EL ESEQUIBO: ¿ESTAMOS ANTE UNA NEGOCIACIÓN EN CIERNES?

Análisis diplomático, estratégico y geopolítico a partir de las recientes señales de Washington, Georgetown y Caracas

Mi apreciación inicial es que los acontecimientos actuales justifican examinar una hipótesis que hasta hace poco parecía políticamente distante: la posibilidad de que se esté explorando, mediante canales discretos, una salida negociada al diferendo del Esequibo, con participación o facilitación de Estados Unidos.

Sin embargo, hay que distinguir tres cosas que no necesariamente significan lo mismo:

  1. Que Estados Unidos mantenga formalmente su respaldo al Laudo de 1899 y al procedimiento ante la CIJ.
  2. Que dentro de la Administración estadounidense existan funcionarios dispuestos a explorar una fórmula de entendimiento entre Venezuela y Guyana.
  3. Que exista una decisión política de Washington, Caracas y Georgetown de abrir una negociación sustantiva sobre el territorio.

La información manejada durante el día de hoy aporta elementos para examinar las dos primeras posibilidades. Todavía no permite dar por demostrada la tercera.

Hay, no obstante, un detalle diplomático que merece especial atención: la expresión estadounidense «a menos que, o hasta que, un nuevo límite sea fijado por un órgano jurídico competente o con el consentimiento de ambas partes».

No es una declaración de apoyo a una negociación secreta, pero tampoco excluye una solución acordada. Al contrario, reconoce expresamente dos vías distintas para establecer un nuevo límite: una decisión jurídica competente y el consentimiento bilateral.

Esta distinción será el hilo conductor del análisis.

1. La frase de Washington: una reserva diplomática que merece atención

Examinemos su contenido con cuidado:

«Estados Unidos reafirma su apoyo al Laudo Arbitral de 1899 que determinó la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana, el cual debe respetarse a menos que, o hasta que, un nuevo límite sea fijado por un órgano jurídico competente o con el consentimiento de ambas partes».

La declaración contiene dos afirmaciones diferentes:

  1. Estados Unidos conserva su posición histórica favorable al Laudo de 1899.
  2. Estados Unidos admite que el límite puede ser sustituido por otro, bien mediante una decisión de un órgano jurídico competente, bien mediante el consentimiento de Venezuela y Guyana.
  3. La segunda parte es especialmente relevante porque reconoce la posibilidad de un desenlace convencional, no exclusivamente judicial.

¿Qué significa diplomáticamente?

No significa que Washington esté abandonando su respaldo a Guyana. Tampoco significa que esté reconociendo la reclamación venezolana.

Pero sí permite identificar una distinción entre la posición estadounidense sobre el estado jurídico actual de la frontera y la posibilidad de modificar ese estado mediante un acuerdo bilateral.

Esto tiene tres consecuencias:

  1. El respaldo estadounidense al Laudo no equivale a excluir cualquier negociación futura.
  2. La vía del consentimiento bilateral permanece expresamente contemplada.
  3. Washington no se atribuye necesariamente la facultad de decidir el territorio; reconoce que las partes pueden alcanzar un nuevo entendimiento.

Hay una sutileza adicional: la expresión «con el consentimiento de ambas partes» no es una fórmula de cortesía irrelevante. En materia de límites territoriales, el consentimiento estatal constituye precisamente uno de los fundamentos de los acuerdos de delimitación y modificación fronteriza.

Por eso, considero que esta frase debe leerse como una reserva diplomática a favor de la posibilidad de un arreglo convencional, aunque no como evidencia suficiente de que ese arreglo ya se esté negociando.

2. El episodio Jeremy Lewin: la señal más importante

A mi juicio, este es el acontecimiento que más modifica el análisis.

Según la información recopilada en el día de hoy, existen cuatro elementos:

ElementoSignificación
Carta atribuida a Delcy RodríguezVenezuela habría solicitado apoyo estadounidense para entablar conversaciones con Guyana
Intervención de Jeremy LewinUn funcionario estadounidense habría explorado una fórmula de acercamiento
Conversaciones preliminaresSe habría producido algún nivel de interlocución, aunque no necesariamente una negociación formal
Reacción guyanesaGeorgetown habría solicitado garantías a Washington sobre la continuidad de su política oficial

Es importante detenerse en la diferencia entre dos versiones que aparecen en las informaciones difundidas:

  1. La versión atribuida a Lewin señala que los contactos fueron preliminares y que se originaron a partir de una comunicación venezolana.
  2. La información de UNH Plus sostiene que Lewin actuó por instrucciones de la Casa Blanca.

