El Espacio Acuático Venezolano

MAY11 2026 CIJ SESIÓN PÚBLICA CASO RELATIVO AL LAUDO ARBITRAL DEL 3 DE OCTUBRE DE 1899

MAY11 2026 CIJ SESIÓN PÚBLICA CASO RELATIVO AL LAUDO ARBITRAL DEL 3 DE OCTUBRE DE 1899

Celebrada el lunes a las 15:00 horas, en el Palacio de la Paz, presidida por el Presidente Iwasawa,

Guyana contra Venezuela

EL PRESIDENTE: Por favor, tomen asiento. La sesión está abierta.

La Corte se reúne esta tarde para escuchar la segunda ronda de alegatos orales de Venezuela sobre el fondo del asunto relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela). Tomo nota de la presencia de Su Excelencia la Sra. Delcy Rodríguez, Presidenta Interina de la República Bolivariana de Venezuela, en el Salón de Justicia.Ahora, invitemos al Profesor Paolo Palchetti a dirigirse a la Corte. Tiene usted la palabra.

Sr. Palchetti:

LA INVALIDEZ DEL TRATADO DE ARBITRAJE DE 1897 Y LA AUSENCIA DE FUNDAMENTOS EN EL LAUDO

1. Señor Presidente, miembros de la Corte, el miércoles pasado, Venezuela demostró cuál es la verdadera cuestión en este procedimiento: no la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899, sino la búsqueda de una solución mutuamente satisfactoria entre Guyana y Venezuela. Venezuela abordó, en detalle, la interpretación y los efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra, así como las circunstancias históricas que llevaron a su conclusión.

2. Venezuela esperaba que, durante la segunda ronda de alegatos orales, Guyana finalmente abordara los argumentos venezolanos sobre el Acuerdo de Ginebra. Guyana no lo ha hecho.

3. El viernes, Guyana, una vez más, ignoró en gran medida el Acuerdo de Ginebra. Lo que tenemos es una respuesta fragmentada sobre unos pocos puntos específicos.

4. Esto es lamentable, ya que el viernes era la última oportunidad de Guyana para responder a los extensos argumentos de Venezuela sobre el Acuerdo de Ginebra. Lamentable, pero no sorprendente. Desde el principio, Guyana ha intentado desviar la atención del único instrumento legal que define los derechos y obligaciones de Guyana y Venezuela, centrándose exclusivamente en el Laudo Arbitral de 1899.

5. Como escucharon el miércoles del Agente de Venezuela, el Profesor Moncada, Venezuela está aquí para responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana. Al igual que en la primera ronda de audiencias orales, en esta segunda ronda Venezuela se centrará principalmente en la interpretación y los efectos del Acuerdo de Ginebra. Si bien es irrelevante, la cuestión de la invalidez del Laudo se abordará para responder a las alegaciones infundadas de Guyana.

6. Hoy, daré inicio a la segunda ronda de alegatos orales de Venezuela abordando la cuestión de la invalidez del Tratado de Arbitraje de 1897 y la invalidez del Laudo de 1899 por falta de fundamentos. A continuación, el profesor Christian Tams refutará los argumentos de Guyana sobre el exceso de poder. El profesor Jean-Marc Thouvenin abordará la supuesta renuncia tácita al derecho de Venezuela a plantear la nulidad del Laudo Arbitral.

7. Esto nos llevará al Acuerdo de Ginebra. El profesor Andreas Zimmermann refutará los pocos argumentos presentados por Guyana sobre su interpretación. Posteriormente, el profesor Makane Mbengue tratará sobre la novación, la descolonización y la importancia de identificar la verdadera cuestión que se les plantea.

8. Su Excelencia la Sra. Arianny Seijo Noguera ofrecerá un panorama general de los argumentos presentados por Venezuela ante la Corte.

9. La segunda ronda de alegaciones orales de Venezuela concluirá con la intervención de la Presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, Su Excelencia la Sra. Delcy Rodríguez Gómez.

10. Señor Presidente, ahora abordaré la invalidez del Laudo de 1899.

I. La ausencia de fundamentos en el Laudo

11. Respecto a la ausencia de fundamentos como causa de invalidez por sí misma, me limitaré a un punto.

12. El viernes, Guyana insistió en que la Sentencia de la Corte en el caso del Rey de España es irrelevante para determinar si, a finales del siglo XIX, los tribunales arbitrales ya tenían la obligación de fundamentar sus laudos. Permítanme explicar por qué Guyana se equivoca en este punto.

13. Nicaragua solicitó a la Corte que determinara la invalidez del Laudo dictado por el Rey de España por “falta o insuficiencia de fundamentos”. La Corte analizó el fondo de esta alegación. Al evaluarla, la Corte no desestimó la demanda de Nicaragua con el argumento de que en 1906 los tribunales arbitrales no tenían la obligación de fundamentar sus decisiones. Por el contrario, para la Corte, el laudo era válido porque «aborda de forma lógica y con cierto detalle todas las consideraciones pertinentes y… contiene una amplia argumentación y explicaciones que respaldan las conclusiones a las que llegó el árbitro»[1]. El laudo de 1899 no cumple con este estándar.

14. Es significativo que tanto Honduras como Nicaragua admitieran, en el momento pertinente, la existencia de la obligación de fundamentar el laudo. Esto lo afirma el profesor Rolin, en nombre de Nicaragua: «es cierto que a finales del siglo XIX la práctica se consolidó definitivamente en torno a la necesidad de fundamentar las sentencias[2]».

15. El laudo arbitral entre Gran Bretaña y Venezuela se dictó a finales del siglo XIX, en una época en que, como señaló el profesor Rolin, la práctica general confirmaba la existencia de la obligación de fundamentar el laudo. El tribunal no cumplió con esta obligación. Por este motivo, el laudo es nulo.

II. La invalidez del Tratado de Arbitraje de 1897

16. Paso ahora a la invalidez del Tratado de Arbitraje.

17. Señor Presidente, miembros de la Corte, Venezuela y Guyana mantienen posturas opuestas respecto al papel desempeñado por Venezuela en la negociación del Tratado de Arbitraje.

18. Guyana pretende que Venezuela participó activamente en la negociación del Tratado[3]. Según Guyana, esto está plenamente documentado y no se ha refutado. El hecho de que Venezuela no haya desempeñado ningún papel en la negociación es —añade Guyana— simplemente parte de la mitología venezolana actual[4], producto de la imaginación de abogados que dirían cualquier cosa con tal de poder intervenir[5].

19. En resumen, Guyana atribuye a Venezuela la misma práctica de distorsión de los hechos que impregna su narrativa. Venezuela rechaza esta acusación infundada. La posición histórica de Venezuela se basa en una gran cantidad de evidencia concordante y contemporánea. Esta evidencia es el resultado de una investigación minuciosa y exhaustiva realizada por historiadores, comenzando con el trabajo fundamental llevado a cabo en la década de 1960 por los expertos venezolanos Hermann González-Oropeza y Pablo Ojer-Celigueta.

20. Los resultados de esta investigación histórica han sido confirmados por historiadores no venezolanos que han trabajado en la crisis venezolana. Por ejemplo, esta es la postura de un gran historiador británico, Robert Arthur Humphreys:

Estados Unidos, con el consentimiento británico, actuó en nombre de Venezuela, pero Venezuela misma no fue consultada, o mejor dicho… no fue consultada hasta el final de las negociaciones, y solo superficialmente. Venezuela, dijo Olney en una ocasión, «tiene que hacer exactamente lo que le digamos»; no mostró el menor deseo de que estuviera representada por uno de sus ciudadanos en el Tribunal de Arbitraje que propuso establecer; y cuando se llegó a un acuerdo final en Washington, a su presidente [Crespo] simplemente se le dio a entender que era «muy justo y equitativo» y que «más le valía acelerar su conclusión» o sería «perjudicial para su país»[6].

21. La postura de Humphreys no puede descartarse como parcial. Fue el primer catedrático de estudios latinoamericanos en el Reino Unido. Este fragmento proviene de un discurso pronunciado en la Royal Historical Society en 1967, cuando Humphreys era su presidente. Su postura coincide con la presentada por los expertos venezolanos en su momento.

22. El relato de Humphreys es el mismo que se encuentra en la alegación escrita de Venezuela y que se escuchó el miércoles. La actitud fraudulenta: al presidente venezolano Crespo simplemente se le hizo creer que el acuerdo era «muy justo y equitativo». La coacción: Venezuela «tiene que hacer exactamente lo que le digamos» y el presidente Crespo «más le vale acelerar su finalización» o sería «malo para su país».

23. El trabajo de los historiadores confirma que las injusticias sufridas por Venezuela no fueron un mito inventado, como Guyana pretende hacer creer, sino un hecho.

24. Sin embargo, el Tratado de 1897 no solo fue injusto, sino también inválido.

25. El texto del acuerdo presentado a Venezuela no era el mismo que el acordado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Venezuela no fue informada de las notas confidenciales intercambiadas entre Olney y Pauncefote.

26. Respecto a las Notas confidenciales, Guyana señaló el viernes pasado tres puntos:

Primero, Venezuela está ocultando su texto a la Corte[7];

Segundo, los dos representantes de Venezuela en Washington —Storrow y Andrade— tuvieron acceso a las Notas confidenciales[8];

Tercero, si Harrison, el principal abogado de Estados Unidos para Venezuela, desconocía la existencia de estas Notas, la culpa es de Venezuela[9].

27. Respecto al primer punto, señor Presidente, no hay nada que ocultar. El documento forma parte del expediente documental del presente caso desde hace tiempo[10]. Para mayor claridad, puede consultarlo nuevamente en la pestaña 58-A de los expedientes de los jueces. De esta nota se desprende claramente que Olney y Pauncefote habían acordado que la fecha clave para el cálculo del plazo de prescripción era la fecha de la firma del Tratado de Arbitraje y no podía ser 1814, como alegó inicialmente Venezuela basándose en una interpretación razonable del Tratado.

28. Respecto al segundo punto, no hay nada en los documentos presentados por Guyana que demuestre que el Ministro venezolano en Washington, Andrade, hubiera sido informado de esta nota confidencial, salvo el hecho de que, un día, Olney recibió a Andrade y a Storrow en su domicilio[11]. Esto no prueba nada.

29. Resulta difícil comprender por qué Olney calificó expresamente este documento como «estrictamente personal»[12], si al final todas las partes involucradas fueron informadas de su contenido.

30. Pero aún hay más. Permítanme retomar la carta que les presenté el miércoles pasado: la carta de Olney a Pauncefote, fechada el 24 de mayo de 1899. Como recordarán, esta carta es una respuesta a una carta en la que Pauncefote informaba a Olney de la intención de Gran Bretaña de presentar la Nota confidencial al Tribunal Arbitral. En su respuesta, Olney, tras recalcar que la negociación se llevó a cabo «principalmente mediante conversaciones personales informales o, en la medida en que las negociaciones fueron por escrito, mediante notas igualmente informales y privadas», pregunta a Pauncefote: «¿No cree que sería injusto que una de las muchas notas intercambiadas se seleccionara para su publicación mientras que el resto se mantuviera en secreto?».[13]

31. ¿Dónde estaría la injusticia si todas las partes — Estados Unidos, Gran Bretaña y Venezuela— estuvieran al tanto del contenido de estas Notas confidenciales, como afirma Guyana? ¿Injusto para quién? Ciertamente, no para Gran Bretaña ni para Estados Unidos. Ellos conocían la existencia de estos documentos. Si existe alguna cuestión de injusticia, la razón es clara: Venezuela jamás fue informada de la existencia, y mucho menos del contenido, de estas Notas confidenciales.

32. Respecto al Sr. Storrow, creo que no tengo mucho que añadir a lo que ya dije el miércoles y a lo que consta en los alegatos escritos de Venezuela[14]. Storrow es fundamental para la estrategia de Guyana. Analicemos la nota al pie 14 de la segunda ronda de alegatos orales de Guyana: todo gira en torno a la correspondencia entre Storrow y Olney[15]. Sin Storrow, el intento de Guyana de demostrar la participación de Venezuela en la negociación se desmorona. No hay pruebas de que Venezuela participara en la negociación, porque no lo hizo.

33. De hecho, la correspondencia entre Olney y Storrow confirma la ausencia de Venezuela en la negociación. Al leer esta correspondencia con atención, se observa que no hay ni una sola referencia a la posición del Gobierno venezolano. Cabría esperar frases como «Tengo instrucciones de Caracas» o «Necesito consultar al Gobierno venezolano». No se encuentra nada parecido en la correspondencia. Olney y su estrecho colaborador, Storrow, intercambian opiniones e impresiones como si Venezuela no existiera.

34. Finalmente, permítanme referirme a Harrison y su desconocimiento de la existencia de los documentos confidenciales. El argumento de Guyana es siempre el mismo: si Storrow conocía las Notas, Venezuela también lo sabía. Si Harrison desconocía las Notas, la culpa es de Venezuela. Guyana pretende que creamos que todo lo que Storrow o Harrison dijeron o hicieron reflejaba la postura del Gobierno venezolano. Esto carece de fundamento.

35. El miércoles pasado, Venezuela presentó múltiples pruebas que demostraban que ni Storrow ni Harrison eran leales a Venezuela. El viernes, Guyana ofreció una defensa tibia de Storrow. Ni siquiera intentó defender a Harrison.

36. De hecho, las pruebas demuestran, sencillamente, que Venezuela nunca fue informada de las Notas confidenciales. Pero si se necesitara más prueba, volvamos a examinar la carta que Olney envió a Pauncefote el 24 de mayo de 1899.

37. Olney reconoció con franqueza que Venezuela no podía haber tenido conocimiento de esta correspondencia confidencial, ya que él mismo había negado expresamente su existencia:

«Además, al ser consultado el verano pasado, en nombre de Venezuela, sobre la correspondencia diplomática anterior al Tratado, respondí que mi carta del 13 de julio de 1896 era el último documento registrado… El abogado de Venezuela… se sentiría sorprendido e irritado, y quizás con razón, si ahora se encontrara con un escrito que le habían hecho creer que no existía.[16]

38. Señor Presidente, Venezuela ha sido víctima de fraude y las pruebas que obran en su poder justifican ampliamente la conclusión de que el Tratado de Arbitraje es inválido y, en consecuencia, el Laudo es inválido.

39 Las pruebas que obran en su poder, así como la labor de los historiadores —tanto venezolanos como extranjeros—, también demuestran las injusticias sufridas por Venezuela. No es un mito; es un hecho.

40. Agradezco a la Corte su amable atención y pido, señor Presidente, que ceda la palabra al profesor Tams.

EL PRESIDENTE:

Agradezco al profesor Palchetti su declaración. Ahora cedo la palabra al profesor Christian Tams. Señor, tiene la palabra.

Sr. TAMS:

LA INVALIDEZ DEL LAUDO [2]

1. Señor Presidente, miembros de la Corte, es un honor dirigirme a ustedes con breves comentarios sobre la invalidez del Laudo Arbitral de 1899.

