INTERPRETACIÓN SOBRE LA JURISDICCIÓN ACUÁTICA

INTRODUCCIÓN

Desde la publicación de la Resolución Nro. 2017-0011 de fecha 3 de mayo 2017, se han realizado foros en distintas circunscripciones acuáticas, las cuales denotan la preocupación del Sector Acuático por este tema y las consecuencias que genera esta decisión en detrimento del buen ejercicio de la justicia en un campo tan especialísimo como lo son las actividades que genera el transporte y comercio marítimo, así como todas las actividades conexas que se realizan en dicho sector.

Como una contribución a que se logren  soluciones que conlleven a la normalización de la problemática, se hace una recopilación sobre los informes, opiniones y recomendaciones al respecto, sin dejar de  reconocer la autoría   de los diversos escritores, bien de manera personal o como instituciones, los cuales han opinado al respecto.

ANTECEDENTES[1]

Entre 1999 y 2001 diferentes que hacían vida en el Sector Marítimo Nacional, trabajaron mancomunadamente para rubricar en el ordenamiento jurídico positivo, la existencia de la jurisdicción acuática venezolana.

En múltiples foros, conferencias y escenarios se debatió sobre nuevos planteamientos de innovación y vanguardia en el campo marítimo. Es así que Venezuela se consolidó en el 2000, como país de avanzada desde el punto de vista marítimo y portuario, llegando a la cima del Derecho Marítimo moderno, al gestarse el moderno  ordenamiento jurídico, el cual fue reconocido en el campo internacional.

En  el propio nacimiento del siglo XXI, entra en vigencia una nueva legislación acuática para Venezuela, en la cual se propuso crear cinco tribunales especializados marítimos de primera instancia y tres tribunales marítimos superiores, esta propuesta se consagró en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares del 2002.

Posteriormente, en el 2004, el Tribunal Supremo de Justicia  dictó la Resolución Nro. 2004-0010 (18-8-2004) con la cual desconoció lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica, estableciéndose un Tribunal Marítimo de Primera Instancia y un Tribunal Marítimo Superior en Caracas con competencia en todo el país. Aunque nunca se conoció en forma oficial las razones para este cambio que contrariaba evidentemente lo ordenado en una Ley Orgánica; al parecer se tomó esta medida tomando en cuenta la situación económica y que el número de causas marítimas no justificaban el número de tribunales marítimos establecidos en le referida ley.

Los referidos tribunales marítimos con sede en Caracas comenzaron a funcionar el 2006 y la comunidad marítima venezolana experimentó un cambio positivo al ver que sus causas eran tratadas por jueces con conocimiento de la especialidad.

En el campo internacional Venezuela despertaba admiración por contar con tribunales marítimos especializados lo que la colocaba en sitial de honor al ser solo Panamá y Venezuela los que tenían una jurisdicción marítima en el ámbito iberoamericano.

Resulta incuestionable el progreso que le dio a nuestro país la consolidación de nuestra jurisdicción acuática. Y es evidente que accedimos por vía legislativa, a una jurisdicción especializada con contenido sustantivo y adjetivo que excluyó la materia marítima y portuaria del conocimiento de los tribunales civiles y mercantiles. Después de tantos años de vetustez y atraso se tomó conciencia que la especificidad de estas materias requería y así se exige, un conocimiento exacto para la eficiente y eficaz administración de justicia.

Venezuela se presentó antes las Organizaciones Internacionales Marítimas con una profunda convicción de progreso y con la posibilidad de ocupar un lugar importante entre los países con una moderna regulación marítima.

SITUACIÓN ACTUAL

La reciente Resolución Nro. 2017-0011 de fecha 3 de mayo 2017 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia deja sin efecto este esquema y regresa a la situación original existente en el siglo pasado, por cuanto nuevamente las causas marítimas van a ser decididas ahora por jueces civiles, tanto de primera instancia como superiores, en las diferentes circunscripciones acuáticas

En efecto de acuerdo con lo resuelto se les asigna competencia marítima a determinados tribunales civiles de primera instancia de los Estados Anzoátegui, Bolívar con sede en Puerto Ordaz, Carabobo, Falcón con sede en Punto Fijo, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Zulia y a ciertos tribunales superiores civiles de esos mismos Estados. Para el Distrito Capital se  cambia la denominación de Juzgado de Primera Instancia Marítimo con competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el cual en lo adelante se denominará: Juzgado de Primera Instancia con competencia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo con Sede en la Ciudad de Caracas y se cambia la denominación de Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el cual en lo adelante se denominará: Juzgado Superior con competencia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo con Sede en la Ciudad de Caracas.

ANÁLISIS

Para entendimiento del problema, se puede comenzar por definir el significado de la competencia del órgano jurisdiccional, y estudiosos del tema así lo hacen[2]:

“… medida en que la jurisdicción se divide entre las diversas autoridades judiciales…”

“…cantidad de jurisdicción que corresponde a cada uno de los jueces ordinarios…”

La competencia tiene una vertiente de carácter objetiva, ya que el órgano ejerce el poder público por disposición legal expresa y otra vertiente  subjetiva dada las potestades atributivas conferidas al referido órgano para ejercer sus poderes, o sea la potestad jurisdiccional de los tribunales[3].

Procesalmente hablando existe una simbiosis entre jurisdicción y competencia. La competencia está revestida de rasgos cualitativos de inderogabilidad convencional, no obstante a ello la norma adjetiva rectora en autoridad del Código de Procedimiento postula en su ex artículo 5° “la competencia no puede derogarse por convenio de las partes, sino en los casos establecidos en este Código y en las leyes especiales[4].

«…la competencia funcional es siempre absoluta e improrrogable, y esto constituye su característica y explica la importancia práctica que tiene ese concepto…»

«…Bajo esta tesitura, la competencia por razón de la materia se conflagra en la naturaleza de la pretensión postulada en relación de causalidad de la questio facti del asunto debatido, es decir de acuerdo al derecho material que da lugar a la causa, según estos y por motivos contingentes, se crean determinados tribunales a quienes se atribuye, exclusivamente la posibilidad de conocer de ellos y decidirlos…»

…La citada norma adjetiva rectora autoriza la prevalencia de normas y disposiciones concebidas para regular todas aquellas circunstancias con ocasión a la especificidad y tipicidad sobre los diversos asuntos derivados de determinada naturaleza, teniendo estas preferencias conforme a una norma atributiva de competencia…”.

La hoy derogada Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares[5] de 2001 (LOEAI) determinó en su título XVI la creación e integración de los Tribunales Marítimos de primera y segunda instancia en los siguientes términos:

La jurisdicción especial acuática y las actividades conexas

Capítulo I

Artículo 108. Se crean tres (3) Tribunales Superiores Marítimos con jurisdicción sobre todo el espacio acuático e insular nacional y sobre los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente  de la jurisdicción de las aguas donde se encuentren.

Artículo 109. Se crean los Tribunales de Primera Instancia Marítimos. Dichos tribunales serán unipersonales.

“…Las referidas disposiciones de rango sub-constitucional establece que los tribunales marítimos ejercen su señorío sobre la soberanía del territorio tanto marítimo, lacustre y fluvial, como los bienes muebles e inmuebles dentro del espacio geográfico de la República por mandato expreso del artículo 11 del texto Constitucional, así como la ficción jurídica de la extraterritorialidad de aplicación de la norma en los buques y cualquier aeronave de pabellón nacional[6]…”

La disposición transitoria segunda de la LOEAI,  establece que:

Conforme a lo previsto en los artículos de esta Ley se deberán instalar dentro de los noventa días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley tres (3) Tribunales Superiores Marítimos, los cuales tendrán sus sedes en las ciudades de Caracas (Región Central), Barcelona (Región Oriental) y Maracaibo (Región Occidental) y cinco (5) Tribunales de Primera Instancia Marítimos, distribuidos de la manera siguiente: (1) Un Tribunal Marítimo de Primera Instancia, con sede en La Guaira y con competencia en Distrito Federal, estados Miranda, Vargas y Dependencias Federales. (2) Un Tribunal Marítimo de Primera Instancia, con sede en Puerto Cabello, y con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Portuguesa y Yaracuy. (3) Un Tribunal Marítimo de Primera Instancia, con sede en Puerto Ordaz y con competencia en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Guárico. (4) Un Tribunal Marítimo de Primera Instancia, con sede en Maracaibo, y con competencia en los estados Barinas, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. (5) Un Tribunal Marítimo de Primera Instancia con sede en Puerto La Cruz, con competencia en los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre.

“…Las precitadas disposiciones rectoras especiales en la legislación acuática marcaron la vanguardia en el Derecho marítimo venezolano siendo una especie de norma ordinaria categorizada especial dentro de un régimen de competencia acuática en las actividades enmarcadas en el marco jurídico del Sector Acuático y dentro de ese marco, la Ley de Procedimiento Marítimo, como norma adjetiva.

Las prerrogativas legales anteriormente señaladas componen los instrumentos de administración de justicia para todos aquellos justiciables que ejerciesen el comercio marítimo y actividades relacionadas dentro del territorio de la República serían tutelados sus intereses a través de un órgano jurisdiccional con competencia especializada exclusiva y excluyente conferida por normas atributivas de competencia acuática[7]…”

Artículo 125. Los Jueces Superiores Marítimos tienen competencia sobre todo el espacio acuático e insular nacional y sobre los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente de la circunscripción de las aguas donde se encuentren.

El Tribunal Superior Marítimo es unipersonal. Para ser designado juez superior, se requiere ser abogado, venezolano, mayor de treinta años, de reconocida honorabilidad y competencia en la materia. Será condición preferente para su escogencia poseer especialización en Derecho Marítimo, Derecho de la Navegación y Comercio Exterior o su equivalente, ser docente de nivel superior en esta rama o haber ejercido la abogacía por más de diez (10) años en el mismo campo.

“…A pesar que el legislador acuático no previó expresamente el alcance soberano de conocimiento jurisdiccional territorial del Tribunal Marítimo de Primera Instancia, silógicamente se entiende que es igualmente de competente jurisdiccionalmente en un primer grado en los mismos términos que el de segundo grado[8]…”

La consideración anterior debería también ser  válida en lo referente a la unipersonalidad del Tribunal Marítimo de Primera Instancia y sobre los requisitos para la designación de sus respectivos jueces.

“…siendo un requisito sine qua non e indispensable, pues resulta hartamente complejo el adentrar en cada una de las instituciones y particularidades que revisten a la ciencia del Derecho marítimo, además del lenguaje terminológico entre otras sub-disciplinas que lo constituyen[9]…”

Artículo 126 de la LOEA[10]. Los Tribunales Superiores Marítimos son competentes para conocer:

1.- De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia, por los Tribunales Marítimos.

2.- De los conflictos de competencias que surjan entre tribunales cuyas decisiones pueda conocer en apelación y entre éstos y otros tribunales distintos cuando el conflicto se refiera a materias atribuidas a los tribunales marítimos.

3.- De los recursos de hecho intentados contra las decisiones relativas a la admisibilidad de la apelación en causas cuyo conocimiento le corresponda en segunda instancia.

4.- De cualquier otro recurso o acción que le atribuya la ley que regula la materia.

De las decisiones que dicten los tribunales superiores marítimos podrá interponerse recurso de casación dentro del término de cinco (5) días hábiles ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“…La norma acuática sustantiva estatuye funcionalmente las potestades otorgadas por atribución de competencia a todas aquellas pretensiones recursivas en grado de cognición a quem proferidas por él a quo marítimo; así mismo todo conflicto bien sea negativo o positivo de competencia, ya sea inter o extra competencial entre juzgados, así como cualquier otro recurso atribuible a los asuntos conexos o derivados de la relación marítima sustancial[11]…”

Artículo 128 LOEA[12]. Los tribunales marítimos son competentes para conocer:

  1. Las controversias que surjan de los actos civiles y mercantiles relativos al comercio y tráfico marítimo, fluvial y lacustre, así como las relacionadas a la actividad portuaria y las que se sucedan mediante el uso del transporte multimodal con ocasión del comercio marítimo.
  2. Las acciones dirigidas contra el buque, su Capitán, su armador, o su representante, cuando aquél haya sido objeto de medida cautelar o embargo preventivo.
  3. Los casos que involucren a más de un buque y que alguno fuere de matrícula nacional, o cuando resulte aplicable la legislación nacional en virtud del contrato o de la ley, o cuando se trate de buques extranjeros que se encuentre en aguas jurisdiccionales de la República.
  4. Los procedimientos de ejecución de hipotecas navales, y de las acciones para el reclamo de privilegios marítimos.
  5. La ejecución de sentencias extranjeras, previo al exequátur correspondiente.
  6. La ejecución de laudos arbítrales y resoluciones relacionadas con causas marítimas.
  7. Juicios concúrsales de limitación de responsabilidad de propietarios o armadores de buques.
  8. Las acciones derivadas con ocasión de la avería gruesa.
  9. Las acciones derivadas con ocasión de los servicios de pilotaje, remolques, lanchaje, señalización acuática, labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas, la cartografía náutica y el dragado y mantenimiento de las vías navegables.
  10. Las acciones que se propongan con ocasión del manejo de contenedores, mercancías, materiales, provisiones, combustibles y equipos suministrados o servicios prestados al buque para su explotación, gestión, conservación o mantenimiento.
  11. Las acciones que se propongan con ocasión de la construcción, mantenimiento, reparación, modificación y reciclaje de buques.
  12. Las acciones que se propongan con ocasión de primas de seguro, incluidas las cotizaciones de seguro mutuo, pagaderas por el propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo o, por cuenta, en relación con el buque.
  13. Las acciones relativas a comisiones, corretajes u honorarios de agencias navieras pagaderos por el propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo, por su cuenta, en relación con el buque.
  14. Controversias a la propiedad o a la posesión del buque, así como de su utilización o del producto de su explotación.
  15. Las acciones derivadas del uso de los diversos medios y modos de transporte utilizados con ocasión del comercio marítimo.
  16. Las hipotecas o gravámenes que pesen sobre el buque.
  17. Las acciones derivadas del hecho ilícito con ocasión del transporte marítimo, fluvial y lacustre nacional e internacional de bienes y personas y, delitos ambientales perpetrados en los espacios acuáticos de conformidad con el ordenamiento jurídico, según el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
  18. Cualquier otra acción, medida o controversia en materia regulada por la ley.