Estas dos afirmaciones no son equivalentes. La segunda, si se confirma documentalmente, modificaría sustancialmente la interpretación institucional del episodio.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, en su comunicado del 19 de noviembre, insiste en que recibió garantías de que la política estadounidense no había cambiado y que el apoyo a la CIJ permanece intacto.

Aquí aparece una contradicción que merece investigación: ¿se trató de una iniciativa personal de un funcionario, de una gestión exploratoria autorizada por la Casa Blanca o de una iniciativa institucional que posteriormente Washington decidió mantener fuera de su política pública?

No tenemos todavía elementos suficientes para resolverla.

Pero hay algo que sí podemos observar: Guyana consideró necesario solicitar aclaraciones a Washington y obtener garantías expresas.

Eso revela que la posibilidad de un canal alternativo a la CIJ adquirió suficiente relevancia política para provocar una reacción diplomática de Georgetown.

3. ¿Por qué Guyana reacciona de esa manera?

La posición guyanesa es comprensible desde su propia perspectiva.

Guyana ha construido su estrategia sobre tres pilares:

  1. El reconocimiento internacional del Laudo de 1899.
  2. La sentencia de jurisdicción de la CIJ de diciembre de 2020 y el procedimiento sobre el fondo.
  3. El respaldo político y estratégico de Estados Unidos y otros socios internacionales.

El proceso ante la CIJ constituye para Georgetown una vía destinada a obtener una decisión judicial sobre la controversia territorial.

Por eso, cualquier iniciativa que introduzca una alternativa negociada puede generar inquietud, especialmente si esa iniciativa proviene de Washington.

Hay una cuestión fundamental:

Guyana necesita que el diferendo se resuelva conforme a la vía judicial que ha escogido; Venezuela necesita mantener abierta la posibilidad de una solución dentro del marco del Acuerdo de Ginebra.

Son dos aproximaciones distintas.

La reacción guyanesa parece orientada a evitar que la interlocución política sustituya, condicione o desplace el procedimiento judicial.

Pero debemos evitar una interpretación excesiva: que Guyana haya solicitado garantías no demuestra que Washington haya intentado imponerle una modificación territorial.

También puede significar que Georgetown quiso asegurarse de que una gestión exploratoria no representaba un cambio de política estadounidense.

4. La conexión con mi documento[1] del 27 de febrero de 2026

He revisado nuevamente el artículo La controversia sobre la Guayana Esequiba pudiera haber ingresado en una fase cualitativamente distinta.

Encuentro una coincidencia particularmente significativa entre las hipótesis que allí planteamos y los acontecimientos que ahora se describen.

El artículo formulaba tres premisas:

Primera: el diferendo debía dejar de examinarse exclusivamente desde el formalismo jurídico y comenzar a estudiarse como una convergencia de intereses territoriales, marítimos, energéticos y geopolíticos.

Segunda: era necesario establecer canales políticos discretos con sectores estadounidenses, sin confundir esa interlocución con una renuncia a los derechos venezolanos. El artículo lo proponía expresamente entre sus diez decisiones estratégicas.

Tercera: debía proponerse un marco alternativo de negociación bilateral o hemisférica, sin abandonar el marco histórico-jurídico del Acuerdo de Ginebra.

Lo interesante es que el episodio Lewin, de ser confirmado en sus términos esenciales, se parece precisamente al tipo de interlocución que el artículo proponía explorar.

No significa que la hipótesis original haya quedado demostrada en toda su extensión. Pero sí que ha aparecido un acontecimiento concreto que permite pasar de la reflexión doctrinal al examen de una posible dinámica diplomática.

Una coincidencia adicional

El artículo señalaba que Guyana podía anticipar una eventual iniciativa estadounidense y que, por ello, procuraría reafirmar anticipadamente su posición de que la soberanía territorial no era negociable.

Ahora, según el comunicado guyanés, Georgetown ha solicitado garantías a Washington y ha vuelto a insistir en su respaldo al proceso ante la CIJ.

La secuencia es compatible con aquella hipótesis, aunque no prueba por sí sola que Guyana conozca una propuesta territorial concreta.

5. El factor Trump: la diferencia entre el interés corporativo y el interés estratégico estadounidense

Aquí se encuentra una de las cuestiones geopolíticas centrales.

En nuestro análisis anterior habíamos planteado que no debía asumirse que los intereses de ExxonMobil y los intereses del Gobierno estadounidense fueran necesariamente idénticos.

La distinción continúa siendo válida.