2. Señor Presidente, Guyana ha intentado fundamentar su caso en relación con este Laudo. Al principio, planteó la cuestión de la invalidez. Lo colocaron en un pedestal. El 3 de octubre de 1899, en la inauguración, se declaró: «El derecho internacional habló»[17]: Guyana añadió que habló a través de la voz de «juristas eminentes cuya capacidad jurídica, imparcialidad e integridad eran ampliamente reconocidas»[18], convirtiendo el 3 de octubre en un «día especial para el Estado de derecho a nivel internacional»[19].

3. Hemos avanzado mucho. Al concluir estas audiencias, el Laudo se presenta bajo una luz muy diferente. Guyana ya no defiende una postura positiva, sino que se ha vuelto defensiva, recurriendo a la intertemporalidad, el formalismo y la aquiescencia. Afirma que aún no se requería una justificación[20]. Impulsar un acuerdo —Está bien, dice.[21]. Venezuela lo aceptó, después de todo,[22] —sin importarle que enfrentara una guerra civil y amenazas militares. Y por supuesto: impugnar este Laudo, como ya han escuchado, abriría la veda.[23]

4. Señor Presidente, miembros de la Corte, si el Laudo de 1899 fuera un doctorado y Guyana su examinador, parece que hemos pasado de la máxima distinción a la excelencia, de los más altos honores a apenas lo suficiente para aprobar.

5. Ahora bien, por supuesto, Venezuela no acepta que este Laudo “apruebe” ninguna prueba. Pero creemos que el nuevo enfoque de Guyana refleja las aclaraciones que han surgido en este proceso. Destacaré tres de ellas.

I. La cuestión de los títulos

6. Comienzo —brevemente— con la cuestión de los títulos territoriales. Estos títulos, según el Artículo III, el Tribunal debía “investigar y determinar”, independientemente de cualquier determinación de límites, y no lo hizo. Guyana argumentó el viernes que el Tribunal había decidido sobre los títulos de propiedad por implicación al trazar su línea fronteriza[24].

7. Pero esta interpretación —una decisión por implicación— socava el Artículo III y la posición de las Partes. Las Partes abordaron los títulos de propiedad como una cuestión autónoma. Como ejemplo, en la diapositiva se muestran extractos de la contraargumentación de Venezuela. Se trata de la sección final titulada «Sentencia invocada». En esta sección final, Venezuela solicitó al Tribunal que dictara sentencia, entre otras cosas, sobre «el descubrimiento de América por España» y su relevancia jurídica, sobre «su título original sobre toda la región». E insistió en que «la ocupación actual por Gran Bretaña… no puede servir de base para la titularidad». Alegaciones explícitas sobre la titularidad.

8. Señor Presidente, el Tribunal no pudo —o no lo hizo— responder a estas alegaciones explícitas. Hacerlo habría constituido un incumplimiento de su deber.

II. El régimen de navegación

9. Mi segundo punto, igualmente breve: el régimen de navegación para los ríos Amakuru y Barima.

10. Las Partes concuerdan ahora en que el Tribunal no tenía un mandato explícito para imponer tal régimen de navegación. La referencia de Guyana al Artículo IV (c) del Tratado[25] ignora la redacción clara y estricta de la disposición (que, como sugerí el miércoles, trata sobre la “determinación de la línea fronteriza”, y no sobre ninguna otra cosa)[26]. El viernes, Guyana le remitió a un pasaje de los alegatos, donde Venezuela —según Guyana— había aceptado que el Artículo IV (c) otorgaba al Tribunal el derecho a decidir sobre aspectos relacionados con las relaciones jurídicas entre las partes[27].

11. Pero, señor Presidente, este pasaje no beneficia a Guyana. En dicho documento, Venezuela no abordó la navegación —las partes nunca lo hicieron—, sino el impacto de la eventual decisión sobre los límites en las concesiones y donaciones de tierras existentes[28]. Este es el contexto para el que pudo haberse concebido el artículo IV (c). La navegación no lo es, ni mucho menos (ni por imaginación ni por razonamiento jurídico). Al pronunciarse sobre la navegación, el Tribunal demostró la misma actitud negligente que caracterizó su fracaso al no decidir sobre los títulos legales. Actuó claramente extralimitándose en sus funciones.

III. El proceso de toma de decisiones del Tribunal

12. Señor Presidente, mi tercer punto: el proceso mediante el cual se llegó a la decisión. ¿Fue el laudo el resultado de un acuerdo, como señaló el Sr. Mallet-Prevost en su memorándum?

13. El lunes pasado, Guyana acusó a Venezuela de haber «abierto ante nosotros un mundo de teatro y ficción, no de derecho ni de hechos»[29]. Afirmó explícitamente que «las alegaciones sobre las conversaciones del Sr. Mallet-Prevost son manifiestamente falsas o carecen por completo de corroboración»[30]. Palabras contundentes. Sin lapsus.

14. Pero ¡qué diferencia hace una semana! El viernes, Guyana sonaba muy diferente:

(i) Las conversaciones privadas relatadas por Mallet-Prevost, pero también por los Lores Russell y Martens (a las que les había hecho llegar), no eran las únicas, según parece indicar ahora Guyana. El Tribunal también celebró sesiones ordinarias e inicialmente (parece decir ahora Guyana) los árbitros sí presentaron opiniones jurídicas.[31].

(ii) En cuanto a la insistencia del Presidente Martens en imponer un acuerdo, Guyana sostiene ahora que el Presidente actuó impulsado por una búsqueda de unanimidad perfectamente honorable[32].

15. Señor Presidente, responderé a estos puntos en breve. Pero antes de hacerlo, permítame afirmar una cosa con total claridad. Respecto a la cuestión central, Guyana ya no tiene nada que decir. ¿Son «carentes de corroboración» las afirmaciones de Mallet-Prevost sobre la forma en que se concertó el acuerdo? ¿Son, tal como afirmó Guyana hace exactamente una semana en esta sala, «demostrablemente falsas»? Por supuesto que no. Todo lo contrario. Estas audiencias orales han corroborado que las conversaciones descritas por el Sr. Mallet-Prevost —confirmadas por Lord Russell y el Presidente Martens— efectivamente tuvieron lugar. Han demostrado que, durante estas «conversaciones», el Tribunal determinó la línea fronteriza. Se trató de un acuerdo político. Guyana ya no lo cuestiona, y celebramos su cambio de postura al respecto: la cuestión central.

16. ¿Qué decir de los intentos de Guyana por justificar este hecho —ahora indiscutido—? Pues bien, Guyana no puede ignorar lo que ocurrió durante los seis días de deliberaciones. Lo que Guyana sostuvo el viernes fue que los árbitros formularon inicialmente argumentos jurídicos. Pero cuando se alcanzó la decisión —cuando se concertó el acuerdo—, el derecho guardó silencio.

17. Señor Presidente, miembros de la Corte: la misión del Tribunal de París no consistía en ensayar la aplicación de normas jurídicas para, en caso de fracasar, concertar un acuerdo político. Su mandato era claro: debía decidir basándose en los principios del derecho internacional. Sin embargo, tras las alegaciones presentadas por Guyana el viernes, resulta evidente que se trató de un acuerdo político[33]; un acuerdo político impuesto por el Presidente Martens, cuya línea —como demostrará en breve el Profesor Thouvenin— no se fundamentaba ni en títulos ni en la ocupación. Una línea de conveniencia, basada en una amalgama de líneas británicas carente de todo fundamento jurídico.

18. Ahora bien, Guyana sostiene que este «acuerdo» formaba parte de una loable búsqueda de unanimidad, por la cual no cabe reprochar nada al Presidente Martens. La respuesta a este argumento puede ser breve:

19. Puede ser breve, ya que el mandato aborda la cuestión. El Tribunal debía dictar una decisión jurídica[34] y, como dejaba claro el Artículo V, debía hacerlo «por mayoría». La búsqueda de la unanimidad no justificaba el acuerdo. En todo caso, demuestra que el Tribunal operaba en su propio universo. Un universo en el que las predilecciones personales de un presidente prevalecían sobre los términos del mandato.

20. Señor Presidente: al debatir el viernes el «acuerdo» del Tribunal, Guyana remitió a usted a los escritos del expresidente Bedjaoui sobre la «manufactura» o «fabricación» de los fallos de la CIJ, sugiriendo que ello podría ayudarnos a evaluar el Laudo de 1899. Estamos de acuerdo. Coincidimos en que, tal como sugirió Guyana, esta «manufactura» implicará un «toma y daca» —aunque no puedo dejar de añadir que el presidente Bedjaoui reflexionaba sobre el toma y daca que conllevaba inevitablemente la redacción de los fundamentos de un fallo[35]—. Para nuestros fines, nos parece más pertinente otro pasaje del escrito del presidente Bedjaoui. En este otro pasaje, el presidente Bedjaoui formuló una clara línea roja, y sugerimos que esto resulta clave para valorar el Laudo de 1899. Esto fue lo que dijo: «[N]unca debe olvidarse… que es deber absoluto de un juez rechazar cualquier compromiso incompatible con su más íntimo sentido de la justicia y de los límites del razonamiento que pueda conducir a ella»[36].

21. Este deber absoluto fue ignorado por los miembros del Tribunal al concertar su acuerdo, tal como han puesto de manifiesto estas audiencias orales. Es tan sencillo como eso.

22. Señor Presidente, miembros de la Corte: permítanme concluir con una última observación. Se refiere al nexo de unión entre los tres excesos de poder que acabo de exponer. Estos apuntan a una conclusión ineludible: este tribunal no mostró respeto alguno por los términos mediante los cuales las partes habían definido su cometido. Operó conforme a su propia lógica: decidiendo aquello que no se le había solicitado; ignorando aquello que debía decidir; y vulnerando su «deber absoluto» de fallar sobre la base del derecho. Podríamos afirmar, tal como lo hemos hecho en los escritos procesales, que al dictar este Laudo, este tribunal «actuó por libre».

23. A pesar de las forzadas alegaciones de Guyana en sentido contrario, el resultado de este Laudo «anómalo» fue un desastre para Venezuela. La línea de compromiso del Presidente Martens otorgó a Gran Bretaña más del 90 por ciento del territorio en disputa. Y lo que Venezuela conservó (el control de la desembocadura del Orinoco) no fue, en realidad, En disputa: como Lord Russell había señalado, durante el proceso «Gran Bretaña admitió explícitamente que el Orinoco era venezolano».[37].

24. La revista Punch, como de costumbre, supo interpretar el Laudo. Comprendió el mensaje central que Guyana intenta ocultar. La caricatura de Punch del 11 de octubre de 1899 aparece en la diapositiva. Se titula «Paz y Abundancia». Muestra al Primer Ministro Lord Salisbury, riendo, como se indica en el pie de foto, apenas capaz de retener todo lo que este arbitraje le brindó a Gran Bretaña: territorio, minas de oro, todo ello envuelto en la Union Jack. El pie de foto dice: «Me gusta el arbitraje. En el lugar adecuado».

25. Señor Presidente, miembros de la Corte, este arbitraje puede haber traído «abundancia» para Gran Bretaña, pero no trajo «paz». En medio de la guerra civil, enfrentando constantes amenazas de invasión militar —desde el ultimátum británico de 1895 hasta el aplastante bloqueo que las potencias europeas le impusieron poco después— Venezuela no estaba en condiciones de reaccionar de manera efectiva.[38] Como muchas otras naciones en situaciones coloniales o cuasi-coloniales, Venezuela tuvo que mostrar valentía. Tuvo que aceptar el Laudo de 1899, que implementó la coerción mediante la formalidad de la ley.[39] Si me permiten usar el lenguaje de los exámenes de doctorado, este premio no merece ni una mención honorífica ni siquiera un reconocimiento; es un fracaso.

26. Con esto concluyen, señor Presidente, mis observaciones de hoy. Le agradezco su atención y le pido que llame al podio al profesor Jean-Marc Thouvenin.

El Presidente: Agradezco al profesor Tams. J’invite maintenant le professeur Jean-Marc Thouvenin à prendre la parole. Vous avez la parole, señor.

Sr. THOUVENIN: Merci beaucoup, señor presidente.

SUPUESTA RENUNCIA POR CONDUCTA AL DERECHO DE VENEZUELA A RECLAMAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL DE 1899

1. Cartas

1. Señor Presidente, Señorías, antes de abordar el tema que me ha sido asignado, dos observaciones podrían serles útiles para sus deliberaciones. Primero, con respecto a los bocetos, mapas y líneas. Consideremos el boceto que el Sr. Reichler les presentó con autoridad el viernes para justificar, como todos recordarán, que la ocupación española entre los ríos Orinoco y Esequibo hasta 1799 existió únicamente en la mitad occidental de la zona, y que «ninguno de los asentamientos se encontraba en el territorio adjudicado a Gran Bretaña».[40] En resumen, el fallo habría otorgado a Venezuela toda la zona que la misión española había ocupado históricamente.[41]

2. Sin embargo, al examinarlo con más detenimiento, se observa que, en el cuadrante sureste de la zona, en la esquina inferior derecha, muy cerca del río Esequibo, se encuentra una fortificación española llamada «Castillo El Burgo».

3. Un poco más al norte, en la parte superior derecha, en la costa inmediatamente al oeste de la desembocadura del río Esequibo, entre Cidadello de Pomorón y Cidadellos de Moroco, se encuentra la Misión de Santa Rosa de Moroco. Se trata de una misión capuchina de la misma naturaleza que las de la parte occidental del área que Guyana aparentemente reconoció como ocupación española. Y se ubica justo en medio del territorio otorgado a la Corona británica por el arbitraje de 1899.

4. Pero veamos otros mapas.

5. Así veían los españoles la frontera con la Guayana Neerlandesa en 1778, en el río Moroco, ligeramente al oeste del Esequibo.

6. Así veían los británicos la frontera con la Guayana Neerlandesa en 1806: en el Esequibo.

7. La misma vista desde Londres en 1822.

8. Así veían los ingleses la frontera sobre el terreno. En concreto, Hadfield, cartógrafo oficial del Imperio Británico, recibió el encargo específico del gobernador de la colonia británica de la Guayana Británica de cartografiar sus límites. Este es el mapa oficial de Hadfield de 1838. El límite occidental de la colonia británica se muestra en el río Pomorón, muy cerca del río Moroco. La siguiente anotación también es visible tierra adentro:

«El Cuyuni y una parte considerable del Masseroony aún permanecen inexplorados». En resumen, mientras que el viernes se les aseguró que «la evidencia demuestra la ocupación continua del territorio por los holandeses y luego por los británicos»,[42] los británicos, sobre el terreno, afirmaban lo contrario.

9. Pero Londres tenía otras ambiciones y había encargado a Schomburgk el establecimiento de una línea puramente imaginaria. Esta es la línea oficial de reclamación británica de 1840, como explica Sir Edward Hertslet en el memorándum de septiembre de 1886 que cité el miércoles, el cual encontrarán en sus archivos bajo la pestaña n.° 61. ¿Cómo puede justificarse legalmente tal diferencia con la línea del mapa de Hadfield? Es imposible.