“…Por otra parte al Tribunal le han sido atribuidas potestades (poder-deber) de administrar justicia dentro del elenco de supuestos estrictamente señalados en el artículo 128 de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos 2014, sobre todos aquellos asuntos aún de naturaleza civil y mercantil nacidas del comercio, tráfico y transporte relativas a la actividad marítima, portuaria, pesquera dentro de los espacios acuáticos y extraterritorialmente en buques y aeronaves (Disp. Transitoria segunda LAC), que enarbolen el pabellón nacional.

Así mismo, los asuntos cuyos inter pares intervinientes lo constituyen los sujetos de la navegación y transporte marítimo, postulaciones de pretensiones con ocasión a la tutela preventiva, cautelar y aseguramiento, procedimiento ejecutivos; exequátur, laudos arbitrales, administración acuática (cuando no le correspondan a la especialidad vía administrativa contenciosa); amparo constitucional, etc., todas estas son competencia exclusiva y excluyente del tribunal acuático de primer grado en los asuntos de naturaleza señalada; estos ostensiblemente configuran en su mayoría créditos y/o privilegios marítimos[13]…”

Derecho al Juez Natural

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 49, numeral 4 lo siguiente:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

  1. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

Como referencia a este derecho se señalan estas dos sentencias:

Sentencia Nº 144 del 24 de marzo de 2000, caso: “Universidad Pedagógica Experimental Libertador” se definió el alcance del juez natural, como derecho y garantía constitucional

Sentencia N° 255 del 15 de marzo de 2005 (caso: “Federación Venezolana de Fútbol”) señaló que: <Dicho derecho se transgrede ‘(…) siempre que se modifica la competencia o la composición del órgano jurisdiccional, tanto por norma con fuerza de ley como por actos del Ejecutivo o de los órganos rectores del Poder Judicial, a fin de sustraer un litigio del conocimiento del Tribunal al que naturalmente le correspondería>.

Se considera que la Resolución Nro. 2017-0011 no se corresponde con lo dispuesto en el artículo 49 ordinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra la previsión del Juez Natural, que es aquel que por sus conocimientos especiales es el idóneo para resolver la controversia, ni con lo estatuido en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos vigente, que contempla expresamente en su normativa jueces marítimos de primera instancia y superiores para que con carácter exclusivo atiendan y resuelvan los asuntos marítimos[14].

Celeridad Procesal

En cuanto a la celeridad procesal, señala Argenis Rodríguez  que, “…los tribunales marítimos actualmente en funcionamiento se han caracterizado por dictar sus decisiones con rapidez, en parte por el número relativamente bajo de casos ventilados por ante los mismos. Si bien la celeridad debe caracterizar a todo procedimiento judicial, independientemente de la materia de que se trate, es especialmente importante en los casos marítimos, dado que en el mundo marítimo cada segundo cuenta, y esto es literal…”

Reserva Legal

Así mismo, en cuanto a la Reserva Legal señala Argenis Rodríguez  que: “…la legislación que trata la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional, y esto incluye al poder Judicial, es materia de estricta reserva legal, de conformidad con los artículos 156.32 y 187.1 de nuestra Constitución; por lo que una resolución, que tiene carácter de acto administrativo, no puede modificar la competencia de los tribunales del país…”

Principio de especialidad

Es cierto que la existencia de dos tribunales marítimos en Caracas con competencia nacional, como era el régimen imperante, podía constituir una traba para las personas que viven en el interior por cuanto se veían en la necesidad de tramitar sus asuntos judiciales en un tribunal distante en Caracas. Precisamente tomando en cuenta esa razón y otras como las contenidas en los artículos 26 y 269 constitucional, que plantean el acceso a la justicia y la descentralización jurisdiccional, lo que implica que la justicia debe ser accesible a todos y que el estado debe ofrecer los medios para que las personas dispongan de la mayor facilidad para concurrir a un tribunal cercano, es que se arbitró la propuesta en referencia de crear varios tribunales marítimos en las diversas jurisdicciones. El Tribunal Supremo de Justicia invoca el principio de accesibilidad a la justicia como fundamento de su decisión, pero lo que no resulta plausible es asignar competencia marítima a tribunales civiles, como lo hace la mencionada Resolución, porque si bien pudiera pensarse que lo resuelto contribuye al acceso a la justicia, en definitiva esto no se logra en nuestro campo cuando la responsabilidad de la decisión la tiene un juez sin conocimiento de la materia marítima, es decir, cuando se soslaya el principio de especialidad[15].

CONCLUSIONES

“…La Resolución in comento evidentemente está cargada de buenas intenciones, al tratar de acercar la justicia en casos marítimos y aeronáuticos a las personas que hacen vida en el interior del país, con fundamento en el principio pro actione. Sin embargo, la misma desconoce varios principios constitucionales y resulta contraproducente[16]…”

“…Claramente existe una buena fe e intención de hacer la justicia más expedita, económica procesal y todo lo que comporta el profesado principio pro actione de raigambre constitucional, no obstante debe ser estrictamente considerado a través de un estudio sistemático y sistémico de la viabilidad dentro de las posibilidades de aplicabilidad de conferir o dirigir un conocimiento competencial tan especializado como es el marítimo y aeronáutico, pues ambos dentro de sus particularidades están revestidos dentro de un estudio de instituciones científicas con autonomía que lo hacen ser poco, o más bien totalmente incompatible con otras disciplinas del derecho en un cuanto a practicidad y aplicabilidad como ha sido expuesto en líneas precedentes[17]…”

“…Resulta tan exclusivo el tema de competencia que la misma LOEA 2014, en su disposición transitoria única señala que las definiciones y regulaciones no previstas en la referente Ley serán resueltas según su propia reglamentación[18]…”

“…La existencia de procedimientos marítimos especiales cuya tramitabilidad por norma de reenvío conforme a las disposiciones de la legislación acuática sustantiva y adjetiva (LPM, 2001), deberá aplicarse prerrogativas postuladas a tales efectos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil, lo cual no significa que haya una derogatoria tácita en cuanto a la competencia, toda vez que la norma especial priva sobre la general[19]…”

“…Con el cambio de denominación el Juzgado Superior y de Primera Instancia marítimo pasar a ser un tribunal ordinario más, y en sentido contrario de los Tribunales civiles ordinarios surgen complicaciones por razones de la materia como anteriormente se ha señalado, además de la carga laboral que implica la gestión judicial de los jurisdicente quienes ahora tendrán la ardua y escabrosa tarea de ocuparse de asunto que son extremadamente delicados tanto procesal como económicamente, pues por ejemplo un embargo de buque (que no tiene nada que ver con el embargo civil ordinario), que por cierto no “es preventivo” ni mucho menos “cautelar”, (no es un capricho de media noche, sino un estudio científico sistematizado) o una prohibición de zarpe (inmovilización del buque); cuyos costos calculados en Derechos Especial de Giro (DEG) tazados en Dólares Estadounidenses, implicarían efectos nefastos para el Juez desde la ámbito tanto disciplinaria como patrimonial a título personal[20]…”

De persistir lo dispuesto en esta Resolución Nro. 2017-0011, el resultado será lo que ya se vivió en el pasado que es que no habrá una adecuada administración de justicia marítima por estar la misma en manos de jueces civiles con los efectos perniciosos que ello conlleva. Es decir, un regreso a un pasado negativo que ya se había superado satisfactoriamente al instaurarse tribunales netamente marítimos y jueces especializados que es lo que en todo caso plantea la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos vigente y lo que se contraría cuando se le asigna a tribunales de otro tipo como los civiles, competencia marítima[21].

RECOMENDACIONES

Revisar la Resolución Nro. 2017-0011 en referencia y arbitrar fórmulas que permita que las controversias marítimas sean decididas por sus jueces naturales, vale decir, por jueces marítimos y facilite la aplicación del principio de especialidad que impone que solo jueces conocedores de la materia sean los llamados a resolver los conflictos.

Posibles acciones:

Retomar la denominación original del Tribunal Superior Marítimo con competencia en Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario, como en lo Marítimo y jurisdicción en el Distrito Federal, estados Miranda, Carabobo, Aragua, Barinas, Guárico, Apure, Vargas, distritos insulares  y Dependencias Federales con sede en la ciudad de Caracas.

Que el Tribunal Superior Primero de Anzoátegui se denomine Tribunal Superior Marítimo de oriente, con competencias tanto Civil como en lo Marítimo y jurisdicción en lo marítimo, en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro.

Que el Tribunal Superior Primero de Zulia se denomine Tribunal Superior Marítimo de occidente, con competencias tanto Civil como en lo Marítimo y jurisdicción en lo marítimo, en los estados Zulia, Falcón, Trujillo y Mérida.

Retomar la denominación original de  Juzgado de Primera Instancia Marítimo con competencia en Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario, como en lo Marítimo y jurisdicción en el  Distrito Federal, estados Miranda, Vargas, distritos insulares  y Dependencias Federales con sede en la ciudad de Caracas.

Que el Tribunal Tercero de Primera Instancia de  Carabobo se denomine Tribunal Marítimo de Primera Instancia de Carabobo, con competencias tanto Civil como en lo Marítimo y jurisdicción en lo marítimo, en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Portuguesa y Yaracuy.

Que el Tribunal Primero de Primera Instancia de Bolívar con Sede en Puerto Ordaz, se denomine Tribunal Marítimo de Primera Instancia de Bolívar, con competencias tanto Civil como en lo Marítimo y jurisdicción en lo marítimo, en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Guárico.

Que el Tribunal Primero de Primera Instancia de Zulia con Sede en Maracaibo, se denomine Tribunal Marítimo de Primera Instancia de Zulia, con competencias tanto Civil como en lo Marítimo y jurisdicción en lo marítimo, en los estados Barinas, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.

Que el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Anzoátegui, se denomine Tribunal Marítimo de Primera Instancia de Anzoátegui, con competencias tanto Civil como en lo Marítimo y jurisdicción en lo marítimo, en los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre.

Que en todas las circunstancias, tanto los jueces superiores, como de primera instancia que se designen, cumplan con lo estipulado en el artículo 125 de la LOEA, referente a los requisitos sobre: ser abogado, venezolano, mayor de treinta años, de reconocida honorabilidad y competencia en la materia. Será condición preferente para su escogencia poseer especialización en Derecho Marítimo, Derecho de la Navegación y Comercio Exterior o su equivalente, ser docente de nivel superior en esta rama o haber ejercido la abogacía por más de diez (10) años en el mismo campo.

 

Julio Alberto Peña Acevedo

CIV: 3.602.432

 

Caracas, 27 de octubre de 2017

REFERENCIAS:

[1] COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO (AVDM) EN TORNO A LA RESOLUCIÓN NRO. 2017-0011 DEL 3 DE MAYO 2017 EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RELATIVA A LA COMPETENCIA MARÍTIMA.

https://docs.wixstatic.com/ugd/7a5940_936789085366463587c5d2f1b818d8d9.pdf

[2] Martirollo, citado por  Véscovi. E. Teoría General del Proceso. p, 155. Editorial Temis. Bogotá.1984

[3] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[4] Cuenca. H. Derecho Procesal Civil. Cit. Vol. p.4 y5; Chiovenda, G. Instituciones del Derecho Procesal Civil. Cit. Vol. p.209;  citado por Solís, M. La Potestad Jurisdiccional: una aproximación a la teoría general de la jurisdicción. Editorial Hermanos Vadell. Caracas. 2009, p. 168

[5] Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares. Decreto N° 1.437. G.O N° 37.290. 25/09/2001

[6] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[7] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[8] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[9] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[10] Decreto N° 1.446 17 de noviembre de 2014Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014)

[11] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[12] Decreto N° 1.446 17 de noviembre de 2014Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014)

[13] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[14] Comunicado de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM) en torno a la Resolución nro. 2017-0011 del 3 de mayo 2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia relativa a la competencia marítima. https://docs.wixstatic.com/ugd/7a5940_936789085366463587c5d2f1b818d8d9.pdf

[15] Comunicado de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM) en torno a la Resolución nro. 2017-0011 del 3 de mayo 2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia relativa a la competencia marítima. https://docs.wixstatic.com/ugd/7a5940_936789085366463587c5d2f1b818d8d9.pdf

[16] REDISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL MARÍTIMA (RESOLUCIÓN 2017-0011). Argenis Rodríguez. https://derechomaritimovenezolano.wordpress.com/2017/07/15/redistribucion-de-la-competencia-judicial-maritima-resolucion-2017-0011/

[17] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[18] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[19] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[20] CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS NUEVOS JUZGADOS CON COMPETENCIA MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL. Abg. Edwing Marval (M.Sc).