Hay que separar tres actores:

ActorInterés que debe examinarse
Gobierno de Estados UnidosEstabilidad regional, seguridad energética, influencia hemisférica y relaciones bilaterales
ExxonMobilSeguridad de sus inversiones, continuidad contractual, producción y rentabilidad
Gobierno de GuyanaIntegridad territorial, ingresos petroleros, seguridad nacional y legitimidad internacional

Estos intereses pueden coincidir, pero no son necesariamente idénticos en todas las circunstancias.

Imaginemos una situación en la que Washington concluyera que la prolongación de la controversia puede producir riesgos para la estabilidad del Caribe y para la seguridad de las inversiones energéticas.

Podría entonces considerar que una solución política negociada es preferible a una prolongada confrontación diplomática.

Esto no implicaría necesariamente un cambio de posición sobre el Laudo de 1899. Podría tratarse de una decisión pragmática para administrar las consecuencias de la controversia.

Hay que considerar también que Estados Unidos tiene intereses en Guyana que van más allá de ExxonMobil, y que su respaldo a Georgetown no puede reducirse a una relación corporativa.

La tesis que conviene mantener es más precisa:

Washington podría mantener su respaldo jurídico y político a Guyana, mientras explora paralelamente mecanismos de entendimiento que reduzcan los costos geopolíticos de la controversia.

No hay incompatibilidad necesaria entre esas dos actuaciones.

6. El Acuerdo de Ginebra: la pieza jurídica que puede hacer posible una negociación

Este es, probablemente, el aspecto más importante para Venezuela.

Una negociación no tendría que significar abandonar la reclamación histórica, reconocer la validez del Laudo de 1899 o aceptar anticipadamente el resultado del procedimiento judicial.

El Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 ofrece un marco jurídico cuyo objetivo es alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria de la controversia.

Recordemos su artículo IV(2): cuando los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas no hayan permitido resolver la controversia, corresponde al Secretario General escoger otro de los medios previstos en dicho artículo, incluida la vía judicial.

La interpretación que hizo la CIJ en 2020 permitió que el procedimiento avanzara por la vía judicial. Esa decisión no debe ser ignorada en nuestra estrategia.

Sin embargo, hay una cuestión que debemos mantener sobre la mesa: la existencia del procedimiento ante la CIJ no elimina la posibilidad de que las partes exploren una solución negociada.

La negociación podría desarrollarse en paralelo, siempre que se respeten las obligaciones jurídicas aplicables y se establezcan claramente sus efectos sobre el procedimiento judicial.

Esto permitiría una aproximación con tres componentes:

  1. Mantener las posiciones jurídicas de las partes.
  2. Explorar una fórmula de entendimiento político y territorial.
  3. Establecer mecanismos de cooperación y administración de recursos que reduzcan las tensiones mientras se busca una solución definitiva.

¿Qué importancia tiene esto?

Que Venezuela no tendría que plantear la negociación como una alternativa al derecho internacional, sino como una forma de alcanzar el objetivo que el propio Acuerdo de Ginebra establece.

La expresión «solución práctica y mutuamente satisfactoria» permite explorar fórmulas que no necesariamente se corresponden con una simple adjudicación judicial de todo el territorio.

No significa que cualquier fórmula sea jurídicamente admisible ni que Guyana esté dispuesta a aceptarla. Significa que existe espacio conceptual para estudiar alternativas.

7. ¿Qué podría estar buscando realmente Washington?

Propongo examinar cuatro hipótesis, que no son excluyentes.

Hipótesis A. Evitar que la controversia se transforme en un problema de seguridad regional

La incorporación de Guyana a estructuras de cooperación de seguridad con Estados Unidos, las tensiones marítimas y la expansión de la actividad petrolera han incrementado la importancia estratégica del área.

Washington podría considerar conveniente evitar que una sentencia judicial, su eventual ejecución o los incidentes marítimos produzcan una confrontación entre dos países de importancia regional.

La prioridad sería la estabilidad.

Hipótesis B. Asegurar la continuidad de las inversiones energéticas

El desarrollo del bloque Stabroek ha convertido a Guyana en un productor petrolero de importancia creciente.

Una controversia territorial prolongada puede introducir incertidumbre en el entorno de las inversiones.

Desde esta perspectiva, una solución política que establezca condiciones de estabilidad y previsibilidad podría interesar tanto a Washington como a los operadores económicos.

Aquí hay una diferencia esencial: una negociación no necesariamente tendría que modificar inmediatamente la soberanía para producir beneficios económicos.

Hipótesis C. Reordenar la relación estratégica entre Estados Unidos, Guyana y Venezuela

Este escenario es particularmente interesante.

Si Washington considera que la relación con Venezuela está ingresando en una etapa de mayor pragmatismo, podría intentar separar el diferendo territorial de otros asuntos bilaterales.