10. En 1844, evidentemente sin dar crédito a la línea de Schomburgk, que había sido vehementemente rechazada por Venezuela,[43] se presentó la línea de Aberdeen. Esta es la Línea Verde, que se extiende —como pueden ver— desde el cabo Nassau hasta la desembocadura del río Morocco. Si bien el punto de partida en la costa podría tener sentido y, como recordamos, convenció a los árbitros estadounidenses, es difícil comprender por qué se extiende a territorios que los británicos admitieron no haber explorado. Obviamente, no existe justificación legal.

11. Disculpe, señor presidente, permítame continuar. Schomburgk falleció en 1865; sin embargo, en 1875 apareció repentinamente una nueva Línea Schomburgk, la línea amarilla que ven aquí. ¿Base legal? Ninguna.

12. Luego, en 1881, se estableció la Línea Granville, la línea azul. Les recuerdo que toda ocupación territorial se había congelado desde 1850. Sin embargo, aquí está, invadiendo aún más territorio hacia el oeste. ¿Por qué? Probablemente porque esa era una prerrogativa del Imperio. 13. En 1886, aquí está la Línea Rosebery, en rosa, que simplifica la Línea Schomburgk de 1875 con líneas rectas. Tan fantasiosa como las anteriores, se curva ligeramente hacia el este en comparación con la línea de Granville. ¡Sacrilegio!

14. Pero, en 1887, aparece una nueva «línea de Schomburgk», en rojo. Schomburgk llevaba 22 años muerto, pero, milagrosamente, su nueva línea sigue en gran medida la línea de Granville de 1881, que, por desgracia, no se basaba en la línea de Schomburgk de 1875, lamentablemente adoptada por Rosebery.

15. Luego llegó la segunda Línea Rosebery de 1893, en negro —por fin había comprendido el juego de las líneas—, seguida de la «reclamación británica extrema» de 1896, otra «pista falsa», como diría un inglés.

16. El fallo de 1899 reitera esencialmente la Línea Schomburgk de 1887, que se corresponde en gran medida con la Línea Granville de 1881, pero ajustada, hacia el norte, con una pequeña sección de la Línea Rosebery de 1886, como para no ofender a ningún lord. Es un mosaico, un compromiso, un «acuerdo», pero no entre las reclamaciones venezolanas y británicas, sino entre las diversas reclamaciones británicas de 1881, 1886 y 1887. ¿Qué fundamento jurídico tiene en el derecho internacional? Ninguno.

II. La Declaración de Iribarren Borges de 1966

17. Paso ahora a una segunda serie de observaciones, que conciernen a la Declaración de Iribarren Borges. Fue realizada aproximadamente un mes después de la firma del Acuerdo de Ginebra. Es la clave falsa o la clave defectuosa que Guyana utilizó durante todo este proceso.[44]

18. El miércoles pasado indiqué que se trata de una declaración «política, errónea y sin fuerza legal».[45] En lugar de llamarme Pinocho, que es quizás lo que algunos pensaron en privado, me dijeron que era osado al hacer una declaración tan «enorme» y «asombrosa».[46] Cyrano de Bergerac respondería a su detractor: «¡Eso es un poco corto, jovencito! Se podría decir… ¡Oh, Dios!… tantas cosas, en resumen… Variando el tono, por ejemplo, considérese: [Abogado…]»[47]. Sí, «Abogado». No se trata de la diatriba de Cyrano, pero sí es el tono de un abogado el que debe adoptarse para evaluar, desde un punto de vista jurídico, la Declaración de Iribarren Borges.

19. ¿Es una declaración interpretativa? Ciertamente no, y esto nunca se ha debatido. ¿Es una reserva? Probablemente no. ¿Es entonces un acto que se enmarca dentro de las disposiciones del derecho consuetudinario codificado en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? Tampoco. Por lo tanto, ¿qué efecto jurídico podría tener en la interpretación del acuerdo de ¿Ginebra? Ninguna. Se trata de una declaración interna con fines políticos nacionales, realizada después de la entrada en vigor del tratado.

20. ¿Es esta una declaración fiable? Iribarren Borges afirma lo siguiente sobre el Artículo VII: «Con respecto al Artículo 7, es evidente que cuando la ley que aprueba el Acuerdo se someta a este Congreso Soberano, el Acuerdo entrará en vigor tras la ratificación de dicha ley».[48] Falso. El Artículo VII estipula que el acuerdo entró en vigor desde su firma.

21. ¿Por qué Iribarren Borges presentó el Acuerdo de Ginebra de forma tan imprecisa? No importa. Confiar en él es, en cualquier caso, sumamente arriesgado. Esto es lo que dice sobre el Artículo IV: «Según los términos del Artículo 4, en caso de que no se alcance una solución satisfactoria para Venezuela, el llamado Laudo de 1899 será revisado mediante arbitraje o recurso judicial». [49]

22. Por lo tanto, si la labor de la Comisión Mixta no produce una solución satisfactoria para Venezuela, el laudo debe ser revisado mediante arbitraje o resolución judicial, es decir, reescrito. Si su texto no se reescribe,[50] entonces, según Iribarren Borges, no cabría impugnar la validez del laudo por la vía judicial.

23. Señor Presidente, Guyana no puede seleccionar de la Declaración de Iribarren Borges lo que le conviene —su interpretación totalmente incomprensible del Artículo V del acuerdo, que ha explotado— e ignorar o distorsionar lo que no le conviene. Venezuela, por su parte, se adhiere al Acuerdo de Ginebra, y solo al Acuerdo de Ginebra.

III. La supuesta renuncia de Venezuela a su derecho a invocar la nulidad del laudo de 1899

24. Paso ahora a mi punto principal: ¿qué hay de la supuesta renuncia de Venezuela a su derecho a invocar la nulidad del laudo? El argumento es inadmisible (A) e infundado (B).

A. El argumento de Guyana es inadmisible en el marco de la aplicación del Acuerdo de Ginebra.

25. Venezuela afirma y sostiene que este argumento guyanés no tiene cabida en el marco de la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Durante lo que he denominado el «proceso de Ginebra», la posición del Reino Unido sobre la controversia central del Acuerdo de Ginebra nunca se refirió a la conducta de Venezuela tras el laudo de 1899.[51]

26. El único punto de desacuerdo entre las partes radicaba en la existencia, o inexistencia, de pruebas de la invalidez del laudo en sí. La Corte señaló esto en 2020, observando que las discusiones entre las partes sobre la invalidez del laudo de 1899 se habían centrado exclusivamente en “la documentación relacionada con el mismo para evaluar el fondo de la posición de Venezuela respecto a su invalidez”, que este examen “fue realizado por el Gobierno del Reino Unido”,[52] y que “fue sobre esta base que se llevaron a cabo las reuniones posteriores celebradas en Ginebra en febrero de 1966, al término de las cuales se adoptó el acuerdo”.[53]

27. Durante este proceso, los británicos no presentaron los mapas publicados por Venezuela desde 1905. Tampoco presentaron los recortes de prensa desenterrados la semana pasada[54] por una Guyana preocupada por repasar sus alegatos legales.[55] Y durante las reuniones de la Comisión Mixta establecida por el Acuerdo de Ginebra, Guyana no dijo nada sobre la conducta de Venezuela después de 1899, limitándose a invitar a Venezuela, en sus propias palabras, “a presentar pruebas y argumentos que respalden su afirmación fundamental de que el Laudo Arbitral de 1899 era nulo y nulo.”[56]

28. Fue a partir de 1981 que Guyana formuló este argumento.[57] Fue entonces cuando Guyana comenzó a “exponer el caso”. No tiene derecho a hacerlo por motivos de preclusión.

29. Lo expliqué el miércoles pasado.[58]¿La respuesta de Guyana? Ninguna.

B. El argumento de Guyana carece de fundamento

30. Sin embargo, consideremos el argumento basado en la inacción de Venezuela.

31. En su conferencia en la Academia sobre “Prescripción en Derecho Internacional”, Roger Pinto sostiene que la inacción del titular de un derecho solo le es vinculante cuando carece de justificación.[59] Esta ratio decidendi constituye el fundamento de la decisión de la Corte en el caso del Laudo del Rey de España. Nicaragua no ofreció justificación alguna para su demora en alegar la supuesta nulidad del laudo.

32. De esto se derivan dos preguntas.

33. En primer lugar, ¿es injustificado no exigir la nulidad de un laudo arbitral cuando se temen represalias al hacerlo? Ciertamente no.

34. Nuestros oponentes no parecen cuestionar el principio, sino la coacción en este caso particular, y desafían a Venezuela: «¿Dónde están las pruebas contemporáneas?».[60] Desafío aceptado: cualquiera puede consultar las pruebas documentales en las que se basa Venezuela, por ejemplo, releyendo detenidamente los alegatos de mi colega, el profesor Azaria,[61] así como la réplica de Venezuela.[62]

35. Además, basta con remitirse al informe del Ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Rafael Seijas, del 4 de mayo de 1900, utilizado selectivamente por Guyana,[63] lo cual es razonable. Pero aquí están los extractos relevantes sobre la imposibilidad de impugnar la sentencia ya en 1900:

No debe asumirse que la revocación del laudo por parte de Venezuela tendría éxito. … [El cambio en la postura política de Estados Unidos] no permite albergar la esperanza de que el rechazo del fallo sea bien recibido en Washington, y menos aún considerando que los dos árbitros estadounidenses compiten en el caso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No debemos confiar en esta (protección) en este caso.

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En cuanto a Gran Bretaña, cuyo desprecio por los débiles es notorio y su persistencia en apoderarse de la desembocadura de nuestro gran río, un plan que lleva gestando desde finales del siglo XVIII, se considera que no solo no estaría de acuerdo con la opinión de Venezuela de que el caso debería reabrirse, sino que se aprovecharía de ello para conservar lo que aún posee y, muy probablemente, extender su injerencia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esto requeriría razones muy sustanciales. [64].

Y aquí se refería a la impugnación de la sentencia.

36. Independientemente de lo que digan nuestros críticos históricamente descontentos, Venezuela se enfrentó a una flagrante injusticia, una que no celebró, y sin los medios para denunciarla sin «razones sustanciales» —es decir, sin pruebas—, enfrentándose a una prolongada situación de coerción que no era meramente estructural, sino muy real, como Venezuela aprendió a su costa poco después del Acuerdo de París, cuando sus protestas contra el imperialismo europeo fueron brutalmente reprimidas durante la Bloqueo de 1902.

37. Segunda pregunta: ¿Está justificada la inacción por falta de pruebas? Esta siempre ha sido la postura de Venezuela.

38. En la nota del 22 de febrero de 1962, en la que Venezuela afirmó formalmente la nulidad del laudo de 1899,[65] el representante venezolano declaró con toda claridad que «las extrañas circunstancias en las que se dictó la decisión de París comenzaron a manifestarse desde el mismo día de la decisión; pero no fue sino hasta varias décadas después que se pudo confirmar la verdad de lo ocurrido».[66]

39. Unos días antes, el 14 de febrero de 1962, en una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el representante de Venezuela también había escrito: «Cuando obtuvo pruebas claras de los defectos que invalidan [el laudo de 1899], el Gobierno de Venezuela se reservó explícitamente sus derechos».[67]

40. Guyana adopta una estrategia de avestruz, negándose a escuchar y confundiendo deliberadamente dos cosas muy distintas: tener dudas, basadas en confidencias, impresiones o análisis periodísticos[68] —lo que denomina «conocimiento»[69]— y poseer pruebas. Venezuela afirma que no tenía pruebas hasta la publicación del memorándum Mallet-Prévost.

41. El silencio de Guyana sobre este punto resulta aún más incomprensible dado que el proceso de Ginebra se inició exclusivamente —como ya se ha dicho— en torno a la cuestión de las pruebas documentales relativas a la sentencia de 1899, una cuestión que solo surgió con la primera prueba, el memorándum Mallet-Prévost. La sentencia de 2020 refleja esto.[70] —como ya he indicado.

42. Pero volvamos a las pruebas. Cabe recordar que, en este mismo tribunal, el lunes por la tarde, se cuestionó la integridad del Sr. Mallet-Prevost y del Sr. Schoenrich.[71] Este ejercicio, por más absurdo que parezca, resultó tan inútil como fútil, puesto que el viernes Guyana finalmente reconoció que los hechos que Mallet-Prevost presenció de primera mano y describió en su memorándum estaban «razonablemente establecidos».[72]

43. ¡Por fin! Guyana tardó 64 años en reconocer el valor probatorio del memorándum de Mallet-Prevost. Esta fue, de hecho, la primera prueba que Venezuela necesitó para impugnar el laudo.

44. A partir de ahí, como dije el miércoles, Venezuela consultó los archivos que acababan de hacerse públicos — accesibles en cualquier caso —, en particular los del Ministerio de Relaciones Exteriores y ciertos archivos estadounidense, en la medida en que pudo acceder a ellos.[73]

Esto lleva algo de tiempo; ¿quién podría afirmar que, en 1950, no se necesitó algo de tiempo para actualizar estos archivos?

45. Guyana acusa a Venezuela de haber mantenido un silencio culpable entre 1949 y 1962.[74] Esto es incorrecto. Si bien buscaba pruebas adicionales tras revisar el memorándum Mallet-Prévost, Venezuela buscó de inmediato proteger sus derechos.

46. ​​En marzo de 1951, el representante venezolano declaró durante la IV Reunión Consultiva de Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas:

“En opinión del Gobierno de Venezuela, ningún cambio de estatus que pueda ocurrir en la Guayana Británica como consecuencia de la situación internacional, de las medidas que se adopten en el futuro o del avance de los habitantes del territorio hacia la autodeterminación impedirá que Venezuela, en vista de las circunstancias especiales que prevalecían cuando se definió la línea fronteriza con la Guayana Británica, insista en su justa demanda de que el agravio sufrido por la Nación en esa ocasión sea reparado mediante una rectificación equitativa de la frontera.”[75]

47. En marzo de 1954, en una declaración realizada en la X Conferencia Interamericana, el representante venezolano reiteró solemnemente que no cabía la posibilidad de que Venezuela renunciara a su derecho.[76] Y en 1962, se inició el Proceso de Ginebra, por invitación de los británicos.

48. Señor Presidente, Sus Señorías, sin pruebas, no se puede invocar la inacción. De lo contrario, el mecanismo de revisión de sentencias, que no es objeto de este debate pero con el que se puede establecer una comparación o paralelismo, carecería de sentido. Venezuela actuó cuando los hechos estaban «razonablemente establecidos». Por lo tanto, la cronología de la impugnación de la sentencia de 1899 demuestra que hizo valer sus derechos de manera oportuna.

IV. La Demarcación de 1905

49. Señor Presidente, antes de concluir, diré unas palabras sobre el acuerdo de 1905, que Guyana considera muy importante.[77] Invito a los intérpretes a pasar directamente al párrafo 54.

50. El acuerdo de 1905 es, y solo es, un acuerdo que interpreta, sobre el terreno, el laudo de 1899; es decir, en otras palabras, un acuerdo de delimitación.

