente su sistema político, sino que se le permite decidir dentro de un marco previamente aprobado. Trump lo dice sin ambigüedad: “We’re not going to take a chance.” Es decir, la autodeterminación existe solo si no produce riesgos para el administrador externo. Esto es una autodeterminación condicionada, no soberana.
3. En términos operativos reales
La soberanía efectiva se fragmenta y se pierde por sectores. Bajo este esquema el territorio sigue siendo venezolano (formalmente), pero el espacio marítimo, energético y financiero queda sujeto a control externo, el gobierno opera bajo supervisión, el tiempo político (cuándo se retiran) no lo decide el país. Esto produce una situación muy concreta, Venezuela conserva símbolos de Estado, pero pierde capacidad de decisión estratégica, por tanto, la autodeterminación deja de ser un principio y se convierte en resultado negociable.
4. En términos políticos e históricos
Se produce una regresión a formas pre-westfalianas de dominación hecho que históricamente, no es nuevo, es comparable a: mandatos coloniales, protectorados, ocupaciones administrativas o fideicomisos territoriales. La diferencia moderna estriba en que no se habla de colonización, se habla de orden, transición, estabilidad, seguridad energética. Por tanto, la soberanía se mantiene para el discurso, pero se suspende para la decisión.
8. Conclusión
Ante el panorama descrito la soberanía nacional venezolana queda formalmente intacta, pero materialmente erosionada, La autodeterminación del pueblo venezolano subsiste solo como opción subordinada, no como derecho pleno, no se trata de la muerte del Estado venezolano, sino de su transformación en objeto de administración externa. Esto confirma, en su forma más extrema, mi tesis, en cuanto a que el conflicto contemporáneo no busca destruir Estados, sino volverlos funcionales dentro de un orden transaccional administrado.
Precisamente por esto, la defensa de la soberanía hoy no se libra en el plano retórico, ni siquiera jurídico exclusivamente, se libra en la capacidad de hacer costosa la administración externa, la capacidad de sostener transacciones alternativas, la capacidad de fragmentar el control funcional. La soberanía ya no se pierde de golpe; se diluye por sectores.
Sí: Trump rompe la transaccionalidad clásica con el Estado venezolano, pero no abandona la lógica transaccional, la reformula como administración directa del espacio, del recurso y del poder, no es una guerra, no es una negociación, es una intervención administrativa de facto, legitimada por la Doctrina Monroe reinterpretada, una excepcionalidad soberana y una lógica crematística.
Si mi intuición es correcta, el discurso pretende marcar el paso de coerción transaccional a tutela funcional.
9. REFLEXIÓN FINAL
Durante años, muchos venezolanos —movidos por la desesperación, el cansancio o la legítima indignación— han insistido en invocar una intervención extranjera, particularmente de los Estados Unidos, como atajo para recuperar una supuesta libertad perdida. Algunos lo hicieron por ingenuidad; otros, por desconocimiento del alcance real de una acción de ese tipo; y no pocos, inducidos por liderazgos políticos que nunca hablaron de soberanía, sino de poder, negocios y control del recurso nacional.
Hoy, a la luz de los hechos y de las propias palabras del presidente Trump, conviene preguntarnos con honestidad:
¿Éramos conscientes del monstruo que estábamos despertando?
La historia demuestra que las intervenciones no vienen a restaurar libertades abstractas, sino a administrar territorios, recursos y decisiones. No llegan para devolver la soberanía; llegan para sustituirla. Cuando una potencia afirma que “va a administrar el país”, que decidirá cuándo se va, cómo se gobierna y cómo se explotan los recursos estratégicos, lo que está en juego ya no es un cambio político, sino la pérdida del derecho a decidir como nación.
Quienes promovieron la intervención no hablaban de autodeterminación ni de dignidad nacional. Hablaban de transición, de orden, de eficiencia, de inversión. Detrás de ese lenguaje moderno se escondía una lógica antigua y peligrosa: la crematística, el control del petróleo, la apropiación del valor y la subordinación del Estado a intereses ajenos. No era patriotismo; era cálculo.
Hoy, cuando se nos dice abiertamente que la soberanía es un concepto del pasado y que Venezuela debe ser “administrada”, muchos descubrirán tarde que la libertad no se impone desde afuera y que ningún pueblo recupera su dignidad entregando su destino a otro.
La pregunta ya no es cómo llegamos aquí, sino qué podemos hacer ahora.
Conservar lo que queda de soberanía exige algo más difícil que pedir ayuda externa: exige madurez histórica. Implica rechazar la tutela, defender el derecho a decidir nuestros propios errores y aciertos, y entender que la verdadera autodeterminación no consiste en elegir quién manda desde afuera, sino en reconstruir, con todas las dificultades, una capacidad propia de decisión.
No se trata de justificar gobiernos ni errores internos. Se trata de entender que sin soberanía no hay corrección posible, solo administración ajena. Y que un país administrado puede ser estable, rentable y ordenado, pero nunca será libre.
Esta reflexión no busca culpar, sino despertar conciencia. Porque los pueblos no pierden su soberanía de un día para otro: la van cediendo, poco a poco, cuando creen que alguien más la ejercerá mejor.
Estaremos a tiempo todavía, de entender que la soberanía no es un eslogan, ni un obstáculo, ni una reliquia. Es el último espacio donde un pueblo sigue siendo sujeto de su historia y no objeto de la historia de otros.
JULIO ALBERTO PEÑA ACEVEDO
Caracas, 04 de enero de 2026