[21] Comunicado de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM) en torno a la Resolución nro. 2017-0011 del 3 de mayo 2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia relativa a la competencia marítima. https://docs.wixstatic.com/ugd/7a5940_936789085366463587c5d2f1b818d8d9.pdf

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VENEZUELA y la CONVEMAR

.CONVEMAR

Desde el  “Principios del Derecho de Jentes” de Andrés Bello, donde por primera vez en la historia se trata el tema del derecho que tienen las naciones sobre el mar que baña sus costas, cuando con absoluta propiedad afirma que –en cuanto a derecho- “El mar es semejante a la tierra”, Venezuela ha estado a la vanguardia de la evolución del Derecho del Mar.

Es así como en 1933 Venezuela promulga la Ley sobre Admisión y Permanencia de Naves de Guerra Extranjeras en Aguas Territoriales y Puertos de Venezuela. Posteriormente se promulga la Ley sobre Mar Territorial, Plataforma Continental, Protección de la Pesca y Espacio Aéreo de 1956 en el marco de la Primera Conferencia del Mar.

Luego en 1942 Venezuela y el Reino Unido suscriben el Primer Tratado Internacional sobre Áreas Submarinas.

En 1972 Se realiza en Caracas la segunda reunión de la Tercera Conferencia del Mar, Venezuela propone su tesis de “Mar Patrimonial”, la cual compite con la tesis de Kenia sobre “Zona Económica Exclusiva, la cual fue la que finalmente se adopta.

En el año 1978 se promulga la Ley por la cual se Establece una Zona Económica Exclusiva a lo Largo de las Costas Continentales e Insulares de la República de Venezuela de 1978. Bajo el marco de esta Ley, VENEZUELA-USA suscriben el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas, el cual se convierte en el primer instrumento jurídico bajo el nuevo concepto de Derecho del Mar.

Todo lo anterior confirma la firme participación del Estado Venezolano en todos los acontecimientos que marcan la historia de la evolución del Derecho del Mar y el deber ineludible de las actuales y futuras generaciones en mantener el legado de los prohombres que nos antecedieron, para seguir su rumbo firme en lograr que Venezuela sea punto de referencia en esta materia.

Venezuela y la CONVEMAR

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Día Marítimo Internacional

Conferencia del Capitán Julio Peña en ocasión de celebrarse el Día Marítimo Internacional

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“La Autoridad Acuática Venezolana ante la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia  de las actividades de la interfaz buque-tierra”

…Con la participación del  Sector Acuático Nacional, mediante la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales para la Facilitación del Sistema Buque-Puerto…

JUALPEAC, Caracas 28 SEP 17

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CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004

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Tal y como estaba previsto en el día de hoy entra en vigencia el CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004, (BWM), el cual tiene por objeto evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales de una región a otra, estableciendo normas y procedimientos para la gestión y el control del agua de lastre y los sedimentos de los buques.

Después de 13 años de incertidumbre y dificultad para su aplicación, luego de haberse cumplido el procedimiento previsto para su entrada en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos treinta Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del treinta y cinco por ciento del tonelaje bruto de la marina mercante mundial, lo firmaron sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o depositaron el pertinente instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a partir de hoy, en el marco del Convenio, todos los buques dedicados al transporte marítimo internacional deben llevar a cabo una gestión de su agua de lastre y sedimentos que se ajuste a una norma determinada, de conformidad con un plan de gestión del agua de lastre elaborado para cada buque. Además, todos los buques tendrán que llevar un libro registro del agua de lastre y un certificado internacional de gestión del agua de lastre. Las normas para la gestión del agua de lastre se irán introduciendo gradualmente durante un período de tiempo determinado. Como solución intermedia, los buques deberían cambiar el agua de lastre en alta mar. Sin embargo, a la postre, la mayoría de los barcos tendrán que instalar un sistema de tratamiento de agua de lastre a bordo.

Por tal motivo, dada la pertinencia del caso, parece oportuno su publicación, con el fin de coadyuvar en el conocimiento del mismo y su divulgación a todo el Sector Acuático Venezolano.

Ingrese al siguiente LINK, para leer el Convenio:

BWM

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¿QUE VIENE DESPUES DENTRO DEL MARCO DEL ACUERDO DE GINEBRA?#SectorAcuatico

  ¿QUE VIENE DESPUÉS DENTRO DEL MARCO DEL ACUERDO DE GINEBRA?

¿COMO MANEJAR LA SITUACIÓN?

Como buenos marineros, cuando nos hacemos a la mar, y conscientes de todos los peligros que asechan a la aventura marítima, siempre basamos nuestras decisiones, analizando cual sería la peor circunstancia, este análisis nos permitía estar preparados y si no se presentaba la “peor circunstancia” o “el peor escenario”, con toda seguridad la situación en menor escala de severidad, sería fácilmente manejable.

Cuando no se está, como en efecto, en el puente de mando de la situación, se percibe que aquellos que si lo están pareciera que no lo hacen correctamente o no nos enteramos de cómo se estarán planteando la “peor circunstancia” o “el peor escenario”, luego de cincuenta años de rotundo fracaso en la reclamación Esequiba, eso se agrava cuando intereses particulares y de orden político parecieran estar por encima de los intereses vitales del Estado.

Ver texto completo en el siguiente Link: Como Manejar la Situación

LAMINA 1

torpezas historicas

LAMINA 2

LAMINA  1 sujetos de la controversia

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LAMINA  2 Acuerdo de Ginebra

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lámina xxx

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LAMINA  4 Acuerdo de Ginebra articulo IV

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LAMINA  5 Acuerdo de Ginebra numeral 2 articulo IV

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LAMINA  6 CNU

LAMINA 8

LAMINA  7 supuesto

 

LAMINA 9

LAMINA  9 Fuera del acuerdo de ginebra

LAMINA 10

LAMINA  9 Fuera del acuerdo de ginebra

LAMINA 11

LAMINA 10 Posible Jugada

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REFLEXIONES ESEQUIBAS. #SectorAcuatico. #ElEsequiboEsNuestro

Acuerdo Ginebra

CONFERENCIA DICTADA EN EL MARCO DEL VIII CONGRESO DE DERECHO MARÍTIMO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO, EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE DE 2015

Ver la presentación en el siguiente enlace: REFLEXIONES ESEQUIBAS

REMEMBRANZA

Carlos Matheus

Siempre he dicho que el zarpe  hacia la eternidad de los hombres de mar, y para mí Carlos lo fue, va precedido de una gran estela, que a diferencia que la estela que dejan los buques en su paso por el mar, la cual al poco tiempo se hace tenue y al final desaparece, en el caso de Carlos esta permanecerá indeleble en el mundo marítimo y los que tuvimos la fortuna de haber trazado rumbos junto con Carlos, así la estaremos viendo hasta que nos llegue el día de zarpar.

El día de su partida expresé lo siguiente:

“…Zarpó a la eternidad el amigo Carlos Matheus, los que acá quedamos guardaremos su recuerdo y estaremos obligados a preservar su paso por este mundo. Muchos fueron los momentos compartidos, en el campo profesional, en el campo personal, en una fiesta, en un pasillo, en un avión, etc. Su agudeza ante los problemas del Sector Acuático y sus muchas vivencias como abogado maritimista lo convirtieron en un erudito; en una especie de  oráculo para aquellos que compartimos sus trabajos, reflexiones, su vehemencia y sus angustias cuando, con precisión, señalaba que algo no estaba bien…”

Como un continuo homenaje a nuestro querido y apreciado Carlos Matheus, me vi motivado a escribir sobre un tema actual y que mantiene viva la esperanza de todos los venezolanos en lograr la recuperación de nuestra Guayana Esequiba.

RECLAMACIÓN DE NUESTRA GUAYANA ESEQUIBA

En los últimos días las noticias sobre la legítima e histórica reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, han vuelto a traer a la opinión pública el tema.

Las distintas decisiones que desde los albores republicanos han planteado las autoridades venezolanas sobre el tema del diferendo, han sido blanco de críticas por parte de los oponentes, bien sea políticos o ideológicos que han llenado de frustración y dudas a las generaciones de coterráneos que a lo largo de 200 años ven como una utopía o quimera la posibilidad de recuperar ese territorio brutalmente arrebatado por las apetencias territoriales del Imperio Británico, en la decisión dictada el 3 de octubre de 1899 llamado Laudo de París, la cual resulta obvio  fue una imposición de transacción, no de derecho.

Sin pretender presumir que personalmente he efectuado un esfuerzo investigativo con un rigor ortodoxo y científico, aclaro que solamente he recopilado un sin número de información referente al tema con la sola idea, que un lector pueda estructurar de manera cronológica en su consiente, las circunstancias en que se desarrolló históricamente un conflicto pronto a cumplir dos siglos de disputa infructuosa, hasta ahora,  por parte de Venezuela, para que se logre resarcir la serie de despojos territoriales, producto de la voracidad imperial de esos tiempos.

EL PRINCIPIO DEL UTI POSSIDETIS JURIS

Fue bajo este principio que para el 19 de abril de 1810, el territorio de Venezuela fue considerado como aquel que fue el territorio de la Capitanía General de Venezuela; El Territorio de la Gran Colombia (1821-1830) fue el territorio del Virreinato de la Nueva Granada y el de la Capitanía General de Venezuela y que luego de la separación, ambas Repúblicas reclamaron.

Vale la pena aclarar que existe una clara diferencia entre el “Uti Possidetis” romano y la norma jurídica político-territorial de Bolívar:

Según el derecho romano, ante un litigio de posesión, el juez-pretor preguntaba quién de los litigantes poseía de hecho al  objeto de la disputa, una vez averiguado, se dictaba el siguiente interdicto provisional: “uti possidetis, ita possideatis” es decir, “así como lo poseéis, así también lo poseáis o sigáis poseyendo”, hasta tanto, el segundo en litigio demuestre en el juicio su derecho de propiedad (jus possidetis). De aquí el espíritu “de facto” del principio romano.

La fórmula de “El Libertador” prescinde de la posesión u ocupación del territorio, no hace referencia explícita al principio romano y toma en cuenta solo el título jurídico legal, con lo cual le imprime un carácter irrevocable y definitivo. De aquí el espíritu “de juris” del principio de Bolívar.

HITOS HISTÓRICOS

1834: 29 de octubre, Convención entre Venezuela y la Gran Bretaña[1]: Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte reconoce la independencia del Estado de Venezuela. Firmada por el General Mariano Montilla y el Vizconde Palmerston, Ministro de Negocios Extranjeros Británico.

1845: 30 de marzo, Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España. Su Majestad Católica renuncia a la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano de la Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela, compuestas de las provincias y territorios expresados en su Constitución y otros cualesquiera territorios o islas que puedan corresponderle[2]. El 27 de mayo, se publica el Decreto aprobando el tratado de paz y reconocimiento celebrado entre Venezuela y S. M. Católica. El tratado fue ratificado en todas sus partes por el Gobierno de Venezuela, este día y por el de S. M. Católica el 19 de junio de 1846. Las ratificaciones fueron canjeadas en la corte de Madrid el 22 del propio mes de junio. Artículo 1º:

“S. M. C., usando de la facultad que le compete por decreto de las Cortes Generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela”

1850: Convenio Status-Quo[3], Vicente Lecuna- Belford Wilson; se llega a un acuerdo de que ninguna de las partes ocupará el territorio en disputa.

1897: Tratado de Arbitraje.

1899: Laudo de París.

1966: Acuerdo de Ginebra.

1970: Protocolo de Pto. España.

1982: Acuerdo de Ginebra.

TORPEZAS HISTÓRICAS

Errores y omisiones[4]

1833: Tratado Michelena-Pompo

El Tratado Michelena-Pombo fue sometido a consideración por el Congreso venezolano en 1835. La Cámara de Representantes designó para estudiarlo una comisión integrada por Pedro Briceño MéndezManuel Felipe de Tovar y Valentín Espinal. El 7 de abril de 1835, dicha comisión rindió un informe desfavorable a la aprobación del tratado, alegando que la fijación del cabo de Chichivacoa como principio de la línea fronteriza le hacía perder a Venezuela 62 millas de costa que medían de ese punto al Cabo de La Vela

1844: La muerte de Alejo Fortique y la desidia del Estado venezolano,  impidieron la firma de este tratado de límites: Alejo Fortique y Lord Aberdeen convinieron en un tratado que reconocía a Venezuela, en palabras de José Gil Fortoul, “toda la costa comprendida entre la boca del Orinoco y la del Moroco”. La constitución vigente le permitía a Fortique, efectuar concesiones territoriales, que luego de la Constitución de 1844 y hasta el presente, están textualmente prohibidas.