51. Guyana se basa en el laudo del caso Desert Lagoon[78] para afirmar que se trata de un acuerdo independiente del laudo arbitral y que subsistiría incluso si este último fuera declarado inválido. Es independiente, nadie lo duda, pero no puede subsistir si el laudo se declara inválido, ya que simplemente lo interpreta. Si el laudo se anula por inválido, el acuerdo que lo interpreta pierde su propósito fundamental. Dado que la circunstancia que constituía la base esencial de este acuerdo era el laudo arbitral de 1899, la invalidez de este último constituye, sin duda, un caso típico de cambio fundamental de circunstancias que inevitablemente extingue el acuerdo de delimitación.

52. Señor Presidente, señoras y señores de la Corte, habiendo agotado, si no su paciencia, al menos el tiempo que se me ha asignado, concluyo agradeciéndoles su atención y solicitando que llamen al profesor Zimmermann al estrado.

EL PRESIDENTE: Agradezco al profesor Thouvenin. Ahora llamo al profesor Andreas Zimmermann al estrado. Señor, tiene la palabra.

Sr. Zimmermann:

Interpretación del Acuerdo de Ginebra

A. Introducción

1. Señor Presidente, miembros de la Corte, ahora me referiré a los argumentos presentados finalmente por el abogado de Guyana en relación con el Acuerdo de Ginebra, aunque escasos, limitándome a consideraciones legales.

2. De entrada, observo los numerosos argumentos que el abogado de Guyana optó deliberadamente por no abordar al respecto, y creo que esto no fue una mera coincidencia, sino más bien un reconocimiento implícito de que no tenían nada que decir sobre ellos. 3. 3. Esto incluyó:

— el historial de redacción del Acuerdo de Ginebra[79],

— el argumento basado en el propio título del Acuerdo[80],

— el preámbulo del Acuerdo de Ginebra[81],

— el argumento basado en el artículo II, párrafo 3, del Acuerdo de Ginebra[82],

— los argumentos basados ​​en el artículo IV, párrafos 1 y 2, del Acuerdo de Ginebra[83],

— el argumento basado en la práctica posterior de las partes[84],

— mis argumentos basados ​​tanto en el Protocolo de Puerto España, que una vez más ni siquiera se mencionó, como en la práctica derivada del mismo,

— y, finalmente, el argumento basado en la interpretación que el Secretario General de las Naciones Unidas hizo del Acuerdo de Ginebra[85].

4. Esto me lleva a abordar los artículos I y V del Acuerdo de Ginebra.

B. Artículo I del Acuerdo de Ginebra

5. Sin embargo, una vez más, también con respecto al Artículo I del Acuerdo de Ginebra, algunos de los argumentos de Venezuela no fueron abordados, a saber:

—  que la Comisión Mixta, dada la redacción del Artículo I, no había sido encomendada para dirimir la controversia entre Venezuela y el Reino Unido “en cuanto a la validez del Laudo Arbitral de 1899”[86];

—  ni que la Comisión Mixta hubiera sido encomendada para decidir nada, y mucho menos para decidir la cuestión de la validez del Laudo.

6. En cambio, la Comisión Mixta, al igual que los demás actores que ahora actúan en virtud del Artículo IV, tenía la tarea de buscar una solución práctica a la controversia y encontrar soluciones satisfactorias a la misma.[87]

7. Antes de continuar, cabe señalar, de paso y de hecho de forma significativa, que a diferencia del Acuerdo de Washington, que se refería a una «solución» en sí misma[88] que debía alcanzarse mediante arbitraje, el Acuerdo de Ginebra, en cambio, apuntaba específicamente a una «solución práctica» —«solución», «solución práctica»— que un laudo arbitral confirmado obviamente no podía constituir.

8. Finalmente, el abogado de Guyana al menos intentó refutar mi argumento basado en el uso, por parte de las partes, en el Artículo I del término «controversia» en lugar del término «disputa», y la referencia implícita a la controversia fronteriza general que ya se había abordado en el Tratado de Washington de 1897.[89] Al hacerlo, el abogado de Guyana alegó que el Artículo I del Acuerdo de Ginebra se refiere, y cito textualmente al abogado de Guyana, a «una controversia sobre la alegación de Venezuela de que el Laudo es nulo y sin efecto»[90]. Así lo describió el abogado de Guyana.

9. Pero, como puede verse, esto no es lo que dice el Artículo I del Acuerdo de Ginebra. El Artículo I no se refiere a «una controversia sobre la alegación de Venezuela de que el Laudo es nulo y sin efecto», como afirmó el abogado de Guyana. En cambio, y por el contrario, se refiere a «la controversia que ha surgido como resultado de la alegación de Venezuela de que [el Laudo] es nulo y sin efecto».

10. Obviamente, fue la alegación de Venezuela sobre la nulidad lo que reavivó la controversia fronteriza subyacente y lo que, por lo tanto, surgió, como lo indica el Artículo I. Y, en consecuencia, fue esa controversia fronteriza, ya abordada en el Tratado de Washington de 1897, que había surgido nuevamente debido a la alegación de Venezuela, la que debía resolverse en virtud del Acuerdo de Ginebra mediante negociación.

11. Esto me lleva al Artículo V del Acuerdo de Ginebra, y me complace enormemente que finalmente hayamos comprendido la interpretación que Guyana le da a dicho artículo. Sin embargo, el Artículo V no respalda los argumentos de Guyana. Permítanme señalar varios puntos:

C. Artículo V del Acuerdo de Ginebra

12. En primer lugar, y según su clara redacción, el Artículo V tiene por objeto preservar las reclamaciones de soberanía territorial de ambas partes. Al mismo tiempo, no hay indicio alguno en el texto del Artículo V de que su propósito fuera impedir una futura solución práctica a la controversia fronteriza. ¿Y cómo podría ser de otra manera, dado que este es precisamente el objeto y propósito del Acuerdo?

13. En otras palabras, Venezuela no alega que el Acuerdo de Ginebra pretendiera dejar sin efecto ninguna reclamación de soberanía territorial por parte de Guyana, ni de Venezuela. Esto confirma, una vez más, que la controversia gira en torno a la disputa fronteriza en su conjunto y a cómo resolverla, y, por lo tanto, como explicará el Profesor Mbengue, es la verdadera cuestión que se plantea ante la Corte.

14. En cambio, Venezuela argumenta que el Acuerdo de Ginebra buscaba establecer un mecanismo para alcanzar una solución práctica que abordara las reclamaciones territoriales tanto de Guyana como de Venezuela, a saber, mediante negociaciones. Esto se desprende de la primera línea del artículo V, párrafo 1, que dispone que su objetivo es “facilitar la mayor cooperación y comprensión mutua posible” entre las partes.

15. Por consiguiente, el artículo V del Acuerdo de Ginebra apoya, en lugar de impedir, una solución práctica a la controversia fronteriza mediante negociación, como única vía posible para avanzar, dejando sin efecto jurídico alguno el Laudo de 1899.

16. En segundo lugar, cabe señalar que Guyana pretende hacer valer su reclamación territorial mediante una sentencia de este Tribunal, con la esperanza de que confirme la validez del Laudo. Según la interpretación que hace Guyana del artículo V, párrafo 2, ningún acto o actividad posterior a 1966 constituirá fundamento para afirmar o sustentar una reclamación de soberanía territorial. Pero, ¿cómo puede Guyana ahora afirmar la validez del Laudo al presentar unilateralmente, en 2018, su caso basándose en la supuesta cláusula de compromiso del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra?

17. Así pues, según la interpretación de Guyana, el artículo V excluye la posibilidad de ampararse en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra para que la Corte reconozca la validez del Laudo y la consiguiente soberanía territorial de Guyana.

18. Esta interpretación del artículo V se confirma en la sentencia de la Corte en el caso del Golfo de Maine. En dicho caso, el párrafo 2 del artículo III del acuerdo transaccional preveía una cláusula similar de «sin perjuicio» a la contenida en el artículo V. Su finalidad era excluir ciertas reclamaciones de las partes del ámbito del acuerdo.[91] La Sala de la Corte determinó que las partes «han optado por reservarse, como objeto de futura negociación directa con miras a un acuerdo, la determinación del trazado de la línea de delimitación entre el límite internacional y el punto A».[92] La Sala de la Corte concluyó entonces que la «intención de las partes… de recurrir a la solución judicial debe interpretarse dentro de los límites en que fue concebida y expresada».[93]

19. En consecuencia, la Sala de la Corte continuó diciendo que, en la tarea que le ha sido encomendada, debe «ajustarse a los términos en que las Partes han definido dicha tarea»[94].

20. En el Acuerdo de Ginebra, el artículo V es una cláusula similar de «sin perjuicio». Sin embargo, su alcance no se limita a ciertas posiciones o reclamaciones, como en el caso del Golfo de Maine, sino que abarca todas las posiciones y reclamaciones de las partes. La única conclusión que cabe extraer, por lo tanto, es que, efectivamente, como argumentó Venezuela, las partes —parafraseando a la Corte en el caso del Golfo de Maine— «han optado por reservarse, como objeto de negociación directa con miras a un acuerdo»[95], la solución de la controversia abordada por el Acuerdo de Ginebra. Y esto confirma claramente que no tenían intención de recurrir a la vía judicial. En consecuencia, las partes no pueden haber definido, en el Acuerdo de Ginebra, ninguna tarea para la Corte.

21. En tercer lugar, y aún más, el artículo V no excluye, de ninguna manera, la búsqueda de una solución práctica a la controversia fronteriza mediante negociaciones. La razón de esto se debe a la ausencia de una cláusula similar a la cláusula 3 del Acuerdo Polaco-Danzig, que establecía explícitamente que el posterior Acuerdo Polaco-Danzig de 1923 no anulaba, ni podía anular, los efectos jurídicos de la decisión previa del Alto Comisionado para Danzig.

22. El miércoles, el abogado de Guyana intentó argumentar que el Artículo V constituye una cláusula de salvaguarda similar, pero quizás un análisis más detenido de ambos casos habría sido útil para discernir las diferencias fundamentales entre el Artículo V del Acuerdo de Ginebra, por un lado, y la cláusula 3 del Acuerdo Polaco-Danzig, por el otro.

23. En primer lugar, el Artículo V, párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra se refiere exclusivamente a los actos unilaterales de las dos partes posteriores a 1966.

24. El artículo V, párrafo 1, dispone que, durante el proceso de búsqueda de una solución práctica mutuamente aceptable para la controversia fronteriza, ninguna alegación sobre la validez del Laudo puede ser determinante para la resolución de la controversia, puesto que ello supondría una disminución de la soberanía territorial de Venezuela sobre el territorio en disputa.

25. Si las partes hubieran querido, como Guyana pretende hacer creer, impedir cualquier solución práctica mediante negociaciones, lo habrían expresado expresamente en el artículo V. Sin embargo, a diferencia de Polonia y Danzig en la cláusula 3 de su Acuerdo de 1923, no redactaron el artículo V de esa manera.

26. Asimismo, dado que el artículo V no pretendía interferir en las reclamaciones territoriales de las partes, su propósito no era, ni puede ser, salvaguardar la supuesta validez del Laudo de 1899 mediante un fallo de la Corte, puesto que esto impediría a Venezuela presentar su propia reclamación.

27. En general, el Artículo V del Acuerdo de Ginebra apoya, en lugar de impedir, una solución práctica a la controversia fronteriza mediante negociación, como única vía posible para avanzar. Esta solución práctica dejaría sin efecto jurídico alguno el Laudo de 1899, salvo que, siguiendo el precedente del Golfo de Maine (con las modificaciones pertinentes), el Artículo V excluya por completo el recurso a la resolución judicial.

D. Conclusión 28. Antes de concluir, permítanme llamar su atención sobre las extensas discusiones sustantivas que tuvieron lugar en noviembre de 1984 entre las Partes. Durante estas conversaciones, las Partes debatieron sobre detalles significativos sobre posibles líneas fronterizas alternativas. Mientras Venezuela propuso la llamada línea Shahabuddeen, que Guyana rechazó.[96], Guyana propuso alternativamente una posible cesión de una franja costera más pequeña.[97]

29. En consecuencia, Guyana, al cumplir entonces con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo de Ginebra, estaba dispuesta a debatir la controversia territorial como tal, independientemente de su propia posición sobre la supuesta validez del Laudo. Si bien estas discusiones no culminaron en un acuerdo, confirman —las negociaciones— una vez más, que las Partes habían superado las discusiones sobre la invalidez del Laudo.

30. ¿Por qué no hemos oído nada, y repito, nada, sobre estos avances guyaneses y otros avances realizados por Guyana durante sus presentaciones orales? Considero que la mejor respuesta a esta pregunta la proporciona el propio representante de Guyana, Rashleigh Jackson, quien en 1985 reconoció expresamente su preocupación por la reacción pública si se hiciera pública la existencia de negociaciones sobre la frontera. Observó que «si sale a la luz, el público diría: “¿De qué se trata esto?”»[98]. Esa afirmación es difícil de conciliar con el intento actual de Guyana de presentar el proceso posterior a 1966 como carente de un compromiso significativo respecto a la controversia territorial en sí. Por el contrario, refleja la conciencia de que, de hecho, se estaban llevando a cabo discusiones sustantivas, aunque en un contexto políticamente delicado.

31. Guyana, por lo tanto, ha jugado a dos bandas. Solo durante estos procedimientos ha adoptado una posición marcadamente diferente —y difícil de comprender—. Pero Guyana no puede, a posteriori, deshacer su propia práctica posterior ni su propia interpretación del Acuerdo de Ginebra, que exige a las partes alcanzar soluciones prácticas mutuamente aceptables para su prolongada disputa fronteriza.

32. En 1966, los miembros de la Corte se comprometieron a un proceso diplomático acordado, destinado a lograr una solución práctica a una controversia territorial de larga data, causada por un laudo, por decir lo menos —como ya se ha visto— fundamentalmente defectuoso, sobre cuya validez mantenían posturas completamente divergentes. Cuatro años después, tras la plena independencia de Guyana, esta reafirmó su compromiso con dicho proceso mediante la firma del Protocolo de Puerto España.

33. En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Ginebra, ambas Partes han entablado negociaciones para abordar las causas profundas de su conflicto, a saber, su disputa fronteriza. La Corte no debe ahora cuestionar las intenciones de las Partes ni anular su libre elección de optar por la vía de alcanzar soluciones mutuamente aceptables que conduzcan a una solución práctica de su disputa fronteriza.

34. Sin embargo, Guyana alega ahora que, si la Corte aceptara los argumentos de Venezuela, se producirían “negociaciones eternas”[99]. Esto merece dos observaciones.

35. En primer lugar, es la interpretación que las Partes tienen del Acuerdo de Ginebra, y solo dicha interpretación, reflejada en el Acuerdo de Ginebra y en su práctica posterior acordada, la que, como ha confirmado la CDI, proporciona un «medio auténtico de interpretación»[100] que no puede ser cuestionado por actores externos. Por esa razón, sostengo, Guyana no se ha adherido en absoluto, desde que presentó el caso ante ustedes, a la práctica de las Partes desde 1966 hasta la declaración conjunta de 2023. Esta práctica, como ha demostrado Venezuela, confirma que tanto Guyana como Venezuela siempre han compartido la visión de alcanzar una solución práctica a la controversia fronteriza mediante negociaciones, independientemente de sus opiniones fundamentalmente divergentes sobre la nulidad del Laudo hasta la fecha. Y Guyana no puede, a posteriori, deshacer esta práctica conjunta posterior.