La cuestión sería evitar que el Esequibo se convierta en un obstáculo permanente para una relación de mayor alcance, particularmente en materia energética, comercial y de seguridad.

Esto coincide con la tesis de mi artículo de febrero: el Esequibo debe analizarse dentro de un sistema de intereses y no exclusivamente como un enfrentamiento entre Caracas y Georgetown.

Hipótesis D. Explorar una solución territorial o funcional de largo plazo

Esta es la hipótesis más delicada y la que debemos tratar con mayor cautela.

La información de UNH Plus atribuye a Lewin una iniciativa relacionada con la posibilidad de que Guyana cediera parte del Esequibo a Venezuela.

Si esa información llegara a confirmarse, estaríamos ante algo cualitativamente diferente de una simple propuesta de cooperación.

Estaríamos hablando de explorar una modificación territorial.

Pero no debemos dar por probado que esa propuesta existió en esos términos, ni que la Casa Blanca la haya autorizado. Tampoco sabemos qué territorio, qué condiciones, qué contraprestaciones o qué garantías habrían sido consideradas.

Hay una diferencia enorme entre:

  1. una conversación exploratoria;
  2. una propuesta de negociación;
  3. una oferta territorial;
  4. y un acuerdo político aprobado por los gobiernos.

No debemos confundir esos niveles.

8. La variable territorial: ¿qué podría ponerse realmente sobre la mesa?

Aquí quiero recuperar una idea que habíamos discutido anteriormente: la posibilidad de una solución que no se limite a la transferencia inmediata de soberanía, sino que incorpore fórmulas transitorias de administración, explotación económica y desarrollo compartido.

Incluso habíamos examinado, como ejercicio conceptual, la posibilidad de un período prolongado de explotación conjunta, tomando como referencia comparativa —con las debidas diferencias— el caso de Hong Kong.

La coyuntura actual permite volver sobre esa reflexión, pero conviene distinguir cuatro modelos.

Modelo 1. Acuerdo territorial

Solución de soberanía

  1. Negociación de un nuevo límite.
  2. Eventual transferencia de determinadas áreas.
  3. Reconocimiento bilateral del nuevo trazado.
  4. Garantías internacionales de cumplimiento.

Es el modelo más cercano a una modificación de la frontera terrestre.

Modelo 2. Administración transitoria

Solución institucional

  1. Régimen especial de administración de determinadas áreas.
  2. Participación de ambos Estados.
  3. Garantías para la población.
  4. Mantenimiento temporal de las posiciones jurídicas de las partes.

Permitiría estudiar una transición sin exigir una solución inmediata de soberanía.

Modelo 3. Desarrollo económico compartido

Solución funcional

  1. Explotación conjunta o coordinada de recursos.
  2. Participación en regalías.
  3. Inversiones en infraestructura.
  4. Protección ambiental.
  5. Mecanismos de seguridad y navegación.

Podría generar beneficios económicos sin resolver inmediatamente la cuestión territorial.

Modelo 4. Fórmula combinada y de largo plazo

Solución integral

  1. Acuerdo de explotación y administración durante un período definido.
  2. Régimen de garantías y supervisión internacional.
  3. Participación económica de ambas partes.
  4. Revisión periódica de los compromisos.
  5. Solución territorial definitiva conforme al consentimiento de los Estados.

Este modelo permitiría negociar simultáneamente territorio, recursos, desarrollo y estabilidad regional.

Mi observación es que no debemos limitar la exploración diplomática a la pregunta de quién se queda con el territorio.

También debemos preguntarnos cómo se administra, quién explota sus recursos, cómo se distribuyen los beneficios, qué garantías reciben las poblaciones y qué régimen jurídico se aplica durante una eventual transición.

Hay una cuestión que no puede omitirse: cualquier fórmula de este tipo tendría que contemplar expresamente la participación y los derechos de las comunidades que habitan el territorio, así como las garantías ambientales y de seguridad.

El componente marítimo no puede quedar fuera

Para Venezuela, una negociación exclusivamente terrestre podría dejar sin resolver problemas estratégicos fundamentales.

El acuerdo tendría que abordar, según corresponda:

  1. La proyección marítima de la costa.
  2. La delimitación de espacios marítimos.
  3. La plataforma continental.
  4. La Zona Económica Exclusiva.
  5. Los derechos sobre recursos hidrocarburíferos.
  6. La navegación y la seguridad marítima.
  7. Las actividades económicas de terceros Estados y empresas.

Esto es esencial porque la controversia no termina en el río Esequibo ni en la frontera terrestre.