 “Principiará la línea en la boca del río Moroco; y seguirá por sus aguas hasta su origen en la Sierra de Imataca; de allí rectamente, por el meridiano de dicho punto, atravesando el Cuyuní, hasta la Sierra Pacaraima, que divide las aguas afluentes al Esequibo y al río Branco. Si el Gobierno de Su Majestad Británica exigiere mayor ensanche hacia el Oeste, puede fijarse el meridiano 60º en vez del meridiano de las cabeceras del Moroco, siempre que hacia el Norte se conserve el Moroco por la línea divisoria”.

1899: No se protestó el Laudo Arbitral dictado en octubre de ese año, suscrito por dos representantes de EE.UU. -que se suponía defendían la posición de Venezuela-, dos de Gran Bretaña y uno de Rusia, que se consideraba neutral. El Laudo estableció, con mínimas desviaciones, a la Línea Schomburgk como la frontera entre la Guyana Inglesa y Venezuela.

1899, A raíz del Laudo de París, el Gobierno Brasileño protesta el exceso del Laudo[5]:

“…Cualquiera que fuera su intención, el Tribunal juzgó así fuera de su estrictas función arbitral sobre las dos potencias que lo constituyeron, como juzgó “ultrapetita” sobre cosas no reclamadas ni por Venezuela ni por Gran Bretaña…el Tribunal usó de facultades más extensas de lo que los contenedores podrían haberle conferido…”

 Lamentablemente Venezuela no aprovecho esta contingencia para involucrar a un tercer Estado en la controversia.

1904: No protestó el Laudo que estableció la línea fronteriza entre Brasil y Guyana.

1905: Haber firmado y aceptado el Protocolo al Tratado Brasil-Venezuela ,propuesto por el embajador de Brasil, mediante el cual Venezuela renunció a los territorios de la hoya del río Esequibo, sin compensación alguna.

1926: No haber protestado el Tratado Brasil-Reino Unido para delimitar la frontera Brasil-Guayana Británica.

1902-1933: Haber aceptado y firmado las actas y comunicados que oficializaron el punto trifinio en el Monte Roraima. Este punto es llamado el de la “triple frontera” entre Guyana, Brasil y Venezuela, con lo que este último país reconoció que Guyana llegaba hasta ese punto, al oeste del río Esequibo.

Fue criticado Gil Fortoul en su oportunidad, al estar supuestamente resignado a la sentencia arbitral de 1899.

1942

Una de las oportunidades históricas para paliar la injuria causada a la patria de Bolívar por “La pérfida Albión[6]”, se produce durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Reino Unido se encontraba agobiado por la presión bélica de Hitler y que obligó a Londres, negociar a la Isla de Patos con el más importante suplidor de petróleo para la maquinaria de guerra de los Aliados.

Mi reflexión concreta es; ¿Por qué no se planteó igualmente el tema de la Guayana Esequiba?

No he encontrado documentación que me permita obtener un razonamiento lógico y me gustaría que, quien así tenga conocimiento documental de las causas por la cual la Cancillería venezolana se conformó con recuperar la Isla de Patos, omitiendo mencionar siquiera el tema de la Guayana.

Momento histórico[7]

Le correspondió a Parra Pérez la etapa final del proceso para la firma de los tratados anglo-venezolanos sobre la Isla de Patos y las Áreas Submarinas del Golfo de Paria, junto con el ministro británico en Caracas, Donald Saint Clair Gainer. Ambos tratados fueron aprobados el 26 de febrero de 1942. Fueron aprobados por el Congreso Nacional el 15 de junio del mismo año. El cambio de las ratificaciones se efectuó en Londres el 22 de septiembre de 1942 y el 28 del mismo mes se efectuó el traspaso de la isla.

Siete meses después, el 28 de septiembre de 1942, se realizó la ceremonia de entrega. La delegación venezolana estuvo encabezada por el canciller Caracciolo Parra Pérez y el ministro de Guerra y Marina, coronel Juan de Dios Celis Paredes. Mientras, el Reino Unido estuvo representado por el Gobernador General de Trinidad y Tobago, Sir Bede Cliford. El traspaso se concretó al ser arriada la bandera británica e izada la de Venezuela, por soldados de los respectivos países[8].

1956: Creación del Consulado venezolano en Morajuana. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez estableció esta dependencia diplomática ubicada al norte del territorio Esequibo, admitiendo así que la zona pertenecía a Guyana.

1960: El Canciller venezolano Marco Falcón Briceño le da, como en los actuales momentos, una connotación política a la controversia, en la Exposición como Canciller de Venezuela, en la ONU el 12 de noviembre de 1962, en el cual se lee lo siguiente:

“…Entre 1950 y 1958 tuvimos en Venezuela un gobierno dictatorial, que no fue sensible a este asunto y no le preocupó demasiado…”

 Vale la pena citar extracto de una entrevista que le realizara el periodista Oscar Yánez, al General Marcos Pérez Jiménez:

Oscar Yánez le pregunta a Marcos Pérez Jiménez 1998:

¿Con Usted hubiésemos recuperado el Esequibo?

Respuesta:

“…Se estaba haciendo lo posible por eso… estábamos desarrollando una labor, que a mi juicio, hubiera culminado con dos cosas: o la Guayana Inglesa, en ese entonces, se anexa al territorio venezolano con un status especial o hubiéramos tenido que, por la fuerza, recuperar el territorio del Esequibo. En la Comunidad de Naciones habíamos manifestado que Venezuela no aceptaba ningún cambio de status hasta que no se contemplara la recuperación del Esequibo… yo estaba dispuesto y sé que me lo criticaron mucho…”

 1966: ACUERDO DE GINEBRA

El Acuerdo de Ginebra fue aprobado por el Congreso Nacional de Venezuela el 13 de abril de 1966, con los votos de AD, URD, y FND, los tres partidos que conformaban la coalición de gobierno y con los votos de Copei[9].

INCONVENIENTES

Lara Peña decía lo siguiente:

“…Parece que dentro del Acuerdo de Ginebra, quiere el gobierno actual encasillar la reclamación. Públicamente he manifestado mi disconformidad con este procedimiento, porque considero que el Acuerdo de Ginebra es un tornillo sin fin, al que por más vueltas le demos, no lograremos sacarlo del mismo punto en que empezamos. No es que pida una salida abrupta del Acuerdo de Ginebra. Podemos continuar en él durante un tiempo, pero por poco tiempo para no perder más tiempo…”

El Acuerdo de Ginebra fue cuestionado por ilustres venezolanos;

Se refiere el Dr. Ramón Carmona al tema, en los siguientes términos:

“…El problema guayanés y la reintegración a Venezuela de la parte usurpada por la Corona Británica conforme al pseudo-Laudo Arbitral de 1899, son una cuestión vital para la Patria que afecta lo más hondo de nuestro sentimientos e intereses; y de allí la viva repercusión que ha tenido en la opinión publica el Acuerdo recientemente firmado en Ginebra por el Reino Unido, Venezuela y la Guyana Británica el 17 de febrero último. No se trata ciertamente de cuestiones sentimentales, de nacionalismo exaltado, ni mucho menos de sueños románticos o el fervor que merece la obra gigantesca de los libertadores, sino de algo más profundo y de mayor importancia en la evolución de los pueblos

Otro de los ejes del debate en la prensa es la cuestión de saber si el Acuerdo es una victoria y para quien. Ciertos círculos atribuyen al Pacto de Ginebra el carácter de una victoria rotunda para Venezuela y otros, no menos respetables, opinan que es una victoria pero para Inglaterra. Se ha puesto mucho virus en una u otra tesis y parece que se ha perdido, por pasión o conveniencia, el equilibrio necesario para apreciar un acto tan importante[10]…”

Con relación a la Comisión Mixta señala que:

Se trata de una típica Comisión de Conciliación, por cuanto su objeto es:

 “…buscar soluciones satisfactorias para el arreglo pacífico de la controversia…”.

¿Por qué se escogió ese procedimiento de cuatro comisionados? Solamente puede explicarse por el deseo británico de aplazar el asunto, de congelarlo por cuatro años más. Se dice que Gran Bretaña pretendía un lapso mucho mayor. Lo que resulta extraño es que Venezuela haya aceptado tal procedimiento.

Es lamentable que la Cancillería haya mantenido bajo cerrojo hermético la parte más importante de su labor, especialmente sobre los hechos investigados; y que la opinión pública y los estudiosos no puedan disponer de la mayoría de la documentación reunida en cuanto al territorio mismo de la Patria se refiere.

Se han señalado muchos defectos y debilidades en el Acuerdo de Ginebra, algunos de los cuales hubiesen podido ser eliminados en las negociaciones. Es evidente que no se trata de una victoria real y efectiva y que, a la larga, ella puede diluirse como espuma entre las manos, sin dejarnos nada concreto y positivo. No es posible ignorar las dificultades para obtener algo mas practico; pero, en ese caso, podría ser preferible dejar la cuestión en pie para el futuro e interrumpir el curso de las negociaciones antes que sufrir un revés definitivo. En todo caso el tiempo avanza a favor de nosotros y no contra nosotros…”

La posición del Dr. René de Sola, frente a la firma del Acuerdo de Ginebra,   fue ampliamente conocida y debatida su tesis en    referencia    al referido Acuerdo al señalar y promover que[11]:

“…no ha sido el paso más conveniente para Venezuela, pues tanto el Acuerdo de Ginebra,  como la creación de una Comisión Mixta para buscar soluciones satisfactorias para el arreglo de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, lo que ha hecho es congelar la reclamación formulada por nosotros contra el Laudo de París, que fue  un acto sin eficiencia  Legal por nulo e irrito…”.

El Dr. Marcos Falcón Briceño[12], plantea lo siguiente:

“…El acuerdo de Ginebra es un acuerdo de procedimiento, no va al fondo del asunto. No se habla de Territorio en disputa en el Acuerdo…recoge la declaración unilateral de Venezuela de que el Laudo es nulo e írrito…Venezuela sostiene durante la actuación de la Comisión Mixta, que el compromiso es la solución práctica, una solución satisfactoria y práctica… Guyana responde: muy bien. Pero primero demuéstrennos que el Laudo es nulo e írrito…”

El Doctor Efraín Schacht Ariteguieta opinaba así:

Instrumento multilateral muy singular: Confuso, contradictorio, impreciso, inconsistente, incompleto y por consiguiente, de difícil aplicación, al menos por lo que a los intereses venezolanos concierne[13]. Incurre en obscuridades semánticas y jurídicas inconvenientes y negativas.

 “… Estimo que nuestra reclamación, nuestra contención por consecuencia del Laudo de París es en contra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fundamentalmente, y subsidiariamente contra su colonia en América, la Guayana británica[14]…”

 

De su texto se da a entender que pese a que Inglaterra es firmante del mismo, pareciere que se “desprende” de su absoluta y evidente responsabilidad para con Venezuela y la sustituyese la aún colonia Guayana Británica. Eventualmente pudiesen surgir inconvenientes en el cumplimiento del propio instrumento.

El Doctor Isidro Morales Paúl decía lo siguiente[15]:

“…Este acuerdo tiene las siguientes falla. La primera falla que tiene el Acuerdo, es que conduce a la búsqueda del arreglo práctico de la controversia, siguiendo el procedimiento indicado en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Pues bien, la búsqueda de un arreglo práctico es incompatible con la naturaleza de un Tribunal Arbitral, o de un Tribunal de Derecho. Ningún tribunal busca arreglo práctico, aplica el derecho, exclusivamente o aplica la equidad; si va a decidir por –ex aequo el bono- . Lo que no puede buscar es un arreglo práctico…”

“…El Acuerdo de Ginebra es equívoco. Es equívoco porque al definir su objeto combina la búsqueda del arreglo práctico con la segunda parte de la frase -surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito-…”

 Luego del fracaso rotundo de la Comisión Mixta y  llegado al fin del infortunado Protocolo de Puerto España, cualquiera de las partes habrían de recurrir al Secretario General de la ONU, pero han podido ir al Secretario General de la OEA, y ahora, pudieran ir a UNASUR, de los cuales tanto Venezuela como Guyana forman parte.

El acuerdo no observa mecanismos que contemplen la posibilidad de que, por disconformidad de las partes o por cualesquiera otras eventuales circunstancias, se agoten los medios pacíficos de solución de controversias internacionales-uno después del otro-, indefinidamente y no se hubiere hallado solución a la contención venezolana. Que hacer en este caso.

Mientras que no surja concertación entre las partes, Guyana mantiene “soberanía” sobre territorio venezolano, con todas sus consecuencias políticas, jurídicas, económicas y militares, a tal punto de continuar concediendo concesiones a personas jurídicas y a terceros gobiernos, así como pactos bilaterales que lesionan los intereses venezolanos.

¿Porqué no se previó en el texto del Acuerdo de Ginebra la expresa prohibición de ejecutar este tipo de acción, tal y como lo previó el  Convenio Status-Quo[16], Vicente Lecuna- Belford Wilson de 1850?