36. Finalmente, detengámonos un momento para reflexionar sobre el conflicto del Canal Beagle entre Chile y Argentina. Este confirma que incluso un conflicto que —al igual que el caso que nos ocupa— se remonta al menos a mediados del siglo XIX y que, además, versaba sobre la impugnación de un laudo arbitral por considerarlo «irrevocablemente nulo» —tal como lo alegó una de las partes que entonces se encontraba en el Canal Beagle— puede resolverse mediante una mediación consensuada. Como saben, Chile y Argentina lograron alcanzar una solución pacífica a su prolongada controversia y, en 1984, firmaron un Tratado de Paz y Amistad[101], que, según las propias partes, «constituyó un compromiso», resolviendo definitivamente la disputa fronteriza.

37. Guyana no ha dado respuesta alguna, y de todos modos no ha podido darla, sobre por qué lo que fue posible para Argentina y Chile en la década de 1980 no puede ser posible para Guyana y Venezuela hoy en día, a pesar del compromiso de Guyana de hacerlo en el Acuerdo de Ginebra y a pesar de las deficiencias fundamentales inherentes al Laudo de 1899 que llevaron a su nulidad.

38. Señor Presidente, miembros de la Corte, les agradezco, como siempre, su amable atención y ahora le pido, señor Presidente, que llame al profesor Mbengue al estrado. Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Agradezco al profesor Zimmermann. Antes de ceder la palabra al siguiente orador, la Corte observará un receso de 15 minutos. Se suspende la sesión.

La Corte levanta la sesión de 4:20 p. m. a 4:35 p. m.

El PRESIDENTE: Por favor, tomen asiento. Se reanuda la sesión. Ahora llamo al profesor Makane Mbengue al estrado. Tiene usted la palabra, señor. Sr. MBENGUE:

REFUTACIÓN — CUESTIÓN REAL, DESCOLONIZACIÓN, NOVACIÓN

1. Señor Presidente, distinguidos miembros de la Corte, es, una vez más, un privilegio comparecer ante ustedes en nombre de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Acaban de escuchar al profesor Zimmermann desmantelar metódicamente la interpretación errónea que Guyana hace del Acuerdo de Ginebra. Ahora tomaré la palabra y abordaré los argumentos —los escasos argumentos— que Guyana logró reunir para contrarrestar la primera ronda de alegaciones de Venezuela sobre la cuestión fundamental en este proceso: la noción de novación y la relevancia de la descolonización.

3. Señor Presidente, Venezuela no comparece ante usted para litigar un caso que usted no tiene jurisdicción para conocer. Venezuela comparece, más bien, para asegurar que su voz —y la verdad histórica que representa— no sea ahogada por el monólogo de Guyana. Las audiencias orales, en ese sentido, son mucho más que el derecho procesal consagrado en el Artículo 43 del Estatuto. Permiten a la comunidad internacional juzgar por sí misma los méritos de la posición de cada parte. Pero esto exige que los Estados se den la oportunidad de responderse mutuamente durante una etapa oral. Y el viernes, esa oportunidad le correspondió a Guyana: tenía ante sí dos conjuntos de alegatos escritos y la primera ronda de alegatos orales de Venezuela.

4. Guyana desaprovechó esta oportunidad. No solo su primera ronda de alegatos orales no logró, como demostramos el miércoles, responder a la réplica, sino que su segunda ronda agravó el error, repitiendo lo que había declarado en sus alegatos escritos. Guyana estuvo presente; su equipo recibió la transcripción literal. Y, sin embargo, de alguna manera, se negó a responder.

5. No obstante, tomaré las pocas migajas que Guyana nos ha dejado y las abordaré una por una.

6. Primero, demostraré que Guyana aún no ha respondido a la postura de Venezuela de que la cuestión fundamental en este proceso se rige por el Acuerdo de Ginebra y su requisito de una solución práctica mutuamente satisfactoria. Segundo, abordaré los nuevos intentos de Guyana de resistir la conclusión de que el marco de 1899 fue innovado por el Acuerdo de Ginebra. Tercero, retomaré la descolonización y mostraré por qué la confianza de Guyana en la estabilidad de las fronteras coloniales no puede desplazar el marco jurídico específico que Guyana y Venezuela adoptaron en 1966.

Cuestión fundamental

7. Señor Presidente, delimitar la “cuestión fundamental” o “objeto del litigio”, sobre una base objetiva, es un elemento esencial de la arbitraje internacional. El miércoles explicamos lo que está en juego: garantizar que una decisión no se vea sesgada por una presentación unilateral del caso.

8. Venezuela demostró además que la Corte aún no ha identificado la cuestión fundamental en este caso y que este análisis conduce a una sola conclusión: la controversia se rige por el Acuerdo de Ginebra y por la obligación que este impone a Guyana y Venezuela de buscar una solución mutuamente satisfactoria.

9. Guyana no ofreció respuesta alguna sobre la “cuestión fundamental”. En cambio, intentó desviar la atención del asunto, principalmente de dos maneras: a) En primer lugar, el profesor d’Argent citó declaraciones anteriores del abogado de Venezuela para sugerir que Venezuela acepta que la validez del Laudo está en juego en este procedimiento.[102] Pero la situación es diferente, sin decir que estas declaraciones, hechas en procedimientos incidentales y tomadas fuera de su contexto, no representan la posición constante de Venezuela —y en consonancia con la práctica de ambos Estados desde 1966— de que la cuestión de la validez es irrelevante.

(b) En segundo lugar, el profesor d’Argent intentó nuevamente confundir la “cuestión real” con el alcance de la jurisdicción ratione materiae de la Corte.[103] Pero insisto: no son lo mismo. Son, por así decirlo, dos círculos que pueden superponerse, y solo lo que cae en su intersección puede ser juzgado. La posición de Venezuela es que no hay superposición en este caso, y que la Corte no tiene ningún papel que desempeñar.

10. La única intervención de Guyana en la identificación crítica de la “cuestión real” fue afirmar que la Sentencia de 2020 ya la había resuelto. Cómo —no se nos dijo; Pero en la transcripción literal, el profesor d’Argent insertó una nota al pie[104]—una nota al pie que hace referencia a los párrafos 66 y 135 de la Sentencia de 2020. ¿Acaso estos párrafos guardaban alguna semejanza con el lenguaje que suele utilizar el Tribunal para identificar la cuestión fundamental o el objeto del litigio? No: el párrafo 66 de la Sentencia de 2020 ni siquiera menciona estos términos; el párrafo 135 solo llega a una conclusión sobre la jurisdicción del Tribunal —ratione materiae —que, como explicamos la semana pasada, difiere del objeto del litigio.

11. Además, Guyana recurrió a reciclar argumentos de sus alegaciones escritas y creyó haber encontrado una solución en la doctrina de la cosa juzgada.

12. Es necesario aclarar este punto. El abogado de Guyana describió nuevamente el viernes la cosa juzgada como una especie de guillotina. Pero su jurisprudencia es clara: el Tribunal no tiene la costumbre de imponer restricciones a sus propias palabras. Haré tres observaciones.

13. Primero, y como lo expresó la Corte en el caso de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, «si una cuestión no ha sido determinada de hecho, ni expresa ni implícitamente, carece de efecto de cosa juzgada»[105]. La «cuestión fundamental» no se determinó en 2020. Dicha sentencia se refería únicamente a la jurisdicción; no especificaba qué debía decidirse en cuanto al fondo. El argumento de Guyana transformaría la cosa juzgada en algo que no es: un mecanismo mediante el cual una sentencia jurisdiccional decide tácitamente sobre el fondo. Más importante aún, el enfoque de Guyana entra en conflicto con la jurisprudencia consistente de la Corte, que establece que los procedimientos incidentales nunca pueden prejuzgar el fondo de un caso.[106].

14. En segundo lugar, el alcance de la sentencia de 2020 sobre la cosa juzgada no es tan amplio como alega Guyana. Lea el texto. Lea el párrafo 138. La Corte habló de la “cuestión de la resolución definitiva de la frontera terrestre”, “resolución definitiva de la frontera terrestre”. Hago hincapié en la palabra: resolución. Regulación en francés. No delimitación, no determinación de la línea: resolución. Esa palabra es precisamente la del propio Acuerdo de Ginebra. El artículo I habla de “soluciones satisfactorias para la solución práctica de la controversia” tanto para Guyana como para Venezuela. La Corte siguió la redacción del Acuerdo de Ginebra con mucha más fidelidad que el abogado de Guyana.

15. En tercer lugar, señor Presidente, el viernes el Sr. Reichler otorgó gran importancia al razonamiento que subyace a la resolución para sustentar la postura de Guyana sobre lo que constituye la cosa juzgada. Es cierto que, cuando el significado del instrumento requiere aclaración, se puede recurrir a la argumentación. Sin embargo, esta se consulta para aclarar el significado de lo decidido[107], no para ampliarlo. El párrafo 64 de la Sentencia de 2020, citado íntegramente por Guyana, recoge dos aspectos: primero, el hecho histórico del desacuerdo entre Guyana y Venezuela sobre la validez del Laudo; y segundo, la obligación, en virtud del artículo I del Acuerdo de Ginebra, de buscar una solución práctica a la controversia. El primero —la validez del Laudo— pertenece al pasado. El segundo —la obligación en virtud del artículo I— es el marco que rige la controversia en la actualidad.

16. Guyana nunca se rige por dicho marco, ni siquiera reconoce debidamente su existencia. El miércoles, formulé una pregunta sencilla[108]: ¿por qué se concluyó el Acuerdo de Ginebra? ¿Qué pretendían lograr las partes? Venezuela tiene una respuesta clara a esta pregunta, pero Guyana no ofreció ninguna. Desconocemos la función jurídica que Guyana atribuye al Acuerdo de Ginebra; quizás ellos tampoco la conozcan. Pero el Acuerdo está en vigor y debe respetarse.

17. En este sentido, Venezuela invocó el caso de Camerún Septentrional para fundamentar el principio de que «existen limitaciones inherentes al ejercicio de la función judicial que la Corte, como tribunal de justicia, no puede ignorar». Pero si el abogado de Guyana no considera el caso de Camerún Septentrional, tal vez acepte el de Haya de la Torre. En ese caso, se solicitó a esta Corte que eligiera entre las diversas formas de dar por terminado un asilo. La Corte se negó, argumentando que «estas opciones están condicionadas por hechos y posibilidades que, en gran medida, solo las Partes están en condiciones de apreciar. La elección entre ellas no puede basarse en consideraciones jurídicas, sino únicamente en consideraciones de viabilidad o de conveniencia política; no forma parte de la función judicial de la Corte tomar tal decisión». [109].

18. 1951, señor Presidente. El principio que invoca Venezuela no es novedoso. ¿Y qué hizo entonces la Corte en 1951? Expresó su confianza en que Colombia y Perú podrían encontrar, en palabras de la propia Corte, “una solución práctica y satisfactoria”[110]. El mismo lenguaje que Venezuela ha puesto en el centro de sus alegaciones. El mismo lenguaje del Artículo I del Acuerdo de Ginebra; y la misma “cuestión real” en juego.

Novación 19. Permítanme ahora abordar el tema de la innovación. Señor Presidente, el lunes de la semana pasada, el profesor d’Argent pensó que podía desestimar el argumento de la novación con un simple silogismo[111]. Demostramos, el miércoles, que su silogismo era erróneo. Es precisamente debido al desacuerdo sobre la validez del Laudo de 1899 que la novación se hizo necesaria. El profesor d’Argent pretendería que la novación fuera imposible siempre que más se necesita: siempre que dos Estados tengan puntos de vista incompatibles sobre un marco jurídico previo[112].

20. El viernes, Guyana probó dos nuevas estrategias. El Sr. Reichler argumentó que el Artículo V del Acuerdo de Ginebra es una cláusula de salvaguarda que preserva los derechos de Guyana en virtud del Laudo de 1899 e impide cualquier novación, [113]El profesor d’Argent preguntó: ¿qué fue exactamente lo que se novó?[114] Ambos argumentos fracasan.

Descolonización

26. Finalmente, permítanme abordar el tema de la descolonización.

27. Señor Presidente, el intercambio de opiniones entre líderes es útil para esclarecer una controversia. A veces, esto resulta en cierto grado de acuerdo.

28. Como sucedió en este caso: el abogado de Guyana finalmente reconoció la relevancia de la descolonización. Es más, rechazó cualquier apoyo a los “actos de gran injusticia colonial”[115] y se refirió acertadamente a la “resolución emblemática sobre descolonización adoptada por la Asamblea General en 1960”[116].

29. Pero extrajeron conclusiones erróneas de ese contexto histórico. No me refiero al argumento absurdo según el cual Venezuela, históricamente defensora del movimiento anticolonial, se convirtió de alguna manera en una nueva potencia colonial que intentaba intimidar a Guyana; ni a la afirmación infundada e injustificada de que Venezuela obstaculizó o retrasó el camino de Guyana hacia la independencia. Estas afirmaciones no merecen respuesta.

30. No, me refiero al intento desacertado de Guyana de profanar el movimiento de descolonización al convertirlo en un mecanismo para blanquear la desposesión colonial y convertirla en un título estable.

31. El profesor Pellet[117] citó a Burkina Faso/Mali para argumentar que mantener el statu quo en el contexto de la descolonización suele ser «la opción más sensata»; el profesor d’Argent[118], por su parte, se basó en la reciente sentencia de este Tribunal en el caso Gabón/Guinea Ecuatorial para sostener que la «base territorial y las fronteras dejadas… por la potencia colonial» tienen una «permanencia definida» que debe respetarse.

32. Estos argumentos son erróneos: parten, sin mencionarlo explícitamente, de la noción de uti possidetis, que no se aplica en este caso. El principio uti possidetis preserva las fronteras que existían legalmente en el momento de la independencia o de acuerdo con las efectividades coloniales. Pero aquí nos encontramos ante una frontera externa entre un Estado ya independiente, Venezuela, y una entidad recientemente descolonizada, Guyana; una situación completamente diferente. Y una frontera exterior cuya legalidad es precisamente lo que genera controversia.

Los ejemplos africanos invocados por Guyana no tienen cabida aquí. El principio de «uti possidetis» es el «camino más sabio» cuando no existen alternativas; no puede ayudar a un Estado que se beneficia del statu quo, y ciertamente no puede permitir que los Estados ignoren la obligación de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria.

33. Pero fue el profesor Sands quien llevó este argumento al extremo. Lo hizo esgrimiendo el típico y poco inspirado argumento de que desafiar una frontera colonial las pone en peligro a todas. Este es el argumento de «abrir la compuerta» una vez más, reciclado de la intervención del profesor Pellet el lunes. El profesor Sands preguntó entonces si ¿»una era de inestabilidad e incertidumbre» que «iría directamente contraria a la sabiduría de África» ​​es «lo que el profesor Mbengue [yo] les está pidiendo que hagan?»[119]

34. Permítanme responder directamente a este desafío señalando que, una vez más y lamentablemente, se basa en la falta de consideración del caso de Venezuela y en la omisión del Acuerdo de Ginebra. No se trata de una frontera cualquiera, sino de una frontera sujeta a un instrumento internacional específico y, de hecho, bastante singular, que la rige. Un instrumento que compromete a sus partes a buscar una solución mutuamente satisfactoria a su controversia territorial pendiente. Alcanzar tal acuerdo no desestabilizaría el derecho internacional ni traicionaría los objetivos de la descolonización, como Guyana pretende hacer creer; por el contrario, sería el derecho internacional en acción, remediando un grave acto de injusticia colonial.