La dimensión marítima y energética constituye una parte central de la arquitectura de cualquier solución duradera.

9. La posición de ExxonMobil: un actor que no puede quedar fuera del análisis

Aquí introduciría una consideración adicional.

Una negociación entre Venezuela y Guyana no podría desconocer los intereses y derechos contractuales de los operadores petroleros que han realizado inversiones en el área.

Pero tampoco debería permitir que los intereses de una empresa privada determinen por sí solos el resultado de una controversia territorial entre dos Estados.

La cuestión es encontrar un equilibrio entre tres dimensiones:

DimensiónLo que debe protegerse
SoberaníaLos derechos y las reclamaciones territoriales de los Estados
InversiónLa seguridad jurídica de los contratos y las inversiones legítimas
EstabilidadLa continuidad de la actividad económica sin agravar la controversia

En una eventual solución negociada, ExxonMobil podría ser un interlocutor técnico y económico relevante, pero no el titular de la decisión territorial.

La negociación tendría que permanecer bajo conducción estatal.

Y aquí aparece una oportunidad que ya había señalado en mi análisis anterior: Estados Unidos podría encontrar conveniente una solución que preserve la estabilidad de sus inversiones sin quedar comprometido indefinidamente con una controversia territorial.

La eventual firma de un convenio entre ExxonMobil y el Estado venezolano tendría una significación que trascendería ampliamente el ámbito estrictamente económico y petrolero, pudiendo convertirse en un acontecimiento de particular relevancia diplomática y geopolítica para el diferendo del Esequibo.

Representaría, en primer lugar, el reconocimiento de Venezuela como interlocutor legítimo y necesario para el desarrollo de actividades energéticas en su territorio y espacios marítimos, independientemente de las controversias territoriales pendientes.

Asimismo, introduciría un elemento de pragmatismo en la relación entre Caracas, Washington y los intereses empresariales estadounidenses, demostrando que la protección de las inversiones, la seguridad energética y la estabilidad regional pueden requerir entendimientos que no necesariamente coincidan con las posiciones políticas mantenidas hasta ahora. Sin significar por sí mismo un reconocimiento de la soberanía venezolana sobre el Esequibo, ni una modificación de la posición jurídica de ExxonMobil respecto de sus operaciones en Guyana, un convenio de esta naturaleza podría generar un nuevo escenario de interlocución y confianza, en el cual los intereses económicos de la compañía y los objetivos estratégicos de Estados Unidos se conviertan en factores favorables a la búsqueda de una solución negociada.

Su mayor trascendencia estaría en que ExxonMobil dejaría de ser percibida exclusivamente como un actor económico vinculado a la explotación petrolera guyanesa para convertirse también en un eventual interlocutor de intereses energéticos en Venezuela, circunstancia que podría contribuir a modificar la ecuación geopolítica del diferendo y abrir espacios para una fórmula de entendimiento que hasta ahora parecía difícil de alcanzar.

10. ¿Qué significaría esto para la CIJ?

No considero que debamos interpretar la aparición de conversaciones exploratorias como el abandono de la vía judicial.

Más bien, podríamos estar ante la posibilidad de que se desarrollen dos vías paralelas:

Dos vías que podrían coexistir

Vía judicial

CIJ

Determinación judicial de las cuestiones sometidas a la Corte y desarrollo del procedimiento.

Vía diplomática

Negociación

Exploración de entendimientos, compromisos políticos y una eventual solución mutuamente aceptable.

Punto de convergencia

Un acuerdo entre las partes que permita alcanzar una solución definitiva, con los correspondientes instrumentos jurídicos y garantías de ejecución.

La existencia de la segunda vía no invalida automáticamente la primera.

Si se alcanzara un acuerdo, las partes tendrían que determinar sus efectos sobre el procedimiento ante la CIJ, incluida la eventual terminación del litigio o la comunicación de un arreglo a la Corte.

Desde el punto de vista venezolano, hay otra precaución: cualquier entendimiento tendría que evitar que una conversación informal sea interpretada como aceptación de la jurisdicción de la CIJ o como renuncia a posiciones jurídicas que Venezuela ha sostenido históricamente.

Esto requiere una arquitectura jurídica cuidadosamente redactada.

11. ¿Qué señales debemos observar para determinar si realmente existe una negociación en ciernes?

Propongo establecer un sistema de observación diplomática. No basta con seguir declaraciones públicas: debemos buscar cambios verificables en el comportamiento de los actores.