¿Será posible a estas alturas convencer a Guyana y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la conveniencia de redactar un addendum al Acuerdo de Ginebra? De esta forma se manifestaría la buena fe de todos los sujetos del Acuerdo, en “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido.”

Según palabras del Dr. Ignacio Iribarren Borges,

“…Venezuela no podría justificadamente abandonar el Acuerdo de Ginebra sin antes haber convenido con la Gran Bretaña y Guyana, algunos términos y condiciones que constituyan un mejoramiento de su posición actual…”

Esto lo comparto, pero pudiera ser que ejerciendo el cabildeo diplomático requerido, se convenza primeramente a Inglaterra y luego a Guyana para la redacción de un adenndum al Acuerdo de Ginebra.

La duda razonable sobre la posición inglesa de “escurrir el bulto” al lograr en el acuerdo la modificación, en el aspecto fundamental y esencial, la naturaleza y forma del problema; a pesar de ser firmante del Acuerdo, no se especifica cuál sería su papel dentro del mecanismo para  “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido.” Como muestra se señala que Inglaterra no formó parte de la comisión mixta encargada de buscar soluciones en los cuatro años posteriores a su firma.

ASPECTOS POSITIVOS DEL ACUERDO DE GINEBRA

El Doctor Carlos Sosa Rodríguez, expresaba lo siguiente[17]:

“…Puede por lo tanto sostenerse que si bien la causa de la controversia es la cuestión o la validez del Laudo arbitral de 1899, el objeto de la controversia es la determinación de la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica…”

El Doctor Ignacio Iribarren Borges[18], argumenta, al igual que el Dr. Schacht, que el Acuerdo evita la estéril controversia estrictamente jurídica, sobre la validez o no del Laudo de París, y lleva al campo pragmático la búsqueda de “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”.

Decía el Dr. Schacht que:

“…Su única virtud, intrínseca y específicamente, consiste en que jurídicamente acabó con la intangibilidad del Laudo de París de 1899. Reabrió una necesaria discusión en la búsqueda de una adecuada y equitativa solución para la rectificación y reparación de la tremenda injusticia de la incongruente y arbitraria sentencia arbitral del Laudo…”

El Dr. Isidro Morales Paúl agrega lo siguiente[19]:

“…El Acuerdo reconoce tres cuestiones fundamentales: 1° La Existencia de una controversia. 2° pone en tela de juicio la cosa juzgada. 3° reapertura oficialmente la discusión sobre el Laudo Arbitral de 1899…”

Como prueba de esto -y es bien importante- el Artículo I, párrafo 1 del Acuerdo prevé que la Comisión Mixta pudiera arribar a “soluciones parciales”; si se hubiese escogido la vía judicial sobre la validez, solo existe la posibilidad de que el Laudo sea o no válido.

El Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica, convienen en:

En el Preámbulo “Convencidos” “… cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta…” y “…relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Británica…”

En el Artículo I: “…buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido…”

Artículo IV  ordinal 1 “… no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia…” y en el ordinal 2: “…Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia…”

Un largo proceso de casi 50 años, enmarcado exclusivamente en el Acuerdo de Ginebra.

  1. 4 de abril de 1966, El Secretario General de la O.N.U., Señor U. Thant, envía comunicación al Ministro Ignacio Iribarren Borges, aceptando funciones confiadas en el Acuerdo de Ginebra.
  2. Venezuela Propone la Negociación Directa; Guyana no aceptó.
  3. Guyana propone el Arreglo Judicial; Venezuela no aceptó
  4. Guyana propone elevar la controversia a la Asamblea General de la O.N.UVenezuela no aceptó
  5. Guyana propone elevar la controversia al Consejo de Seguridad de la O.N.U; no aceptó.
  6. Guyana propone elevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia; Venezuela no aceptó.
  7. Venezuela propone que el organismo internacional más apropiado para señalar el medio de solución es el Secretario General de O.N.U; Guyana aceptó y esta propuesta formulada por ambas naciones al Secretario General de la ONU, es por el aceptada y asume su intervención y se apresta a ejercer la responsabilidad que le ha sido conferida según el artículo IV (2) del Acuerdo de Ginebra.

1966: RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE GUYANA. ERROR FATAL

En la primera Conferencia Extraordinaria Interamericana, Washington 1964, se establece que:

“…El Consejo de la Organización de los Estados Americanos no tomará ninguna decisión sobre solicitud de admisión presentada por una entidad política cuyo territorio esté sujeto, total o parcialmente entre un País intercontinental y uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, hasta que se haya puesto fin a la controversia mediante un procedimiento pacífico…”

Esta Resolución es vinculante con el espíritu y alcance del párrafo 6° de la Resolución 1514 (15) del la Organización de las Naciones Unidas:

“…Toda tentativa conducente a una desintegración total o parcial de la unidad nacional, o de la integridad territorial de un país, es incompatible con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas…”

Existe paralelismo entre dos hechos de nuestra política internaciones, que fueron principios básicos en las reclamaciones territoriales que mantenemos desde siglos con nuestros vecinos del Este y del Oeste.

Fue principio básico en nuestra reclamación del Laudo español, la no libertad de navegación por el Orinoco, negándole a este río la cualidad de Río Internacional, esto para presionar al vecino y lograr alguna compensación territorial, principio expuesto y defendido por uno de nuestros ilustres cancilleres, el General Juan Calcaño  Mattieu, el cual logro el reconocimiento del principio en la Convención Colombo-Venezolana de 1916, para luego ser abandonado rotundamente en el cuestionado Tratado de 1941.

Así mismo pasa con el criterio de negarse al reconocimiento de la Independencia de la Guayana Inglesa, hasta tanto Inglaterra no hiciera devolución sustancial del territorio robado. Este fue un principio central de la política exterior venezolana y había sido visto con buenos ojos por países americanos, desde la Reunión de Consulta de Panamá de 1939 y prácticamente reconocido en la Carta de Washington de 1964.

Inexplicablemente, ese criterio fue abandonado por completo y surge, a raíz del tema de la Independencia de la Guayana Inglesa,  la abstracta figura del “reconocimiento con reservas” o “reconocimiento condicionado”, insólitamente aprobado el 4 de abril de 1962 por la Cámara de Diputados y ratificado en la Cámara del Senado en 1964.

El artículo 8 de la Carta de la OEA, fue redactado en 1967, a tenor del Acta de Washington, Venezuela no formuló reserva alguna, como lo hizo Guatemala nación que hasta la fecha, ha impedido el reconocimiento de Belice.

Decía Lara Peña[20]:

“El ejemplo de Guatemala, es la condena más implacable contra la indolente Cancillería del Ex presidente Leoni…”

Como paréntesis anecdótico, reseña el Dr. Lara Peña, que luego de muchas dificultades solicitó una audiencia al Presidente Leoni, con el fin de entregarle un informe sobre la no pertinencia de reconocer la independencia de la Guayana Inglesa y el rechazo por antijurídica, de la figura del “reconocimiento condicionado”; a los 27 días fue llamado a Miraflores para escuchar la respuesta del Presidente y este le notifico, que luego de consultar con el Presidente de la CTV, el mismo le recomendó que Venezuela no podía negarse al reconocimiento de la Guayana Inglesa porque íbamos a parecer un nación imperialista.

El Doctor Ignacio Iribarren Borges[21], a la sazón, Canciller de Venezuela, defiende los argumentos que a la postre llevaron a reconocer la independencia de Guyana.

“…la imponía una conveniente e indeclinable posición anticolonialista…fue parecer unánime es reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados el 4 de abril de 1962 y por el Congreso Nacional en pleno, el 13 de octubre de 1964, además que por parte de las Asambleas Legislativas de los Consejos Municipales de los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro en la llamada “Declaración Bolívar” promulgada el 15 de febrero de 1966…”

 1968: NO HABER APOYADO LA REBELIÓN DE RUPUNUNI

20 de diciembre, tal y como estaba previsto en los planes de la Cancillería, el Ministro de Relaciones Exteriores informa al Presidente Electo, Dr. Rafael Caldera, de “los hechos y circunstancias relativos a un alzamiento en la región norte del Rupununi[22].

EI 31 de diciembre, el doctor Herrera Marcano, Director de Política Internacional de la Cancillería venezolana, por instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores, quien a su vez las había recibido del Presidente de la República, informó con toda claridad, en Santa Teresa, a la señora Valerie Hart, representante de los comprometidos en el alzamiento, que “Venezuela no podría prestarles ayuda en sus propósitos…”

1969: 2 de enero, Estalla en la Zona del Rupununi, territorio de la Guayana Esequiba, una sangrienta revuelta protagonizada por los grupos de hacendados y ganaderos amerindios que intentan separarse del Gobierno de Georgetown, con la intención de anexar este territorio a Venezuela. Produciéndose una migración, desde el Barima hasta el Roraima, que buscó amparo y asistencia en nuestro país. A esos refugiados se les otorgó Cédula de Identidad como ciudadanos venezolanos por nacimiento[23].

1970: DECRETO PRESIDENCIAL N° 407 DEL 14 DE OCTUBRE

Creación del Consejo Nacional de Fronteras y de la poligonal Fronteriza.

Craso error al tildar como fronteras, los espacios colindantes de los Estados Bolívar y Delta Amacuro, con la Guayana Esequiba.

1970: PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA

El gobierno del entonces presidente de la República Rafael Caldera llegó a la conclusión de que era importante tratar el tema dentro de la exclusiva decisión de las partes interesadas, por lo que era fundamental buscar un medio que brindara un compás de espera, a fin de que ambos gobiernos pudieran reflexionar, dialogar y fomentar las posibilidades de cooperación entre las 2 naciones, así como establecer relaciones de mayor amistad. Derivado de esta postura por parte del gobierno venezolano y de los buenos oficios del entonces primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, el 18 de junio de 1970, se suscribe el “Protocolo de Puerto España” congelando por 12 años la controversia sobre la Guayana Esequiba. El Protocolo fue aprobado por la Asamblea Nacional guyanesa el 22JUN1970. No fue aprobado por el Congreso Nacional de Venezuela, sin embargo todos los gobiernos venezolanos lo cumplieron, hasta JUN1982, cuando el Gobierno de Luis Herrera Campins decidió no prorrogarlo[24].

Durante el lapso de 12 años “…no se haría valer ninguna reclamación que surja de la contención a que se refería el artículo 1° del Acuerdo de Ginebra y se suspendería el funcionamiento del Artículo 4° de dicho Acuerdo…”.

El Dr Efrain Schacht Ariteguieta [25], dice lo siguiente:

“…cuando se suscribió el Protocolo de Puerto España…discrepé de nuevo, pero no parcialmente, como cuando el Acuerdo de GinebrA, al cual reconozco poseer elementos positivos…, sino absolutamente en su totalidad, pues siempre me ha parecido el Protocolo de Puerto España, un instrumento negativo para Venezuela que congeló innecesariamente el curso procedimental de nuestra querella territorial…”

En relación al tema, hago  cita textual de Morales Paul[26], Isidro (2008):

“…Sin embargo, al examinar los efectos del Protocolo de Puerto España encontramos que esos resultados son inequívocamente negativos. En primer lugar se congeló la reclamación, el statu quo del momento. Lo que ha debido buscarse era congelar la situación sobre el terreno, evitando así la posibilidad de alterar el “statu quo” de este momento, las condiciones materiales del área reclamada. Eso hubiese tenido mucho sentido. Eso, al menos, hubiese impedido que Guyana tomase ventaja del Protocolo, al realizar toda clase de actos de posesión en esos 12 años y en los que han transcurrido…”

 “…Lo único positivo del mismo, es que con la firma de Inglaterra del mismo, se ratifica la responsabilidad  inglesa en buscarle solución a la controversia…”

 El  18 de junio de 1982, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Doctor José Alberto Zambrano Velasco, mediante comunicación GM – Nº 135 ratifica al Gobierno de Guyana, la decisión del Gobierno venezolano de no prolongar la aplicación del Protocolo de Puerto España más allá del 18JUN1982. También, mediante comunicación GM – Nº 136, hace la misma ratificación al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte[27].

Posteriormente, el 2 de agosto de 1982, mediante NºDG-401, el Ministro de Relaciones Exteriores Dr. José A. Zambrano Velasco informa al Secretario General de la O.N.U. que el 18JUN1982, recobró plena aplicabilidad el Acuerdo de Ginebra del 17FEB1966[28].

2004:DECLARACIONES DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, declaró en ocasión de la Visita de Estado que realizó a Guyana, lo siguiente[29]:

 “… Me he comprometido con el Presidente Bharrat Jagdeo a que el Gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo. Como me decía el Presidente: Proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas.”

Advirtió que:

“… ante el resurgimiento de cualquier proyecto más sensible inmediatamente nos activaremos para revisarlos en la Comisión Binacional de Alto Nivel y buscarle salidas”.

El Presidente Chávez señaló que no hará nada para impedir que Guyana desarrolle su región del Esequibo, en el Occidente, afirmó:

“… Venezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana”.

Expresó:

“…abordar las relaciones con Guyana con un perfil distinto colocando el reclamo por el Territorio Esequibo a un lado de los vínculos económicos y políticos”.