35. Por lo tanto, esta es la conclusión correcta que se puede extraer de las raíces del Acuerdo de Ginebra en el movimiento de descolonización: que los pueblos de Guyana y Venezuela son los portadores de la promesa de ese movimiento. Y que ambos se benefician más, no con el respaldo judicial de un vestigio de la época colonial, sino con el marco que estableció el Acuerdo de Ginebra. Un marco de negociación, de satisfacción mutua y de soluciones que dos soberanos iguales pueden aceptar.

Conclusión 36. Señor Presidente, miembros de la Corte, llego a mi conclusión.

37. El viernes, el abogado de Guyana inició su refutación aludiendo a los mitos que supuestamente sustentan la postura de Venezuela. Si bien esta postura carece de fundamento, Guyana tiene razón al afirmar que un mito alimenta esta controversia: un mito creado por la propia Guyana.

38. Guyana se presenta como el pobre Sísifo: agobiado, esforzándose y condenado. Pero a diferencia de Sísifo, Guyana no fue condenada por los dioses. Eligió su obstáculo, su cima y, sobre todo, su ascenso.

39. El obstáculo es el Laudo de 1899, y Guyana intenta empujarlo hacia la cima del Acuerdo de Ginebra, con la esperanza de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Pero una y otra vez, la roca vuelve a rodar hacia abajo. Debe volver a rodar hacia abajo, porque un Laudo corrupto no puede llevar a Guyana a una solución mutuamente satisfactoria.

40. Ese es el punto que Guyana no puede eludir: el Acuerdo de Ginebra no se firmó para acogerse al Laudo de 1899, sino para sustituirlo. Y mientras el Acuerdo rija esta controversia, el camino a seguir no puede ser la resurrección judicial de un vestigio colonial. Debe ser la solución práctica que las Partes se comprometieron a buscar: una solución mutuamente satisfactoria, una cumbre hacia la cual, una vez superado el obstáculo, Guyana y Venezuela puedan avanzar juntas.

41. Señor Presidente, miembros de la Corte, les agradezco su amable atención y les pido que cedan la palabra a la Dra. Arianny Seijo Noguera, Fiscal General de Venezuela. Gracias.

El PRESIDENTE: Agradezco al Profesor Mbengue. Ahora cedo la palabra a la Fiscal General de Venezuela, Dra. Arianny Seijo. Tiene la palabra, señora.

Sra. SEIJO NOGUERA:

[Traducción al inglés proporcionada por la República Bolivariana de Venezuela]

1. Señor Presidente, miembros de la Corte, es un gran honor para mí comparecer ante ustedes en nombre de mi país, la República Bolivariana de Venezuela.

2. Venezuela se mantiene firme en su negativa a reconocer la jurisdicción de la Corte; por lo tanto, su presencia aquí no constituye, ni debe interpretarse jamás como, una aceptación de la jurisdicción de la Corte para pronunciarse sobre esta disputa territorial. Esta ha sido su posición histórica durante más de un siglo.

11. Por el contrario, el Acuerdo de Ginebra de 1966 «novó» el régimen jurídico anterior que la Potencia colonial había impuesto mediante coacción estructural. Al firmar el Acuerdo de Ginebra, las partes sustituyeron el marco jurídico fraudulento —que se había intentado establecer mediante el Tratado de 1897, el Laudo colonialista de 1899 y el acuerdo de demarcación de 1905— por un nuevo marco: uno en el que se comprometieron a buscar soluciones satisfactorias para la resolución práctica de la controversia territorial.

12. El Acuerdo de Ginebra forma parte del proceso de descolonización. Este proceso implica más que el mero otorgamiento de la independencia a los territorios ocupados; conlleva también la reparación de las injusticias de despojo territorial cometidas contra Estados soberanos.

2. Argumento jurídico 2: la teoría de la «no convalidación»: Venezuela nunca renunció a su derecho a impugnar la invalidez del Laudo.

13. Señor Presidente, miembros de la Corte: abordaré ahora la falsa alegación de Guyana relativa a la supuesta aquiescencia de Venezuela y su pretendida teoría de la convalidación, basada en la conducta de Venezuela tras la emisión del Laudo. Los profesores Thouvenin y Azaria han demostrado que este argumento es fundamentalmente erróneo y carece de base probatoria.

14. Por un lado, no existe ningún principio jurídico en el derecho internacional que permita que la nulidad de un laudo arbitral sea «convalidada» por la conducta de las partes. En cualquier caso, Venezuela siempre se ha opuesto a tal principio, especialmente durante la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Además, no se puede remediar aquello que surgió de la ilegalidad y el fraude.

15. Las pruebas recabadas por Venezuela demuestran que nunca renunció a su derecho a invocar la invalidez del Laudo. Esto quedó establecido de manera inequívoca en el Acuerdo de Ginebra.

16. Asimismo, un Estado solo puede invocar la invalidez del laudo cuando posee pruebas para demostrarla. Venezuela solo obtuvo dichas pruebas tras la publicación del memorando de Mallet-Prevost; en torno a esa fecha, se abrieron parcialmente los archivos británicos y se llevaron a cabo investigaciones posteriores, lo que permitió a Venezuela demostrar los vicios del Laudo.

17. A este respecto, la conducta de Venezuela refleja el grado de seriedad y diligencia que, conforme al derecho internacional, cabe esperar de un Estado en relación con la impugnación de un laudo arbitral de la importancia y magnitud del fraudulento Laudo de 1899.

18. Además, las circunstancias de la época confirman que Venezuela fue víctima de la codicia imperialista del Reino Unido.

19. Me veo obligado a señalar, Señor Presidente, que Guyana busca maliciosamente negar la asimetría de poder que existía entre Venezuela y las Potencias de aquel entonces. Un país devastado por la guerra no estaba en condiciones de enfrentarse a la mayor potencia naval y militar del mundo de esa era para preservar su derecho a invalidar un laudo.

20. Lo absurdo de la pretensión de Guyana no termina ahí. Guyana pide a la Corte que considere como razonable una proposición aún más irracional. Guyana argumenta que Venezuela —independientemente de las circunstancias de extrema disparidad militar de principios del siglo XX— estaba en condiciones de impugnar un laudo arbitral, y que se esperaba que lo hiciera, incluso sin pruebas que demostraran la invalidez de dicho laudo. Y se esperaba que lo hiciera sabiendo que tendría que estar preparada para soportar otra guerra a manos de su agresor; una guerra que, sin duda, volvería a perder. Con el mayor respeto, Señor Presidente, la pretensión de Guyana contraviene la justicia y la buena fe, y desafía toda razón.

3. Argumento jurídico 3: la invalidez del Laudo

21. Venezuela ha dejado claro que la verdadera cuestión, y lo que realmente importa en esta controversia, es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, Señor Presidente, Señores Miembros de la Corte, quisiera plantear un tercer punto antes de presentar mis conclusiones finales. Como explicaron claramente los profesores Tams y Palchetti, incluso si la controversia versara sobre el Laudo de 1899, la afirmación de Guyana de que dicho Laudo es válido carece por completo de fundamento. Venezuela ha demostrado con claridad, mediante pruebas fehacientes, que el Laudo de 1899 es nulo y sin efecto, y que la remisión unilateral del caso a la Corte por parte de Guyana carece de toda base.

22. En primer lugar, Venezuela ha demostrado que el Tratado de Washington de 1897 es inválido por motivos de error y fraude. Por consiguiente, el Laudo de 1899 —que se basó en este Tratado inválido— es, inevitable y consecuentemente, también inválido.

23. En segundo lugar, Venezuela ha aportado pruebas —incluidas pruebas contemporáneas— que demuestran que fue coaccionada para aceptar el Tratado de Washington de 1897, lo cual invalida tanto el propio Tratado como el Laudo posterior de 1899. Asimismo, existen pruebas contemporáneas que demuestran que Venezuela fue víctima de coacción —habiendo sido amenazada con el uso de la fuerza—en los meses inmediatamente anteriores a las negociaciones del Tratado de Washington de 1897 entre Gran Bretaña y los Estados Unidos.

24. En tercer lugar, la posición histórica de Venezuela ha sido que el Laudo de 1899 también adolecía de múltiples vicios. Venezuela demostró de manera convincente, con pruebas sustanciales, que el Laudo es nulo, principalmente por las dos razones siguientes: primera, el Tribunal no expuso los fundamentos en los que se basó su decisión; segunda, el Tribunal excedió su autoridad. Existen cinco casos de este abuso de poder:

1) El Tribunal omitió responder a una de las cuestiones que se le plantearon en el Artículo III del Tratado de Washington;

2) El Tribunal omitió aplicar las normas estipuladas en el Artículo IV;

3) El Tribunal actuó de manera incompatible con el alcance de sus facultades al decidir sobre cuestiones ajenas a su jurisdicción;

4) El Tribunal no actuó con imparcialidad, tal como se exigía en virtud del Artículo V del Tratado de Washington;

5) El Tribunal incumplió su deber de dictar una decisión basada en el derecho.

Observaciones finales

25. Señor Presidente, Miembros de la Corte: tengo dos observaciones finales.

26. En primer lugar, me referiré al expediente documental. A pesar de los obstáculos y dificultades creados por el Reino Unido para impedir que Venezuela accediera a las fuentes originales, hemos logrado recopilar y presentar cientos de documentos.

27. Estas pruebas documentales han sido recopiladas y analizadas a lo largo de muchos años por expertos venezolanos y británicos, quienes examinaron los archivos del Reino Unido, así como los archivos nacionales de Venezuela, con el fin de investigar las circunstancias que rodearon el nulo y sin valor Laudo de 1899.

28. Este proceso ha sido fuente de profunda tristeza, pues ha puesto al descubierto con gran detalle —y ha reavivado— la injusticia que nuestro país ha tenido que soportar durante más de 120 años, a causa del injusto y nulo Tratado de Washington de 1897 y del injusto y nulo Laudo Arbitral de 1899; ambos, productos de la era colonial que nuestro país ha anhelado y se ha esforzado por dejar atrás.

29. Venezuela también es consciente de la probable existencia de otros documentos pertinentes. Con respecto a dicha documentación, la conducta del Reino Unido y de Guyana resulta inexcusable.

30. Documentos de archivo de abril de 1970, a los que solo recientemente se ha concedido acceso, confirman que el Reino Unido cooperó activamente con Guyana en la preparación de este caso. El expediente pertinente, custodiado en los Archivos Nacionales Británicos bajo el número de referencia FCO 63/477, contiene documentos que demuestran la cooperación entre el Gobierno del Reino Unido y los asesores jurídicos de Guyana en relación con la disputa territorial con Venezuela.

31. Estos documentos revelan que las autoridades británicas reconocieron estar en posesión de material de archivo que podría no estar disponible en ningún otro lugar. En consecuencia, el Reino Unido facilitó a los asesores jurídicos de Guyana acceso a documentos restringidos —incluido material confidencial—, al tiempo que denegaba a Venezuela un acceso equivalente. Esto constituye una grave violación del principio de igualdad de armas.

32. Pero hay más. El historial del Reino Unido de destrucción selectiva de archivos en el contexto del proceso de descolonización también se ve confirmado por los documentos identificados con los números de referencia FCO 141/19928 y FCO 63/476. Este hecho no debe ser ignorado.

33. En un esfuerzo por subsanar esta asimetría, el 25 de abril de 2023, Venezuela transmitió una Nota Verbal expresando su preocupación con respecto al acceso exclusivo de Guyana a documentos relacionados con la disputa. En dicha Nota, Venezuela recordó la existencia de un conjunto de documentos comunicados por el Reino Unido a Guyana sin notificación ni transmisión a Venezuela o a las Naciones Unidas, tal como exige el Acuerdo de Ginebra.

34. Venezuela formuló una solicitud específica: que Guyana compartiera una lista detallada de los documentos recibidos, así como cualquier otro documento obtenido de manera exclusiva y sin el conocimiento de Venezuela. La respuesta de Guyana, de fecha 22 de junio de 2023, rechazó categóricamente cualquier obligación de proporcionar dicha documentación.

35. Paso ahora a mi segunda observación. A lo largo de estas audiencias, los abogados de Guyana han presentado la posición de Venezuela como un «mito» o una «ficción». También han intentado contrarrestar el peso de los argumentos y de la posición histórica de Venezuela mediante vergonzosos ataques personales y menosprecios dirigidos contra el equipo jurídico venezolano.

36. No me detendré en las tácticas de Guyana, que son poco elegantes, inapropiadas y carecen de la dignidad que se espera en este tipo de procedimiento, especialmente de un Estado que afirma respetar el derecho internacional. Estas tácticas revelan que Guyana solo puede responder a la posición oficial de Venezuela, a sus argumentos y a las pruebas que los sustentan con insultos, ofensas y falta de profesionalismo. Cualquier observador razonable percibiría estas tácticas y sacaría las conclusiones pertinentes. Venezuela se enorgullece enormemente de su equipo jurídico y le agradece profundamente su dedicación y profesionalismo.

37. Señor Presidente, miembros de la Corte, fue la existencia de dos posiciones contradictorias respecto a la validez del Laudo de 1899 lo que condujo, en 1966, al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo no se concluyó porque una parte tuviera razón y la otra viviera en una fantasía, sino porque ambas partes reconocieron que su desacuerdo no podía resolverse determinando quién tenía razón sobre el pasado, sino únicamente acordando un camino a seguir.

38. Venezuela está dispuesta a resolver la disputa sobre la frontera territorial con Guyana. Pero dicha solución debe alcanzarse de conformidad con el único marco jurídico válido que rige la disputa: el Acuerdo de Ginebra de 1966 y su mandato de lograr una solución mutuamente satisfactoria a la disputa territorial entre Venezuela y Guyana.

39. Señor Presidente, miembros de la Corte, les agradezco mucho su amable atención. Respetuosamente les pido que concedan la palabra a la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela para que tome la palabra.

El PRESIDENTE: Agradezco al Fiscal General. Ahora invito a la Presidenta en funciones de Venezuela, Su Excelencia la Sra. Delcy Rodríguez, a dirigirse a la Corte. Su Excelencia, tiene la palabra.

Sra. RODRÍGUEZ:

[Traducción al inglés proporcionada por la República Bolivariana de Venezuela]

1. Señor Presidente, miembros de la Corte, comparezco ante esta Corte para transmitir la voz de un pueblo que valora profundamente la justicia, la paz y el derecho internacional. Es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

2. El 3 de diciembre de 2023, nuestro pueblo acudió masivamente a las urnas y nos otorgó una serie de mandatos claros e inequívocos. Permítame destacar los siguientes:

3. Primero, mantener la posición histórica de no someter sus asuntos existenciales —tales como la independencia y la integridad territorial— a mecanismos judiciales.