IndicadorQué podría significar
Nuevas reuniones de funcionarios venezolanos y estadounidenses sobre el EsequiboContinuidad de un canal exploratorio
Designación de un interlocutor especialInstitucionalización de las conversaciones
Contactos directos entre Caracas y GeorgetownPaso de la facilitación a la interlocución bilateral
Declaraciones estadounidenses que distingan el apoyo al Laudo de la posibilidad de un acuerdoMayor apertura pública a una solución convencional
Participación de Brasil o CARICOMAmpliación de las garantías regionales
Propuestas sobre explotación conjunta o regalíasEvolución hacia una negociación funcional
Referencias a una solución transitoria o a garantías para GuyanaPosible discusión de una fórmula política más amplia
Consultas sobre contratos petroleros y seguridad de inversionesIncorporación del factor energético a la negociación
Comunicación de las partes a la CIJ sobre conversacionesReconocimiento de una evolución diplomática relevante

Hay una señal que considero especialmente importante: si Guyana comienza a hablar de garantías internacionales para cualquier eventual entendimiento, en lugar de limitarse a exigir respaldo a la sentencia de la CIJ, estaríamos ante un cambio significativo en el lenguaje diplomático.

No sería todavía un acuerdo, pero sí un indicio de que se estaría estudiando cómo hacer políticamente aceptable una salida distinta.

12. ¿Qué debería hacer Venezuela ante esta coyuntura?

Considero que Venezuela debería prepararse para una eventual negociación sin precipitarse a anunciarla ni crear expectativas que no estén respaldadas por hechos.

En mi opinión, se necesitan cinco decisiones de carácter estratégico.

Primera: mantener separados los canales diplomático y jurídico

La interlocución con Washington debe desarrollarse sin que Venezuela abandone sus argumentos históricos y jurídicos.

El Acuerdo de Ginebra debe continuar siendo el marco de referencia de la solución.

Segunda: preparar una propuesta venezolana integral

No conviene llegar a una eventual negociación con una posición exclusivamente reivindicativa.

Debe existir un documento reservado que contemple:

  1. La cuestión territorial.
  2. Los derechos marítimos.
  3. Los recursos energéticos.
  4. La administración transitoria.
  5. La participación económica.
  6. Las garantías internacionales.
  7. Los mecanismos de solución de controversias.

La propuesta debe identificar qué aspectos son irrenunciables, cuáles admiten modalidades de implementación y cuáles pueden ser objeto de negociación.

Tercera: identificar los intereses de Estados Unidos

Venezuela debe comprender qué podría obtener Washington de una solución negociada:

  1. Estabilidad en el Caribe.
  2. Seguridad energética.
  3. Protección de inversiones.
  4. Reducción de tensiones regionales.
  5. Mayor previsibilidad en sus relaciones con Venezuela y Guyana.

La oferta venezolana debe demostrar que una solución acordada puede atender intereses legítimos de los tres países.

Cuarta: no excluir a Guyana

Este punto es fundamental.

Estados Unidos puede facilitar, estimular o respaldar una negociación, pero no puede sustituir el consentimiento de Guyana.

Una solución territorial requiere el consentimiento de los Estados involucrados y los instrumentos jurídicos correspondientes.

La diplomacia venezolana debe evitar que Georgetown interprete cualquier iniciativa como un intento de imponerle una decisión.

Quinta: incorporar el componente marítimo y energético desde el principio

No debemos cometer el error de negociar la tierra y dejar el mar para después.

El Esequibo tiene una dimensión terrestre, marítima y energética inseparable desde el punto de vista estratégico.

Una eventual solución que no contemple la fachada atlántica podría resolver parcialmente la controversia y dejar abierta otra fuente de conflictos.

13. Una consideración sobre las debilidades de nuestro propio documento de febrero

Hay algo que considero conveniente señalar para mantener la rigurosidad de la investigación.

Mi artículo del 27 de febrero tiene una tesis estratégica valiosa: el diferendo puede entrar en una fase en la que el realismo geopolítico y la negociación adquieren una importancia comparable a la dimensión jurídica.

Sin embargo, algunas de sus afirmaciones deben mantenerse como hipótesis y no como hechos:

  1. Que exista un enfrentamiento estructural entre Trump y ExxonMobil que pueda trasladarse al Esequibo.
  2. Que Estados Unidos esté dispuesto a modificar su respaldo territorial a Guyana.
  3. Que el denominado «corolario Trump» constituya una doctrina oficial.
  4. Que Guyana dependa de tal manera de sus socios externos que pueda ser inducida a aceptar una modificación territorial.

La evolución que estamos examinando no confirma automáticamente esas premisas.

Lo que sí aporta es un elemento nuevo: la información sobre conversaciones preliminares atribuidas a un funcionario estadounidense y una eventual solicitud venezolana de facilitación.