 2006: No haberse pronunciado en ocasión del Laudo que estableció fronteras marítimas entre Barbados y Trinidad y Tobago. Aunque estos tratados no involucran a terceros países, en opinión del vicealmirante Daniels Venezuela debió haber reiterado su posición, salvaguardando sus derechos de soberanía sobre la fachada Atlántica.

2007: No haberse pronunciado sobre el Laudo que estableció fronteras marítimas entre Guyana y Surinam.

RESUMEN DE ERRORES HISTÓRICOS

1844: No haber firmado el Tratado Fortique – Aberdeen.

1997: FALTA DE DENUNCIA DEL TRATADO DE WASHINGTON SOBRE ARBITRAJE DE 1897

1899: No se protestó el Laudo Arbitral

1899, Protesta Brasileña al Laudo.

1904: No protestó el Laudo fronterizo Brasil Guayana Inglesa.

1905: firma el Protocolo al Tratado Brasil-Venezuela.

1926: No protestar Tratado Brasil-Reino Unido.

1902-1933: Aceptado del punto trifinio.

1942: Tratados Isla de Patos/Areas Submarinas del Golfo de Paria, sin incluir al Esequibo.

1956: Creación del Consulado venezolano en Morajuana.

1966: ACUERDO DE GINEBRA

1966: RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE GUYANA.

1969: NO HABER APOYADO LA REBELIÓN DEL RUPUNUNI

1970: DECRETO PRESIDENCIAL N° 407 DEL 14 DE OCTUBRE

1970: PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA

2004: Declaraciones del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías

2006: No pronunciarse sobre Laudo Barbados – Trinidad y Tobago.

2007: No pronunciarse sobre el Laudo Guyana – Surinam.

DENUNCIA DEL TRATADO DE WASHINGTON SOBRE ARBITRAJE DE 1897

Venezuela desde los años sesenta del siglo pasado, se aferra a la obviamente lógica idea de denunciar la validez del Laudo de París, olvidando que igualmente importante es la denuncia del Tratado de Arbitraje de 1897.

Para no extender el presente ensayo, se tiene presente sin entrar al fondo político en que se desarrolló el acuerdo, la componenda a espaldas de Venezuela entre el Secretario de Estado Norteamericano, Olney y el Canciller inglés Pauncefonte, los cuales discutieron la cláusula de prescripción.

El Tratado de Arbitraje de 1897 contiene aberrantes omisiones en el ámbito del Derecho Internacional, en materia de derechos territoriales y de ejercicio de soberanía. Algo inaudito; los ingleses nombraron a sus árbitros, los americanos los suyos y los venezolanos fueron designados por el Gobierno Americano. El quinto árbitro, el más pernicioso fue designado por las partes;  el “honorable” Federico de Martens.

El más vulnerado, el principio del “utis posidetis juris”, consagrado en América para fijar las fronteras de las antiguas posesiones coloniales españolas.

Este principio, alegado por Venezuela desde su propia independencia, se mantuvo como política del Estado venezolano, y solo se vulnera con el fatídico Tratado de Arbitraje de 1897; el artículo 3° del Tratado en cuestión, no establece el principio del “utis posidetis juris”, como principio general, “…NO SE DICE QUE POR EL O SEGÚN EL SE DETERMINARÁ LA LÍNEA DIVISORIA[30]…”

“…El Tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas de los Países Bajos o al Reino de España respectivamente, o que pudieran ser legítimamente reclamados por aquéllas o éste, al tiempo de la adquisición de la Colonia de la Guayana Británica por la Gran Bretaña, y determinará la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica…”

 El artículo 4° del tratado de marras, echa por la borda absolutamente el principio del “utis posidetis juris”, estableciendo un régimen de Derecho Excepcional.

Es bueno en este punto aclarar mediante lo dicho por el eminente jurista Isidro Morales Paúl, al respecto:

“…Venezuela pretendía la aplicación del –utis posidetis juris- de 1810, pero, evidentemente en nuestra  tesis había algo de debilidad porque normalmente el –Utis posidetis juris- se justifica en la historia entre los pueblos que emanan de una misma autoridad político-jurídica; porque precisamente, son los actos reales los que van a servir para determinar con posterioridad los linderos definitivos entre naciones. Loa actos reales definitorios de las provincias que dependían del mismo Rey o Autoridad real. Cuando son diferentes las fuentes u orígenes de los títulos jurídicos, hay por decirlo así, una titularidad paralela, y el examen de la titularidad paralela se debe realizar a base de una confrontación entre si y no en base a su relación con el título original o acto real…”

Siguiendo con régimen de Derecho Excepcional enunciado en el  artículo 4° del tratado en cuestión,  tenemos que:

El mismo descarta la posesión colonial como medio para adquirir la propiedad territorial.

El mismo establece dos tipos de prescripción particularísimos para la adquisición territorial.

Acá existe un debate histórico sobre si la prescripción adquisitiva es o no un medio hábil para adquirir derechos de soberanía territorial.

Una de las teorías mantenidas desde el derecho romano a nuestros días establece que el único fundamento válido para que aplique la prescripción adquisitiva, es mediante la posesión realmente ejercida, en forma quieta, pública, pacífica (non vis, non clam, nom precario)

Claramente la posesión de Gran Bretaña era una posesión ilícita, no legítima, la misma estuvo basada en que no fue pacífica, no fue pública, no actuó de buena fe, y siempre fue objetada por la contraparte. Por lo tanto no puede nunca aplicarse la prescripción adquisitiva.

Lo que se admite universalmente es la fórmula:

TIEMPO + POSESIÓN = PRESCRIPCIÓN

La aberración del Tratado de 1897, formula lo siguiente:

DOMINACIÓN POLÍTICA O COLONIZACIÓN = PRESCRIPCIÓN

El literal a) del artículo 4°, reduce el término para prescripción adquisitiva, a 50 años, siendo que el Derecho Internacional siempre ha requerido de períodos centenarios.

Con respecto a este literal el Sr. Olney le dio a Venezuela una versión distinta a la que presentó a inglaterra, sobre la interpretación del mismo; convenció de manera ominosa a nuestro Ministro Andrade que solo se refería a una pequeña porción del triángulo formado entre los ríos Pomarón, el Moruco y el Esequibo, además –siendo lo más grave- lo persuadió que la cláusula se refería a ocupaciones anteriores a 1814. La interpretación inglesa consideraba que la prescripción aplicaba a partir de la firma del Acuerdo, hasta cincuenta años antes. Esta interpretación es completamente anti constitucional (CN 1893), ya que Venezuela no puede enajenar ningún territorio que haya pertenecido a la Capitanía General de Venezuela.

En este literal se establece otra prescripción adquisitiva nunca visto en el Derecho Internacional, completamente distinta a la posesión: este nuevo fundamento es la DOMINACIÓN POLÍTICA.

“…Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, así como la efectiva colonización de él, es suficiente para crear un título de prescripción…”

Pero más grave aún, en el literal b) se amplía más la carga sobre el débil jurídico, al establecerse que:

  1. b) Los árbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones que se apoyen en cualquier otro fundamento válido conforme al Derecho Internacional, y en cualesquiera principios de Derecho Internacional que los árbitros estimen aplicables al caso y que no contravengan a la regla precedente.

 Esta frase: “que no contravengan a la regla precedente” equivale al establecimiento de la dominación política como medio de prescripción de adquisición territorial.

Como dijera el ilustre venezolano Pedro José Lara Peña[31]: “…Hitler no dijo años después cosas mayores…”

Este principio producto de la protervia y el vandalismo británico, fue aplicado de nuevo en 1902, cuando la incorporación del Estado Boer en Sudáfrica.

Pero el descaro de la Pérfida Albión, no tiene límites, cuando  en la sociedad de Naciones, pedía sanciones contra el fascismo y condenaba la anexión a Italia  de Tripolitania y Abisinia, alegando que la “DOMINACIÓN POLÍTICA CARECÍA DE EFICACIA JURÍDICO INTERNACIONAL…”

Cabe destacar que la llamada “Doctrina Stimson, condenó la dominación política como medio de adquisición territorial, en el momento cuando los Estados Unidos pretendían frenar la expansión japonesa en China por el año 1932.

Otra jurisprudencia de condena a la dominación política como medio de adquisición territorial, fue la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, en 1947, al referirse al caso de Checoeslovaquia, calificándolo como “un crimen para la paz”; paradójicamente uno de los jueces era inglés.

Estas reglas contenidas en el tratado de Arbitraje de 1897, constituyen, al parecer de eminentes juristas, un “corpus juris” singular y especialísimo, aplicable a la controversia, las cuales parecieran mantener vigencia, en el supuesto positivo que se produzca la nulidad del Laudo de París de 1899, ya que el Tratado de Arbitraje no contempla su caducidad.

Como corolario de la necesidad de denunciar el Tratado de Washington de 1897, hay que tomar en cuenta las palabras pronunciadas por el Sr. Forges Burnham a la prensa venezolana en 1981:

“…A mi me parece que hay una concepción errónea acerca de lo que es la reclamación venezolana del Esequibo. La reclamación verdadera de Venezuela es que el Laudo de 1899, debe ser considerado nulo. Y así ese Laudo, llevando al extremo la cosa, si ese Laudo es reconocido como nulo, entonces todo este asunto tendría que devolverse al Tratado de Washington de 1897…”

No basta con denunciar al Laudo de París de 1899, es necesario también denunciar el Tratado de Washington de 1897.

Cuando más adelante señalo que hay que tener siempre presente la crudeza de los factores a los cuales nos hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando, vale la pena reflexionar sobre un argumento sostenido por connotados juristas sobre el hecho que los jueces del Tribunal de París juzgaron contra el Derecho Internacional establecido, al no ajustar la línea de frontera al principio del “uti posidetis juris”; esta afirmación aunque nos duela, carece del rigor práctico establecido en los  artículos tres y cuatro del Tratado de 1897, por el cual deberían regirse los jueces;  estos estaban obligados a actuar según las reglas del Tratado, y estas crearon un derecho particularísimo, para ser aplicado “hic et nunc”; el del Dominio Político y la Colonización -de paso sin lapso señalado – como únicas fuentes de atribución de propiedad.

 CONCLUSIONES

Aspectos básicos para la búsqueda de posibles soluciones

No podemos seguir criticando desde trincheras políticas; SE DEBEN APARTAR IDEOLOGÍAS O QUIMERAS IDEOLÓGICAS O ROMANTICISMO POLÍTICOS, NO PODEMOS VIVIR DE ESPALDAS A LA REALIDAD; ESTE ES UN PROBLEMA NACIONAL Y COMO TAL DEBE SER AFRONTADO. Es necesario señalar soluciones, y como siempre digo tratar de usar el retrovisor solo para encontrar referencias, los errores cometidos, hechos son y con seguir criticando los mismos no conseguiremos avanzar en la búsqueda de la solución a esta controversia de dos siglos.

Para el Derecho Internacional existen dos vías para saldar controversias entre Estados; la Vía del Arbitraje y la solución Judicial.

  1. La primera.

Nunca ha sido obligatoria, se requiere el consenso entre las partes.

Los países involucrados escogen a los Árbitros.

  1. La segunda:

Después de la primera Guerra Mundial, se crea la Corte Internacional de Justicia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Tribunal Internacional.

Su jurisdicción no es obligatoria.

Sus Árbitros son designados  por períodos de 9 años, en el seno de las Naciones Unidas.

Estas; el necesario consenso y la no obligatoriedad,  hacen materialmente perpetuas las controversias entre los Estados.

Para Isidro Morales paúl, Venezuela debe tratar de utilizar mecanismos de negociación directa para la búsqueda de una solución racional, justa y equilibrada, la cual debería cumplir con los siguientes requisitos básicos[32]:

  1. Ser honorable para Venezuela.
  2. Políticamente aceptable, respaldada por lo menos, por la mayoría determinante de sectores representativos.
  3. Que sea viable prácticamente, que no implique la desaparición del Estado de Guyana ni que lo lesione irreversiblemente.
  4. Que implique una salida marítima al Atlántico y además;
  5. Que contemple una razonable rectificación territorial.
  1. La solución de la controversia requiere obligatoriamente que se determinen dos aspectos[33]:
  2. La cuestión de la validez o no del Laudo.
  3. Determinación de la frontera de conformidad a los títulos respectivos de Venezuela y el Reino Unido, tal y como fueron heredados de España y de Holanda.

SUJETOS DE LA CONTROVERSIA

Venezuela

Ligado a la condición que Venezuela como país latinoamericano tiene el más amplio espíritu de solidaridad continental dentro de normas de amistad y respeto.

Venezuela nunca se ha apropiado de territorio extranjero y sus ejércitos salieron fuera de sus fronteras, solamente para logra la libertad de otros países.

Venezuela siempre ha demostrado honestidad absoluta en todas sus cuestiones internacionales.

Venezuela siempre ha defendido la libertad y la independencia de los pueblos, sobre todo de aquellos que han sufrido las cadenas del colonialismo.

Venezuela no ha escatimado esfuerzo alguno en prestar socorro a los pueblos necesitados.