4. Segundo, defender el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para la resolución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

5. Tercero, defender el territorio de la Guayana Esequiba por todos los medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional. Fiel a esos mandatos, comparezco ante ustedes esta tarde.

6. Señor Presidente, la posición histórica de Venezuela de no someter los asuntos relacionados con sus intereses vitales a mecanismos judiciales de solución de controversias no constituye un acto de desafío ni de menosprecio hacia la Corte como institución de las Naciones Unidas. Venezuela es una ferviente promotora y defensora del derecho internacional. Por esta razón, respeta a la Corte Internacional de Justicia como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

7. Sin embargo, se trata de la defensa de uno de los atributos esenciales de nuestro Estado: su soberanía. Venezuela nunca ha consentido en someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de esta Corte. De ninguna manera el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra constituye una cláusula de arbitraje.

8. Teniendo esto presente, desde 2018, Venezuela ha presentado diversos escritos e intervenido en distintas audiencias ante esta Corte con un doble propósito:

9. Primero, intentar hacer prevalecer el derecho internacional frente a este absurdo antijurídico promovido por Guyana. Segundo, demostrar al mundo la verdad respecto a los derechos que, desde su génesis, le han correspondido a Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Esto no implica el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial.

10. Señor Presidente, la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba se rige por un tratado internacional jurídicamente vinculante que debe ser cumplido por las partes de buena fe. Este instrumento no es otro que el Acuerdo de Ginebra de 1966.

11. Se trata de un tratado singular —para el cual resultaría difícil hallar un paralelo en la práctica de la descolonización— que busca resolver una injusticia colonial mediante un arreglo mutuamente aceptable. Una solución negociada es, por lo tanto, una condición inevitable e indispensable de la disputa.

12. El Acuerdo de Ginebra entierra y supera el debate sobre la validez o invalidez del Laudo de 1899. El Acuerdo reconoce que la disputa fronteriza no podía resolverse en esos términos y la encamina hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede ser eludido, reformulado ni sustituido mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Constituye ley entre las partes.

13. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra —su título, preámbulo y artículos—, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que la resolución de la cuestión jurídica relativa a la validez o invalidez del laudo nunca estuvo en el horizonte. No se trataba de una controversia jurídica. Su objeto, naturaleza y propósito han sido siempre resolver la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática.

14. La disputa no versa sobre la confirmación o invalidación de un laudo, sino sobre la resolución de una disputa territorial que ambas Partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966, y para la cual acordaron un método específico de resolución. Dicho método es la negociación, no la imposición. No hay ganadores ni perdedores.

15. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela; fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra permanecían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la disputa del ámbito de la negociación al de la resolución judicial, en abierta violación del marco jurídico acordado.

16. Ese cambio de rumbo no fue inocente. Coincidió con el descubrimiento, en 2015, de un yacimiento petrolífero calificado como de «relevancia mundial». Guyana dejó de actuar de buena fe y albergó la intención tácita de eludir el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra.

17. A partir de ese momento, Guyana abandonó la lógica de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización, orientada a obtener —a través de esta Corte y sin el consentimiento de Venezuela— aquello que no podía lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra: la validación de un laudo fraudulento. Un planteamiento de «todo o nada».

18. La negociación fue sustituida por el litigio; los buenos oficios, por la presión; y el consenso político, por una acción unilateral que perpetúa y exacerba la disputa.

19. Venezuela no puede aceptar que este giro, impulsado por Guyana, redefina la naturaleza de la controversia o la manera en que esta debe resolverse. Tampoco puede respaldar el uso de la Corte como instrumento para consolidar dicho cambio, en violación del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional.

20. Esto no constituye una crítica a la función judicial; por el contrario, es una defensa de su alcance. Esta Corte no fue creada para suplantar la voluntad de los Estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad. Y esos límites, en el presente caso, se encuentran claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra.

21. Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos —derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra— simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y comerciales; forma parte de nuestro legado histórico inalienable.

22. Guyana está eludiendo sus obligaciones y buscando reabrir el debate sobre la validez o invalidez del Laudo. Mediante esta manipulación, se están desconociendo el propio Acuerdo, el Protocolo de Puerto España y décadas de negociaciones bilaterales —incluidas aquellas llevadas a cabo bajo los buenos oficios de varios Secretarios Generales de las Naciones Unidas—.

23. Esto no es un descuido; constituye una clara violación del Acuerdo de 1966, la cual no resiste un escrutinio riguroso. La narrativa presentada pertenece a una historia distinta, una que se encuentra divorciada de los precedentes históricos y jurídicos. Invita a la Corte, de mala fe, a dejar de lado más de un siglo de práctica estatal en favor de una versión manipulada de la realidad.

24. Señor Presidente, miembros de la Corte: como parte de su defensa de la verdad, Venezuela ha puesto a disposición de este Tribunal —y, de ahora en adelante, del mundo entero— un abundante acervo probatorio que confirma sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, así como la decisión de las partes de resolver la controversia territorial mediante el Acuerdo de Ginebra.

25. A pesar del bloqueo británico a las fuentes probatorias y de la destrucción de documentos, Venezuela ha recopilado y presentado un cuerpo documental exhaustivo y coherente, compuesto por más de tres mil (3.000) páginas de pruebas, distribuidas en varios volúmenes. 26. El conjunto de pruebas presentado ante la Corte incluye tratados y acuerdos internacionales, documentos coloniales e históricos, una extensa correspondencia diplomática, registros de negociaciones, declaraciones oficiales, documentos de las Naciones Unidas, así como una colección sustancial de mapas.

27. Consideradas en su conjunto, estas pruebas confirman la nulidad del Laudo Arbitral de 1899. Asimismo, reflejan inequívocamente una práctica de larga data y el reconocimiento mutuo, por parte de Guyana y Venezuela, de la existencia de una controversia territorial y de la necesidad de resolverla mediante negociaciones directas orientadas a alcanzar una solución mutuamente satisfactoria, tal como lo establece y exige el Acuerdo de Ginebra de 1966.

28. Las pruebas son irrefutables. La Guayana Esequiba ha formado parte del territorio venezolano desde sus orígenes. En 1777, la Corona española creó la Capitanía General de Venezuela, la cual comprendía, entre otras, la Provincia de Guayana.

29. Esta unidad administrativa constituye el origen territorial de lo que posteriormente se convertiría en la República de Venezuela, la cual nació con su Declaración de Independencia y su Constitución de 1811. Desde aquel momento, todas las constituciones de la República de Venezuela han reflejado el hecho de que la Guayana Esequiba pertenece al territorio venezolano.

30. En 1825, el Reino Unido reconoció a la Gran Colombia, cuya frontera oriental se situaba en el territorio de la Guayana Esequiba venezolana. El Reino Unido nunca ostentó título alguno sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Su Estado sucesor tampoco lo ostentó, ni lo ostenta en la actualidad. Lo que busca es forjar artificialmente dicho título a través del presente proceso.

31. A partir de 1840, la Corona británica —consciente de las inmensas reservas de oro existentes en dicho territorio— estableció una estrategia para saquearlo. Con tal fin, reclutó a un aventurero alemán para trazar unilateralmente una línea arbitraria dentro del territorio venezolano: la denominada Línea Schomburgk, la cual nunca ha sido validada ni reconocida por Venezuela.

32. Posteriormente, el Reino Unido intentó consolidar este despojo mediante un arbitraje simulado, el cual culminó con el fraudulento y amañado laudo de 1899. Hoy, se intenta validar dicho fraude a través de este proceso sesgado y plagado de inconsistencias jurídicas. Incluso hay quienes se han atrevido a predecir públicamente el resultado de este procedimiento.

33. La verdad sobre el laudo y su naturaleza engañosa ponen de relieve la intención de Guyana —así como la de aquellos que la impulsaron hacia esta acción temeraria— de empañar y socavar el prestigio de esta Corte. ¿Cómo pueden esperar que este Tribunal manche su historia con un fallo que revive y legitima semejante fraude judicial colonial?

34. Señor Presidente, el proceso de negociación llevado a cabo por las partes tras la firma del Acuerdo de Ginebra demuestra que existen diversos mecanismos para resolver definitivamente la controversia territorial. Todos ellos se basan en el diálogo político y la negociación directa entre las partes.

35. Tanto en las conversaciones de la Comisión Mixta como en el proceso de buenos oficios, ambas partes presentaron propuestas creativas orientadas a alcanzar un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. De hecho, el ex Primer Ministro de Guyana, Forbes Burnham —signatario del Acuerdo de Ginebra— propuso la firma de un nuevo acuerdo que zanjara la cuestión fronteriza, vinculado a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la región del Alto Mazaruni.

36. Cabe señalar que cada paso y cada mecanismo a lo largo de este proceso fueron adoptados con el consentimiento previo y expreso de ambas partes del Acuerdo de Ginebra.

37. Lamentablemente, el Secretario General de la ONU abandonó esta práctica —que se había seguido durante más de 50 años—, cediendo ante la fuerte e intensa presión de los grupos de cabildeo contratados por la República Cooperativa de Guyana, impulsados ​​por poderosos intereses energéticos, tal como lo evidencian las confesiones del exministro guyanés Raphael Trotman. Ello exacerbó peligrosamente la controversia entre las partes.

38. El panorama energético mundial apunta a una elevada demanda de hidrocarburos a corto y mediano plazo, impulsada —entre otros factores— por el auge de las nuevas tecnologías. Venezuela posee las mayores reservas mundiales de petróleo y gas natural, y es considerada un objetivo estratégico por las grandes potencias.

39. En el centro del desarrollo actual de esta controversia territorial se halla la riqueza de hidrocarburos de la región, la cual ha despertado el interés de los grandes consumidores y de las compañías petroleras transnacionales, que ven en los recursos disponibles en la zona una gran oportunidad. Estos intereses vitales han complicado aún más esta histórica controversia.

40. Solo un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable de la controversia podrá crear las condiciones de estabilidad y confianza necesarias para que ambos países —así como los intereses de los terceros involucrados— aprovechen plenamente el potencial de dicho territorio en beneficio del desarrollo económico sostenible y del bienestar social de los pueblos de la región.

41. Señor Presidente, miembros de la Corte: el enfoque dicotómico de validez o invalidez planteado por Guyana en su solicitud unilateral resulta profundamente pernicioso y fútil.

42. Ningún fallo de esta Corte sobre la disputa territorial proporcionará una solución definitiva aceptable para las partes. Por el contrario, exacerbará las diferencias y llevará a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones, alejándolas del arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable al que se comprometieron en 1966 al firmar el Acuerdo de Ginebra.

43. Tal fallo podrá concluir un caso, pero no pondrá fin a la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba, tal como fue concebida y acordada por Venezuela, el Reino Unido y Guyana. En el mejor de los casos, retornaría al mismo estancamiento que el Acuerdo de Ginebra superó.

44. Prueba de ello se encuentra en las alegaciones sin precedentes y extravagantes de Guyana ante esta Corte, las cuales reflejan un inexcusable espíritu de superioridad.

45. Así como los imperios coloniales borraron la historia de los pueblos que pretendían dominar, a esta Corte se le solicita que ordene la destrucción de mapas, prohíba la enseñanza de la historia, elimine símbolos y arranque la Guayana Esequiba de los corazones de los venezolanos. El objetivo es borrar la memoria de un pueblo para anular su futuro.

46. Aniquilar la historia nunca legitimará el despojo. La verdad siempre prevalecerá.

47. Señor Presidente, esta Corte fue creada para resolver conflictos, no para fomentarlos. Solo una solución política y negociada a la disputa territorial puede sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, la cooperación, el desarrollo económico compartido y la promoción de inversiones seguras en la región.

48. Venezuela nunca avalará una violación del Acuerdo de Ginebra ni del derecho internacional. Validar un fallo que pretenda desconocer un instrumento jurídico vigente y debidamente depositado ante las Naciones Unidas iría en contra del orden jurídico internacional.

49. Aun si la Corte declarara la invalidez del laudo, Venezuela no podría acatar tal fallo, pues ello implicaría también anular el Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. De esto se desprende muy claramente que no existe posibilidad jurídica alguna de reconocer una decisión resultante de este proceso, cualquiera que esta sea.

50. Esto no constituye un acto de falta de respeto hacia esta estimada Corte. Es un acto de defensa inquebrantable de los derechos de Venezuela, del derecho internacional y de la integridad de esta Corte como principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

51. Mi presencia ante esta Corte demuestra no solo la importancia que el territorio de la Guayana Esequiba tiene para nosotros; es también una clara evidencia del respeto que profesamos a la Corte como institución.

52. Señor Presidente, Venezuela está lista y preparada para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra: lograr, por todos los medios a su disposición, una solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable para las partes.

53. En el turbulento mundo de hoy, hemos llegado a un momento histórico en el que podemos demostrar que el diálogo y la negociación son el camino hacia la coexistencia, la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. Es hora de dar un paso adelante. No hay otro camino.

54. Una reunión bilateral de alto nivel, organizada por actores regionales clave, será, sin duda alguna, mucho más productiva y eficaz para lograr ese objetivo.

55. Señor Presidente, la virtud de un país no se mide por su extensión territorial, sino por sus esfuerzos en la legítima defensa de su soberanía, su integridad territorial y sus derechos inalienables.

56. Guyana y Venezuela están llamadas por la historia y la geografía a coexistir, a comprenderse mutuamente y a construir un futuro compartido. Por consiguiente, el único camino real para resolver esta controversia es el retorno al diálogo directo y la búsqueda de soluciones creativas y mutuamente beneficiosas que transformen una disputa heredada del colonialismo en una oportunidad para la cooperación, el desarrollo conjunto y el bienestar de las futuras generaciones de ambos pueblos.

57. Al pueblo de Guyana le digo: Venezuela es una nación pacífica, y nuestro destino común estará siempre entrelazado.

58. Venezuela jamás renunciará a sus derechos históricos ni a su integridad territorial, legado de nuestros antepasados.

59. Llevamos las cicatrices de la historia en nuestra piel y, en nuestras almas, la tenacidad de los pueblos que aprendieron a defender lo que es nuestro, a no rendirse ante las dificultades y a marchar juntos hacia un futuro de paz y desarrollo.

El PRESIDENTE: Agradezco a Su Excelencia la Presidenta en Funciones de Venezuela su declaración. Cedo ahora la palabra al Agente de Venezuela, Su Excelencia el Sr. Samuel Reinaldo Moncada, a quien invito a subir al estrado. Tiene usted la palabra, Señor.

Sr. MONCADA:

[Traducción al inglés proporcionada por la República Bolivariana de Venezuela]

DECLARACIONES FINALES

1. Señor Presidente, Miembros de la Corte, leeré ahora las declaraciones finales de la República Bolivariana de Venezuela en esta sesión oral.

“En el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), por las razones expuestas en la fase escrita y oral, la República Bolivariana de Venezuela reitera respetuosamente sus solicitudes a la Corte para:

1) abstenerse de intervenir en la controversia territorial entre Venezuela y Guyana sobre Guayana Esequiba y de interferir en las obligaciones derivadas del Acuerdo de Ginebra de 1966 con respecto a la solución de dicha controversia de manera amistosa, satisfactoria y aceptable para las Partes, mediante negociaciones pacíficas, políticas y diplomáticas;

y,

2) en consecuencia, rechazar y desestimar las demandas de la República Cooperativa de Guyana.”