También debemos obtener el texto íntegro de la declaración de Lewin, la información original de Reuters y, si existe, la comunicación atribuida a Delcy Rodríguez. En particular, la autenticidad de esa carta no ha sido verificada independientemente, según la propia información vía redes sociales.

Esa documentación es indispensable antes de atribuir una iniciativa a la Casa Blanca.

14. Mi conclusión: ¿negociación en ciernes?

Creo que estamos ante una situación que merece una interpretación distinta de la que ofrecíamos antes del 19 de noviembre.

Hasta ahora, nuestra hipótesis era que el cambio en la relación entre Washington y Caracas, junto con la naturaleza transaccional de la política exterior estadounidense, podía abrir un espacio para una iniciativa diplomática sobre el Esequibo.

Ahora aparece información que, de confirmarse, indicaría que ese espacio pudo haber comenzado a utilizarse.

Pero debemos distinguir tres etapas:

Posible evolución del proceso

  1. Etapa 1. Exploración diplomática

Indicios reportados

Contactos preliminares, intercambio de posiciones y exploración de la posibilidad de facilitar conversaciones.

  1. Etapa 2. Facilitación política

Por confirmar

Designación de interlocutores, definición de agenda, consultas con Guyana y Venezuela y búsqueda de garantías.

  1. Etapa 3. Negociación sustantiva

No acreditada

Discusión formal de territorio, soberanía, recursos, administración, delimitación marítima y condiciones de un acuerdo.

Mi lectura es que la información disponible permite investigar seriamente la primera etapa y considerar la posibilidad de que se esté intentando abrir la segunda. No hay todavía evidencia suficiente para afirmar que se haya iniciado la tercera.

15. La reflexión geopolítica más importante

Quisiera destacar algo que puede pasar inadvertido.

Estados Unidos puede mantener públicamente su respaldo al Laudo de 1899, reiterar su apoyo al procedimiento ante la CIJ y, al mismo tiempo, explorar discretamente una solución política.

No necesariamente existiría contradicción.

La política exterior de los Estados puede operar en distintos planos: uno institucional, que expresa la posición oficial, y otro exploratorio, que examina alternativas antes de que exista una decisión política definitiva.

En ese sentido, la reacción de Guyana merece atención porque revela su interés en que cualquier iniciativa exploratoria no altere la posición oficial estadounidense.

Pero también nos deja una pregunta: ¿por qué habría de descartarse una negociación que podría ofrecer garantías a Guyana, preservar sus intereses económicos y, simultáneamente, atender la reclamación venezolana?

La respuesta dependerá de los términos concretos que pudieran ponerse sobre la mesa.

16. La hipótesis que incorporo al expediente estratégico

Quisiera formularla de esta manera:

HIPÓTESIS DE TRABAJO

El diferendo de la Guayana Esequiba podría estar aproximándose a una fase de exploración diplomática en la que Estados Unidos, sin modificar formalmente su posición sobre el Laudo Arbitral de 1899 ni retirar su respaldo al procedimiento ante la CIJ, estaría dispuesto a examinar mecanismos de entendimiento entre Venezuela y Guyana.

Esta eventual iniciativa respondería a una convergencia de intereses vinculados con la estabilidad hemisférica, la seguridad energética, la protección de inversiones y la necesidad de evitar que una controversia territorial se convierta en un factor permanente de tensión regional.

Si esta hipótesis se confirma, el desafío venezolano consistirá en transformar una eventual facilitación estadounidense en una negociación genuina entre los Estados, sustentada en el Acuerdo de Ginebra, que contemple integralmente la soberanía territorial, los espacios marítimos, los recursos energéticos y las garantías de desarrollo y seguridad para ambas poblaciones.

17. La propuesta de trabajo que considero más conveniente

Creo que ha llegado el momento de preparar un documento nuevo, no simplemente una actualización del artículo de febrero.

Le daría el siguiente título:

EL ESEQUIBO: DE LA CONTROVERSIA JURÍDICA A LA EXPLORACIÓN DE UNA SOLUCIÓN GEOPOLÍTICA NEGOCIADA

Las señales de Washington, la posición de Georgetown, la coyuntura venezolana y las perspectivas de una fórmula de entendimiento.

Lo estructuraría en seis capítulos:

  1. El cambio de coyuntura: las declaraciones estadounidenses y el episodio Jeremy Lewin.
  2. La posición de Washington: respaldo al Laudo, CIJ y reserva expresa de la solución por consentimiento bilateral.
  3. La reacción de Guyana: su estrategia de blindaje jurídico y político y sus posibles límites.
  4. La oportunidad venezolana: Acuerdo de Ginebra, canales diplomáticos y preparación de una propuesta integral.
  5. La fórmula de solución: soberanía, administración, recursos terrestres y marítimos, ExxonMobil y garantías internacionales.
  6. Escenarios de negociación: desde una facilitación exploratoria hasta un acuerdo territorial definitivo.