Venezuela durante dos siglos, protestó, hizo peticiones, rompió relaciones diplomáticas, pero lamentablemente no existían organismos internacionales que se preocuparan por los problemas de una naciente Nación, empobrecida por la guerra de independencia y luego por guerras intestinas que minaron su capacidad de respuesta ante la agresión territorial del Imperio más poderoso de la época.

Venezuela llegó a proponer un Proyecto de Desarrollo Conjunto del Territorio Esequibo, sobre el cual Guyana nunca dio respuestas concretas, este plan discutido en el seno de la Subcomisión de Expertos de la Comisión Mixta. En 1967, la cancillería concluye, al respecto,  así[34]:

“…Si Venezuela no pasa a ejercer las presiones de tipo político, militar y económico sobre Guyana, directamente, o a través de los intereses británicos y norteamericanos (ya que sobre Canadá, dadas las características de nuestro comercio exterior, no nos es posible ejercer presión alguna), no será posible forzar a Guyana a entrar a ningún plan de desarrollo de la Guayana Esequiba bajo fórmulas de administración conjunta…”

INGLATERRA

No se puede olvidar que:

Venezuela sufrió por parte de los británicos, sin enfrentamiento bélico, dada la desigualdad militar entre las partes; una constante agresión territorial, económica, política diplomática y disputa legal al oeste del Río Esequibo, desde 1835 a 1899.

Saqueó y destruyó durante la colonia, nuestras ciudades costeras.

Ingenió las cuatro líneas Scombrunk.

Argumentó con saña y mal intención, el Tratado de Arbitraje de 1897.

Preparó  la tragi-comedia del Laudo de París, falsificando mapas y documentos y presionando jueces, y comprando voluntades.

Hizo ver al mundo que las pseudo independencias de sus colonias caribeñas, eran un acto gracioso de idealistas ingleses, cuando la verdad es que era un acto necesario y obligado por circunstancias o factores políticos, jurídicos, económicos y militares; el ocaso del Imperio Británico.

Inglaterra siempre demostró una insaciable geofagia, negándose a negociar siquiera de buena fe, otros ejemplos; el caso de las Malvinas y el caso de Belice.

Guyana

Guyana hizo suya la posición colonialista heredada del imperio que los subyugó, sosteniendo la inexistente validez jurídica de actos por los cuales Venezuela fue despojada de parte de su territorio.

ANTE ESTOS ANTECEDENTES ¿PODEMOS CONFIAR EN LOS OTROS ACTORES?

¿Deberíamos con estos pormenores, siquiera imaginarnos que Londres va a rectificar y a cambiar su consecuente proceder?

¿Podrá la protervia inglesa sensibilizarse a la razón y a la reparación de tantas injusticias?

No se trata que “la grande” Venezuela quiera despojar a una pequeña nación de parte de su territorio, sino que la primera potencia mundial para la época, nos robó ese pedazo de territorio.

Hay que tener siempre presente la crudeza de los factores a los cuales nos hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando.

No podemos confiarnos en la integridad moral y en la buena fe de los actores de la controversia, ni tampoco en la efectividad de los mecanismos de las organizaciones internacionales. La historia así nos obliga a ver el panorama. No podemos olvidar la convergencia de tensiones entre el derecho y el poder en el ámbito de la comunidad internacional.

Inescrupulosamente a lo largo del tiempo, se han venido invirtiendo los roles de los actores de la controversia, antes del Acuerdo de Ginebra, reclamábamos a un Imperio, a una potencia mundial, a una nación desarrollada, supuestamente civilizada e industrializada; ahora el reclamo es ante una “empobrecida, débil y minusválida” nación.

No permitamos que el Río Esequibo se convierta en un límite RELICTO; el que una vez marcó el confín Este de Venezuela y que pudiera convertirse, como hasta ahora, en espacios eternamente añorados.

Aspectos a considerar

  1. Los medios de comunicación social de Venezuela tanto públicos como privados, los expertos en el tema y en general todos los venezolanos, siempre nos referimos a la controversia entre Venezuela y la “pobre Guyana”, de esta forma le hacemos el juego a los ingleses, que siempre han “escurrido el bulto”. Hay que comenzar una campaña que indique que la controversia es con el Reino Unido y subsidiariamente con Guyana.
  2. Sin entrar en consideraciones teóricas sobre la diferencia entre frontera y límite, debemos precisar que alrededor de toda frontera se desarrolla el denominado espacio fronterizo.
  3. Entre los Estados Bolívar y Delta Amacuro y la Guayana Esequiba, existe un límite estadal, similar al que existe entre Carabobo y Aragua.
  4. Alrededor del límite ESTADAL de Bolívar y Delta Amacuro, se desarrolla un Espacio colindante con la Guayana Esequiba.
  5. Es un error garrafal considerar este límite ESTATAL, como frontera, error usualmente cometido inclusive por voceros oficiales.
  6. La frontera de Venezuela por su parte oriental, la determina el Río Esequibo, de acuerdo al artículo 10º de la Constitución de 1999.
  7. Venezuela debe seguir oponiéndose con firmeza, contundencia y sistemáticamente a todo tipo de proyecto e inversiones en la Guayana Esequiba, y presionar a las corporaciones internacionales, así como a gobiernos, que se abstengan a desarrollar este tipo de actividad. Resulta inaudito que este punto no haya sido incluido ni en el Acuerdo de Ginebra, ni en el Protocolo de Puerto España. Insisto en no poder razonar como nuestros negociadores omitieron este gran detalle. ¿Será posible incluirlo en  redacción de un adenndum al Acuerdo de Ginebra?
  8. Venezuela debe insistir en involucrar a Gran Bretaña, el reclamo histórico es ante Inglaterra, en atención a lo indicado en el Artículo VIII del Acuerdo:

“…Al obtener Guayana Británica su Independencia, el Gobierno de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo además del Gobierno de Venezuela y del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte…”

  1. Venezuela debe siempre rechazar la posición guyanesa y sostener lo siguiente:

“…por el mero hecho que Inglaterra aceptó discutir la validez del Laudo, si bien no habría renunciado a sostener la validez del Laudo y a invocar dicha validez en la discusión[35], sin embargo, habría renunciado implícitamente a invocar su efecto de cosa juzgada, pues de lo contrario no tendría razón de ser la controversia. Bastaría invocar la cosa juzgada y no habría cabida para ninguna discusión[36]…”

  1. ¿Alguien pudiera explicar el silencio del Reino Unido ante la posición de Guyana de no reconocer que existe una controversia y su empeño en afirmar que su límite occidental es el que írritamente marcó el Laudo de París?
  2. ¿Existe alguna comunicación, durante la vigencia del Acuerdo de Ginebra que le exigiera al Reino Unido, como Sujeto del Acuerdo, una posición al respecto?
  3. ¿Dónde estaban los expertos en el diferendo que durante casi cincuenta años ejercieron posiciones importantes en el tema y que a mi parecer (o mi desconocimiento) no pudieron plantearse esta simple pregunta?
  4. La denuncia del Laudo de París implica llevar la controversia al campo de la solución judicial, la cual no escapa de peligrosas consecuencias.
  5. Creo que lo más conveniente sería seguir presionando siempre en el marco del Acuerdo de Ginebra, ya que este obliga a las partes a buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, en lugar de “liberar” a las partes opuestas a Venezuela, de las obligaciones a las que están comprometidos.
  6. Venezuela requiere que todas las personas con reconocida pericia en la controversia y en especial de sus mejores juristas, para formular una serie de hipótesis o escenarios con sus respectivas soluciones, que examine todas y cada una de las posibilidades y alternativas, primordialmente orientada a la búsqueda de una fórmula que permita la defensa de la posición venezolana ante un Tribunal Internacional.
  7. Existen medios de solución pacífica que pudiera ser aplicadas que una vez Guyana y el Reino Unido decidan reconocer la justa reclamación venezolana, mediante un acuerdo se logre establecer el desarrollo conjunto de la Guayana Esequiba, sobre bases equitativas y en determinadas áreas de las recíprocas necesidades de ambos países, como bien fuera planteado por Venezuela en octubre  de   1967 cuando    se   convocó   la   primera     reunión     de   la    Sub-Comisión     de expertos,   organismo    derivado  de  la  Comisión    con  la   finalidad    del  estudiar   la propuesta venezolana   de desarrollo   conjunto   del  territorio  Con esta propuesta se fortalece el siempre presente espíritu de la amplitud nacionalista y de vocación pacifista, una vez y siempre y cuando se solucione la discrepancia en cuanto a los límites orientales de la República.
  8. La frase “…buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido…” plantea a mi juicio un problema sustantivo; una solución satisfactoria implica que ambas partes están dispuestas a ceder parte de lo que consideran su territorio. En el caso venezolano ¿cómo se manejaría el acto inconstitucional de ceder parte de ese territorio?, al establecer la Constitución de 1999 en su artículo 10 que:

El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de tratados y laudos no viciados de nulidad.

Y el artículo 13 establece que:

El territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. 

Esta norma constitucional obliga y a la vez permite, la búsqueda de cualquier alteración de límites posteriores al 19 de abril de 1810, mediante  modificaciones resultantes de algún tratado o laudo.

Con toda seguridad este punto será motivo de controversiales debates entre juristas venezolanos.

ALGUNA SOLUCIONES PLANTEADAS POR EXPERTOS

“…No basta con denunciar al Laudo de París de 1899, es necesario también denunciar el Tratado de Washington de 1897[37]…”

“…Acudir, en acuerdo con Guyana y en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, a la Corte Internacional de Justicia, como lo propone el vecino país. Pero no para decidir, como quiere Guyana, sobre el territorio en sí, sino sobre la interpretación de este acuerdo[38]…”

“…Ofensiva política: cedular, dar pasaportes y programas sociales a los nacidos en el territorio Esequibo, que según la Constitución son venezolanos por nacimiento; y crear una comisión de expertos que durante los próximos dos años, al menos, prepare el caso, “consultando a juristas nacionales e internacionales para darle solidez[39]…”

“…Hacer un lobby internacional que tenga como principales aliados a sus vecinos, y muy particularmente a Brasil[40]…”

“…Otra opción para el Estado venezolano podría ser la de acordar con Guyana acudir a un tribunal internacional que decida Ex Aequo et Bono, “de acuerdo con lo correcto y lo bueno”, es decir, con equidad[41]…”

“…El medio más adecuado que debería escoger en lo inmediato nuestro país es el de la mediación, bien solicitando la de una alta personalidad, como el Sumo Pontífice Juan Pablo II, o la de una Nación amiga[42]…”

MIS RECOMENDACIONES

La “Venezolanización” del Esequibo debe partir de una política de Estado clara y contundente, apartada completamente de particularidades o posiciones políticas o más bien politiqueras, que permita la convocatoria de venezolanos expertos en el tema y de toda corriente ideológica, académica, religiosa y gremial, que mediante una discusión sana, se evalúe la situación y genere el consenso necesario que permita fijar una POSICIÓN DE ESTADO ante la controversia.

Durante mi participación como asesor de la Comisión de Disposiciones Fundamentales de la Soberanía y de los Espacios Territoriales, y como miembro del denominado “Gabinete Guyana”, se plantearon temas interesantes que aún no se han materializado, los cuales resumo:

  1. Creación del Territorio Federal Esequibo.
  2. Elección de dos (2) Diputados representantes del Territorio Esequibo.
  3. Obviamente la inclusión del Territorio Esequibo en el Situado Constitucional, condicionando el uso del Presupuestos, a campañas de “Venezolanización” de la población del Territorio en cuestión, campañas de difusión por medios televisivos y radiales, que permitieran la enseñanza del idioma español y las costumbres arraigadas del venezolano; campañas para cedulación de la población Esequiba, etc.
  4. Campaña para que en toda oficina pública y en todas las aulas de clase de todos los institutos públicos y privados de enseñanza en todos los niveles educativos, se exhibiese en sitio privilegiado, el mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
  5. Inclusión en los textos de educación, del nuevo concepto de “ESPACIO GEOGRAFICO” el cual amplia el tradicional concepto de territorio.

Todo lo anterior está aún en el tintero.

Ver la presentación en el siguiente enlace: REFLEXIONES ESEQUIBAS

ring

!!!!!!El Esequibo es nuestro!!!!!!

JULIO ALBERTO PEÑA ACEVEDO

3.602.432

Caracas, 6 de octubre de 2015

[1] Fuente: M.R.E., Colección Fronteras, Tomo 8, págs. 180, 182.

[2] Fuente: M.R.E., Colección Fronteras, Tomo 8, pag.172.

[3] Fuente: M.R.E., Colección Fronteras, Tomo 6, pags. 30 y 34.

[4]http://www.contrapunto.com/noticia/lea-los-errores-y-omisiones-cometidos-por-venezuela-en-su-reclamacion-historica-del-esequibo/

[5] Fuente: M.R.E., Libro Amarillo 1902, pag. 10.

[6] Expresión utilizada para referirse al Reino Unido en términos anglófobos u hostiles. Fue acuñada por el poeta y diplomático francés de origen aragonés Augustin Louis Marie de Ximénès (17261817) en su poema L´ere des Français(publicado en 1793), en el que animaba a atacar a “la pérfida Albión” en sus propias aguas: Attaquons dans ses eaux la perfide Albion.