Incluiría un anexo reservado con una matriz de intereses y objetivos de Venezuela, Guyana y Estados Unidos, así como las posibles fórmulas de entendimiento.

Mi reflexión final es esta:

Durante décadas, Venezuela ha planteado el Esequibo como una controversia histórica pendiente de reparación jurídica. Guyana ha procurado convertir el Laudo de 1899 y la vía judicial en la solución definitiva. Estados Unidos ha respaldado esa posición.

Pero si ahora aparecen contactos exploratorios que buscan una salida política, estaríamos ante una circunstancia que merece ser estudiada con una perspectiva diferente.

No se trataría de abandonar la historia ni el derecho para entrar en la política. Se trataría de utilizar el derecho, la diplomacia y la realidad geopolítica para encontrar una solución que hasta ahora no ha sido posible.

Quizás la verdadera oportunidad no consista en conseguir que Washington cambie públicamente de posición, sino en conseguir que reconozca que la estabilidad definitiva del Caribe sudoriental requiere una solución que no puede construirse al margen de Venezuela.

Y esa es, precisamente, la diferencia entre limitarse a defender una reclamación territorial y prepararse para negociar su solución.

Nota documental: el análisis toma los comunicados y noticias del 19 de noviembre en los términos que han sido publicadas en las redes sociales; no se han podido verificar independientemente el texto original de la carta venezolana ni la atribución de instrucciones de la Casa Blanca a Jeremy Lewin. Mi artículo del 27 de febrero sí fue revisado íntegramente.

Consideración final

Mantengo, dicho de una manera muy coloquial, que la decisión de la Corte Internacional de Justicia pudiera terminar siendo algo así: “…el Laudo Arbitral de París de 1899 es válido, pero el Acuerdo de Ginebra de 1966 también lo es…” Y aunque la expresión parezca encerrar una contradicción, creo que allí pudiera estar precisamente la clave de la decisión.

Desde una perspectiva jurídica, la Corte podría considerar que el Laudo de 1899 produjo efectos jurídicos y que, por tanto, no puede ser desconocido sin un pronunciamiento que determine su invalidez; pero, al mismo tiempo, reconocer que el Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vigente, suscrito por Venezuela y el Reino Unido, con la participación de la entonces Guayana Británica, cuyo objeto fue precisamente resolver la controversia derivada de la reclamación venezolana sobre el territorio.

La dificultad estaría en determinar cómo armonizar ambos instrumentos sin vaciar de contenido a ninguno de ellos. Si el Laudo es válido y definitivo en todos sus efectos, ¿qué sentido tendría el Acuerdo de Ginebra? Y si este último conserva plena vigencia y obliga a las partes a procurar una solución práctica y mutuamente satisfactoria, ¿cómo se concilia esa obligación con la pretensión de considerar definitivamente resuelta la controversia por el Laudo de 1899?

Mi impresión es que el desenlace podría no ser tan sencillo como declarar a uno vencedor y al otro vencido. La Corte tendría que abordar la relación jurídica entre ambos instrumentos y las consecuencias de su interpretación. Y allí podría surgir un escenario que, lejos de cerrar definitivamente el diferendo en términos políticos y diplomáticos, obligue a las partes a buscar una fórmula de entendimiento que dé sentido al compromiso asumido en Ginebra.

En definitiva, mi expresión coloquial resume una preocupación jurídica de fondo: ¿puede reconocerse la validez del Laudo de 1899 sin desconocer la vigencia y el propósito del Acuerdo de Ginebra de 1966? Esa es, a mi juicio, una de las grandes interrogantes que debe orientar cualquier análisis sobre el posible desenlace de este proceso.

Una precisión importante: esta es una hipótesis de lectura sobre un posible razonamiento de la Corte, no una anticipación de su fallo. La validez del Laudo y la vigencia del Acuerdo de Ginebra son cuestiones jurídicas distintas; reconocer la vigencia del segundo no implica, por sí solo, que la Corte vaya a declarar válido el primero.

JULIO ALBERTO PEÑA ACEVEDO

Caracas, 19 de noviembre de 2026


[1] https://elespacioacuaticovenezolano.com/2026/02/27/la-controversia-sobre-la-guayana-esequiba-pudiera-haber-ingresado-en-una-fase-cualitativamente-distinta/

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