[7] https://books.google.co.ve/books?id=p3ELzuQTTZoC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=gil+fortoul+y+el+esequibo&source=bl&ots=MWen0r2NMT&sig=k-40njqPQEz-0PiFL-tTe-YPid4&hl=es-419&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBTg8ahUKEwiRhcGn1ezGAhWF1x4KHTvIAFM#v=onepage&q=gil%20fortoul%20y%20el%20esequibo&f=false

[8] Ibíd., pp. 110-112; Rivas Rivas, José. El Gobierno de Medina Angarita…Op.cit., pp. 80-81.; Hernández González, Carlos E. Las Fuerzas Armadas venezolanas en la Segunda Guerra Mundial, en Farage Dangel, Luis (Compilador). Venezuela y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Caracas: Armada Bolivariana de Venezuela. 2011, p. 243.

[9] Gillermo Guzmán Mirabal, Tesis de grado: Carpeta Acuerdo de Ginebra, documento N° 31, Voto razonado de los Senadores y Diputados por el Partido SocialCristiano COPEI; Caracas 13 de abril de 1966.

[10] RAMÓN CARMONA Y EL PROBLEMA GUAYANÉS

[11] http://bibliografilaguayanaesequibacom.blogspot.com/2012/01/valuacion-actualizada-del-acuerdo-de.html

[12] Orígenes de la actual reclamación de la Guayana Esequiba, Marcos Falcón Briceño, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales.. 2008.

[13] Aspectos jurídicos y políticos del Acuerdo de Ginebra, Efrain Schacht Ariteguieta, La Reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos, Segunda reimpresión 2008.

[14] Aspectos jurídicos y políticos del Acuerdo de Ginebra, Efrain Schacht Ariteguieta, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales.. 2008.

[15] Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran Bretaña, Isidro Morales Paúl, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[16] Fuente: M.R.E., Colección Fronteras, Tomo 6, pags. 30 y 34.

[17] El Acta de Washington y el Laudo de París, Carlos Sosa Rodríguez, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[18] El Tratado de Ginebra, Ignacio Iribarren Borges, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[19] Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran Bretaña, Isidro Morales Paúl, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[20] Controversia sobre la Guayana Esequiba, Pedro José Lara Peña, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[21] El Tratado de Ginebra, Ignacio Iribarren Borges, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[22] Carpeta D03.4, documento No. 154: Contactos (.’011 el Presidente Electo, doctor Rafael Caldera; S/F.

[23] Fuente: M.R.E., Libro Amarillo 1969, pag. IX.

[24] Fuente: M.R.E., Boletín Nº 5 del Archivo de la Casa Amarilla, año 1998, pag. 417.

[25] Aspectos jurídicos y políticos del Acuerdo de Ginebra, Efrain Schacht Ariteguieta, La Reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos, Segunda reimpresión 2008.

[26] Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran Bretaña, Isidro Morales Paúl, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[27] Fuente: M.R.E., Libro Amarillo 1982, pag. 871.

[28] Fuente: M.R.E., la Reclamación Esequiba, Documentos, 1984, pag. 119.

[29] Fuente: Diario “El Nacional”, Internacional y Diplomacia, pág. A/9, 21FEB2004. Venpres-AFP-DPA-AP

[30] Controversia sobre la Guayana Esequiba, Pedro José Lara Peña, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[31] Controversia sobre la Guayana Esequiba, Pedro José Lara Peña, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[32] Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran Bretaña, Isidro Morales Paúl, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[33] El Acta de Washington y el Laudo de París, Carlos Sosa Rodríguez, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[34] Carpeta DO 3.1., documento N° 3: política de la Cancillería…Ob cit.

[35] De conformidad al Artículo V del Acuerdo de Ginebra. Cita nuestra.

[36] El Acta de Washington y el Laudo de París, Carlos Sosa Rodríguez, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[37] Controversia sobre la Guayana Esequiba, Pedro José Lara Peña, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008.

[38] Eduardo Trujillo Ariza, Venezuela tiene cómo salir adelante en el caso con Guyana. El Universal, Domingo 19 de julio de 2015.

[39] Eduardo Trujillo Ariza, Venezuela tiene cómo salir adelante en el caso con Guyana. El Universal, Domingo 19 de julio de 2015.

[40] Eduardo Trujillo Ariza, Venezuela tiene cómo salir adelante en el caso con Guyana. El Universal, Domingo 19 de julio de 2015

[41] Eduardo Trujillo Ariza, Venezuela tiene cómo salir adelante en el caso con Guyana. El Universal, Domingo 19 de julio de 2015

[42] René De Sola. Imprenta Ministerio de Educación. Caracas, 5 de noviembre de 1981.

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USA – REINO UNIDO – VENEZUELA Y EL ESEQUIBO.#SectorAcuatico #ElEsequiboEsNuestro

Pedro José Lara Peña

La foto corresponde a una Clase Magistral del Dr. Lara en la ESGN, año 1988. A su lado el Capitán de Navío Roberto Escobar Fernández. Tuve el honor de estar presente en dicha clase,  como cursante del XXIII Curso de EM y Guerra Naval.

Relato del Dr. Lara Peña[1].

Sobre documentación incluida en el Libro Blanco Americano publicado en 1950 o 1951, al cual tuvo acceso nuestro Canciller, para la época, Luis Emilio Gómez Ruíz[2].

A raíz de la terminación de la Guerra de Secesión en Norteamérica, se desarrolló un movimiento de opinión en aquel país, favorable a la repatriación de los negros americanos a su continente de origen. En consecuencia, el gobierno norteño inició gestiones para adquirir de las potencias coloniales europeas, un territorio en África, al cual enviar los negros que habían sido esclavos, y a los cuales la derrota de los Estados del Sur, les había privado de los medios de subsistencia a pesar de que los había hecho libres.

A estas gestiones se refiere la primera nota inglesa, enviada al gobierno norteamericano con fecha 23 de marzo de 1869, y concebida en los siguientes términos:

“Ha tenido conocimiento el Gobierno de su majestad Británica, que el gobierno americano ha estado desde hace meses, realizando gestiones ante diversas cancillerías europeas, para adquirir un territorio al cual enviar los negros que quieren sacar de Norteamérica”

”Extraña al Gobierno de Su Majestad Británica, que a pesar de que Su majestad tiene amplias posesiones  en África, el Gobierno Americano no se haya dirigido a él, para entrar en negociaciones”

“Sin embargo, la presente nota no se contrae a proponer al Gobierno Americano, ninguna cesión de territorio, pues el Gobierno de Su Majestad, no está interesado en deshacerse de parte alguna de sus posesiones en África. La presente nota tiene por objeto proponer al Gobierno de Su Excelencia, una negociación distinta, que sirve sin embargo para conseguir los mismos fines que procura, y a la cual pasamos a proponerle formalmente”

“Al norte de la América del Sur, existe un llamado País de Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía, cuyas “minor authorities” (menores autoridades), no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional”

“El Gobierno de Su Majestad tiene interés en adquirís parte del territorio de este País, para establecer con él una nueva colonia, cuya Capital sería Puerto España. Colonia que por el orden y el impulso que este Gobierno sabe imprimir a sus dependencias, así como las riquezas del territorio, será sin duda una fuente de progreso para sus habitantes, y para el bienestar común de las naciones americanas y de la humanidad. El territorio que el Gobierno de Su Majestad está interesado en reservarse, está, tentativamente, circunscrito por una línea que se trazaría partiendo desde la desembocadura del Río Neverí en el mar, remontando su curso hasta sus fuentes de esta cerranía allí en línea recta, atravesando el Río Orinoco, se dirige en derechura a la Frontera con el Brasil. El territorio restante al occidente de dicha línea, hasta la frontera de la República de Colombia, quedará en propiedad de los Estados Unidos de América, para que envíen allí los negros, que actualmente quieren enviar al África, a un costo sensiblemente menor, reservándose el dominio permanente de ese territorio u organizándolo en la forma que mejor convenga a su interés”.

“Las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela, se prevén sumamente fáciles y simples de desarrollar, dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra. Su costo se estima no será superior a la cantidad de 20 mil libras esterlinas, que sería dividido por partes iguales entre nuestros dos gobiernos”

Tres meses después de la primera nota, el gobierno inglés envía una nueva nota al Gobierno americano, urgiéndole una contestación en los siguientes términos:

“Extraña al Gobierno de Su Majestad Británica, que habiendo enviado al Gobierno de su Excelencia una Nota, entregada por nuestro representante en Washington hace más de tres meses, con una propuesta de sumo interés no haya recibido aún contestación, mientras continúan las gestiones americanas en Europa para obtener territorios en África”

“Si lo que hace vacilar al Gobierno americano para dar una respuesta favorable a la propuesta que le fue hecha, es la repercusión de la opinión desfavorable que en las otras Repúblicas americanas puede tener para su Gobierno la participación militar en la ocupación de Venezuela, el Gobierno inglés le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí solo la acción militar requerida, si para ello cuenta con la aquiescencia del Gobierno americano. Le manifiesta además que está dispuesto a cumplir con los términos del reparto territorial propuesto, haciendo la debida entrega del territorio, una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado con sus tareas de ocupación, y previa la entrega de la cantidad de 10 mil libras esterlinas, para sufragar la mitad de los gastos militares previstos”

A esa nota de julio de 1869, respondió pocos días después el Gobierno americano del Presidente Grant, en nota de fines de ese mes, que su parte pertinente dice así:

“El Gobierno de Su Majestad ha sufrido una equivocación al atribuir la demora de este gobierno en responder las dos Notas anteriores a la vacilación de nuestra parte, en la aceptación de las propuestas hechas. Debemos manifestarle que a este respecto no ha habido desde el principio vacilación alguna. La demora en contestar sus Notas se debió exclusivamente a que cuando se refirió la primera, el Presidente acababa de partir de esta Capital en viaje a los Estados del Oeste, de donde ha regresado hace pocos días; y el Vicepresidente y el Gabinete juzgaron que no sería conveniente concluir los términos de esta respuesta, sin que de ello tuviera previo conocimiento el Presidente”

“En consecuencia, este Gobierno manifiesta formalmente al Gobierno de Su Majestad Británica, que no solo no coopera en la operación que se le propone en referencia al territorio de la República de Venezuela, sino que se opondría a ella con todos los medios de que se dispone”

El corolario de esta Nota fue el enérgico mensaje del Presidente Grant al Congreso de la Unión en 1870, cuyos términos son ampliamente conocidos de los entendidos en estas disciplinas.

Decía el Dr. Lara Peña en 1988, que:

“…Los principales responsables de esta situación en la que estuvimos a punto de perecer como Nación Independiente, fuimos nosotros mismos, que con nuestras torpezas y contiendas partidistas, alentamos batallas ideológicas de sectas, sin darnos cuenta del daño real que nos causamos, llevando al País a un punto de debilidad extrema: debilidad política, y debilidad económica (en la cual parece que estamos recayendo)…”

[1] Presidente y fundador del Instituto de Estudios Fronterizos, nació en el Estado Aragua, el 28 de junio de 1913. Egresó de la UCV en 1938 con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y una tesis que ya revelaba su perfil de ‘fronterólogo’: Historia de límites de Venezuela con Colombia y Brasil. A los 40 años se le nombró individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y su trabajo de ingreso expresaba la perseverancia de quien en vida se dedicó a defender y argumentar en favor de la preservación de la territorialidad venezolana. También fue presidente de la asamblea legislativa de Aragua, diputado por ese mismo estado, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y ministro de Agricultura y Cría durante el período de la Junta de Gobierno que presidió Suárez Flamerich.

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Emilio_G%C3%B3mez_Ruiz

Luis Emilio Gómez Ruiz fue un abogado y diplomático venezolano. Cursó estudios en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo los títulos de doctor en Ciencias Políticas y de abogado. Hizo cursos de especialización en el Instituto Técnico de Preparación para los Servicios Diplomático y Consular y de Agentes Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, obteniendo luego el título de Licenciado en las carreras Diplomática y Consular.

Hizo carrera diplomática ocupando diversos cargos, como Jefe de servicio de la sección de Relaciones Interamericanas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretario de la Comisión Preparatoria para la participación de Venezuela en la VIII Conferencia Internacional Americana; secretario de la Embajada de Venezuela en Colombia y primer secretario de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de América. Fue nombrado asesor del Representante de Venezuela en el Consejo de Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y Rehabilitación de las regiones devastadas en 1944 y consejero del Representante de Venezuela -a la sazón, el embajador Diógenes Escalante- en el Comité de Juristas de las Naciones Unidas en Washington (1945).

Fue además Secretario del Consejo de Economía Nacional, profesor de Derecho Internacional Privado y abogado en ejercicio. Se desempeñó también en la junta directiva de varias compañías privadas cuando fue llamado por Carlos Delgado Chalbaud a ocupar el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en 1948. En dicho tenor fue presidente de la delegación venezolana a la VI Asamblea General de las Naciones Unidas que se reunió en París el 6 de noviembre de 1951.

Durante sus últimos años se retiró a la actividad privada, ocupando la presidencia del Banco Mercantil y Agrícola en Caracas.

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