2. Finalmente, en nombre del equipo venezolano, quisiera agradecerle, señor Presidente, a los miembros de la Corte, a la Secretaría y a su personal. Asimismo, extendemos nuestro sincero agradecimiento a los intérpretes por su excelente labor, y en particular por la interpretación de estas alegaciones orales al español. Mi agradecimiento también se extiende a la delegación de Guyana.

3. Además, deseo expresar mi más profundo agradecimiento al distinguido abogado de Venezuela y a las mujeres y los hombres que integran la delegación venezolana. Ha sido un privilegio y un honor trabajar junto a ustedes en este caso.

4. Gracias por su amable atención.

El PRESIDENTE: Agradezco al Agente de Venezuela.

La Corte ha tomado nota de las alegaciones finales de las Partes. Quisiera agradecer a los Agentes, abogados y procuradores por sus declaraciones. De acuerdo con la práctica habitual, solicitaré a ambos Agentes que permanezcan a disposición de la Corte para proporcionar cualquier información adicional que esta requiera. Con esta salvedad, declaro cerradas las actuaciones orales sobre el fondo en el caso relativo al Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).

El Tribunal se retirará ahora a deliberar. Se notificará oportunamente a los Agentes de las Partes la fecha en que el Tribunal dictará su Sentencia.

Dado que el Tribunal no tiene otros asuntos que tratar en el día de hoy, se levanta la sesión.

El Tribunal levantó la sesión a las 5:55 p. m.

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[1] Laudo arbitral dictado por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906 (Honduras c. Nicaragua), Sentencia, Informes de la CIJ de 1960, pág. 216

[2] CIJ. Alegatos, Laudo Arbitral dictado por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906 (Honduras c. Nicaragua), vol. II, pág. 346.

[3] CR 2026/28, pág. 17, párr. 12 (Reichler).

[4] CR 2026/28, pág. 12, párr. 2 (Reichler).

[5] CR 2026/28, pág. 21, párr. 24 (Reichler).

[6] R. A. Humphreys, Anglo-American Rivalries and the Venezuela Crisis, Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 17, 1967, pág. 158. CMV, pág. 196, párr. 5.2.24.

[7] CR 2026/28, pág. 19, párr. 17 (Reichler).

[8] CR 2026/28, pág. 19, párr. 18 (Reichler).

[9] CR 2026/28, pág. 19, párr. 19 (Reichler).

[10] Carta estrictamente personal de Richard Olney, Secretario de Estado, a Sir Julian Pauncefote, Embajador británico en Washington, 29 de octubre de 1896, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela en Informe sobre la cuestión fronteriza con la Guayana Británica presentado al Gobierno Nacional por los expertos venezolanos, 1967, pág. 40, en el Anexo 150 del CMV.

[11] CR 2026/28, pág. 19, párr. 18 (Reichler).

[12] Carta de Richard Olney a Sir Pauncefote, 24 de mayo de 1899, en RV, Anexo 19 (también reproducida en J. Gillis Wetter, El proceso arbitral internacional: público y privado (Vol. III, Nueva York, 1979), pág. 25).

[13] Ibíd.

[14] CR 2026/27, págs. 30-31, párrs. 33-35 (Palchetti); RV, págs. 140-143, párrs. 5.24-29; CMV, págs. 196-197, párr. 5.24.

[15] CR 2026/28, pág. 17, nota al pie 14 (Reichler).

[16] Carta de Richard Olney a Sir Pauncefote, 24 de mayo de 1899, en RV, Anexo 19 (también reproducida en J. Gillis Wetter, The International Arbitral Process: Public and Private (Vol. III, Nueva York, 1979), pág. 25).

[17] Véase CR 2020/5, pág. 16, párr. 5 (Ramphal).

[18] Véase MMG, párr. 7.44.

[19] Véase «Declaración sobre la conmemoración del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899», disponible en https://guyanahctrinidad.mission.gov.gy/statement-on-the-commemoration-of-the-arbitral-award-of-october-3-1899/

[20][20] Véase CR 2026/25, págs. 14-15, párrs. 6, 9 (Pellet) y pág. 32, párr. 13 (Oral).

[21] Véase CR 2026/28, págs. 44-45, párrs. 34-36 (Pellet).

[22] Véase CR 2026/28, págs. 47-48, párrs. 8-9 (Sands).

[23] Véase CR 2026/28, pág. 54, párrs. 25-26 (Sands).

[24] CR 2026/28, pág. 39, párr. 19 (Pellet).

[25] CR 2026/25, págs. 27-28, párrs. 48-49 (Pellet)

[26] CR 2026/27, pág. 42, párr. 20 (Tams).

[27] CR 2026/28, pág. 40, párr. 23 (Pellet).

[28] Arbitraje fronterizo entre Venezuela y la Guayana Británica. Alegatos impresos en nombre de los Estados Unidos de Venezuela (1898), vol. I, págs. 57-65.

[29] CR 2026/25, pág. 58, párr. 49 (Sands).

[30] CR 2026/25, pág. 58, párr. 50 (Sands).

[31] CR 2026/28, párr. 32 (Pellet).

[32] CR 2026/28, párrs. 37-38 (Pellet).

[33] Reuter, “La motive et la révision des Sentencias arbitrales à la Conférence de la paix de la Haye (1899) et le conflit frontalier entre le Royaume-Uni et le Venezuela”, en Mélanges Offerts à Juraj Andrassy, ​​Springer 1968, p. 238.

[34] Ibíd.

[35] M. Bedjaoui, «The ‘Manufacture’ of Judgments at the International Court of Justice» (1991), Pace Yearbook of International Law, Vol. 3, p. 49.

[36] Ibíd., p. 54.

[37] Véase Carta de Lord Russell a Lord Salisbury, 7 de octubre de 1899 (CMV, Anexo 67). Véanse las referencias en CMV, párr. 5,95.

[38] Véase sobre estos aspectos CR 2026/27, párrs. 16, 42-43 y 47-48 (Azaria) (con referencias).

[39] Véanse las observaciones de Georgios Giannakopoulos, “A ‘Corpus Vile’ of International Order: Protection, Coercion, and the British Blockade of Greek, 1850” (2026) The International History Review, p. 1 (relativo a la interacción entre la coerción y la ley durante el bloqueo británico de Grecia, 1850).

[40] CR 2026/28, pág. 14, párr. 5 (Reichler).

[41] CR 2026/28, págs. 13-14, párr. 5 (Reichler).

[42] CR 2026/28, pág. 14, párr. 6 (Reichler).

[43] CMV, párrs. 4.80 y 4.89.

[44] MG sobre jurisdicción y/o admisibilidad, párrs. 2.13, 2.23, 2.33, 2.38, 3.19, 3.24, 3.50, 3.65, 3.76? Memorando de Guyana sobre el fondo (en adelante, «MG sobre el fondo»), párr. 7.21; CR 2026/24, p. 23, párr. 5, y pág. 28, párr. 16 (d’Argent).

[45] CR 2026/27, pág. 52, párr. 9 (Thouvenin).

[46] CR 2026/28, pág. 28, párr. 9 (d’Argent).

[47] Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Acto I, Escena 4, 1897.

[48] Presentación al Congreso Nacional por el señor Ignacio Iribarren Borges, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, sobre el Acuerdo de Ginebra, 17 de marzo de 1966, DV, Anexo 2, p. 37.

[49] Ibíd., pág. 35.

[50] CR 2026/28, pág. 32, párr. 19 (d’Argent).

[51] CR 2026/27, págs. 51–52, párrs. 6–8 (Thouvenin).

[52] Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, Informes de la CIJ 2020, págs. 490-491, párr. 132.

[53] Ibíd., pág. 491, párr. 133 (énfasis añadido).

[54] CR 2026/25, pág. 30, párr. 5, pág. 31, párr. 9 (Oral); CR 2026/28, pág. 60, párr. 22 (Oral).

[55] MG sobre el fondo, párrs. 4.7-4.8; RG, párr. 4.10.

[56] Carta del Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas al Secretario General de la Organización, de fecha 9 de noviembre de 1981, CMV, vol. III, Anexo 148, pág. 374.

[57] RG, pág. 151, párrs. 4.94-4.96.

[58] CR 2026/27, pág. 55, párr. 21 (Thouvenin).

[59] Roger Pinto, «La prescription en droit international», RCADI, 1955, vol. 87, pág. 393, párr. 4.

[60] CR 2026/28, pág. 15, párr. 11 (Reichler).

[61] CR 2026/27, pp. 15-16, párrs. 18-19, nota 9 (Azaria), citando el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.: “Disputa fronteriza de Venezuela, 1895-1899”, Oficina del Historiador, Departamento de Estado de EE. UU., disponible en:

 https://history.state.gov/milestones/1866-1898/venezuela#:~:text=The%20Venezuelan%20Boundary%20Dispute%20%20officially,30%2C000%20square%20miles%20for%20Guiana . Carta de Lord Salisbury a Sir Julian Pauncefote (26 de noviembre de 1895), en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Documentos relativos a las relaciones exteriores de los Estados Unidos, con el discurso anual del presidente, parte I (transmitido al Congreso el 2 de diciembre de 1895) (1896), doc. 529, disponible en:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1895p1/d529  (último acceso el 10 de mayo de 2026). CR 2026/27, pág. 15, párr. 16, nota 7 (Azaria), citando “Ultimátum inglés: una nota enviada al presidente de Venezuela por el marqués de Salisbury: amenaza de fuerza”, The Rocky Mountain News (diario), vol. 36, n.º 293 (20 de octubre de 1895), disponible en:

https://www.coloradohistoricnewspapers.org/?a=d&d=RMD18951020-01.2.4&e=——-en-20–1–img-txIN%7ctxCO%7ctxTA ——–0—— (último acceso: 5 de mayo de 2026). CR 2026/27, pág. 15, párr. 16, nota 8 (Azaria) citando “Cañones Maxim para Guyana”. «Las medidas radicales del Sr. Chamberlain para obligar a Venezuela a llegar a un acuerdo», The New York Herald (19 de octubre de 1895), disponible en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4787808x/f1.item.zoom  (último acceso: 5 de mayo de 2026).

[62] DV, párrs. 6.77–110.

[63] MG sobre el fondo, párrs. 8.30, 9.8; MG sobre el fondo, vol. IV, apéndice 66; CR 2026/28, pág. 58, párr. 15 (Oral).

[64] MG sobre el fondo, vol. IV, apéndice 66.

[65] MG sobre jurisdicción y/o admisibilidad, vol. II, apéndice 19.

[66] Ibíd., párr. 34.

[67] MG sobre competencia y/o admisibilidad, Anexo 17.

[68] CR 2026/28, pág. 46, párr. 5 (Arenas).

[69] CR 2026/28, pág. 55, párr. 2, pág. 56, párr. 7 (orales).

[70] Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, I.J. Informes 2020, pág. 466, párrs. 37-38.

[71] CR 2026/28, págs. 45-49 (Arenas).

[72] CR 2026/28, pág. 42, párr. 28 (Pellet).

[73] CR 2026/28, pág. 65, párrs. 60-61 (Thouvenin).

[74] CR 2026/28, pág. 46, párr. 4 (Sands).

[75] MG sobre Jurisdicción y/o Admisibilidad, vol. II, Apéndice 17.

[76] Declaración realizada en la Décima Conferencia Interamericana, celebrada en marzo de 1954 (MG sobre Jurisdicción y/o Admisibilidad, Vol. II, Apéndice 17).

[77] CR 2026/25, pág. 43, párr. 60 (Oral); CR 2026/28, pág. 29, párr. 12 (d’Argent).

[78] CR 2026/25, pág. 43, párr. 58 (Oral).

[79] CR 2026/26, pág. 43 y ss., párrs. 15-19 (Zimmermann); CMV, párrs. 3.9 y ss.; RV, párrs. 2.82 y ss.

[80] CR 2026/26, pág. 45 y ss., párrs. 21-28 (Zimmermann); RV, párrs. 2.68 y ss.

[81] CR 2026/26, pág. 46 y ss., párrs. 29-35 (Zimmermann); CMV, párrs. 3.51 y ss.; RV, párrs. 2.10 y siguientes.

[82] CR 2026/26, pág. 50 y siguientes, párrs. 59-62 (Zimmermann); RV, párrs. 2.48 y siguientes.

[83] CR 2026/26, pág. 51 y ss., párrs. 63-74 (Zimmermann); RV, párrs. 2.51 y siguientes.

[84] 84 CR 2026/26, pág. 53 y ss., párrs. 75-82, 91-103 (Zimmermann); CMV, párrs. 3,61 y siguientes; RV, párrs. 2.124 y siguientes. y 2.147 y ss.

[85] CR 2026/26, pág. 58 y ss., párrs. 104-113 (Zimmermann); CMV, párrs. 3.92 y siguientes; RV, párrs. 2.163 y siguientes.

[86] CR 2026/26, pág. 48, párrs. 40-42 (Zimmermann); RV, párrs. 2.26 y siguientes.

[87] CR 2026/26, pág. 47 y ss., párrs. 36 y siguientes. (Zimmermann); RV, párrs. 2.21 y siguientes.

[88] Cfr. Preámbulo del Tratado de Washington de 1897.

[89] CR 2026/26, pág. 47 y ss., párrs. 36-39 (Zimmermann); RV, párrs. 2.28, 2.29.

[90] CR 2026/28, pág. 12 y siguientes, párr. 31 (Reichler).

[91] Cf. Artículo III, párrafo 2 del compromiso, véase Delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine (Canadá/Estados Unidos de América), Sentencia, Informes de la CIJ de 1984, pág. 253, párr. 5.

[92] Delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine (Canadá/Estados Unidos de América), Sentencia, Informes de la CIJ de 1984, pág. 266, párr. 23

[93] Ibid.

[94] Ibíd.

[95] Ibíd.

[96] CMV, Anexo 114.

[97] CMV, Anexo 113, pág. 1, párr. 2.

[98] RV, Anexo 31, pág. 225.

[99] CR 2026/28, pág. 32, párr. 18 (Silver).

[100] CDI, Proyecto de conclusiones sobre acuerdos posteriores y práctica posterior en relación con la interpretación de los tratados (2018), Conclusión 3.

[101] Tratado de Paz y Amistad, firmado en la Ciudad del Vaticano, 29 de noviembre de 1984, UNTS, Vol. 1399, 1985, No. 23392.

[102] CR 2026/28, págs. 27-28, párrs. 5-7 (Silver).

[103] CR 2026/28, pág. 33, párr. 20 (Silver).

[104] CR 2026/28, nota al pie 74.

[105] Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, CIJ. Informes 2007 (I), pág. 95, párr. 126.

[106] Ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca, Jurisdicción, Sentencia n.º 6, 1925, C.P.I.J., Serie A, n.º 6; Legalidad del uso de la fuerza (Serbia y Montenegro c. Reino Unido), Excepciones preliminares, Sentencia, Informes de la CIJ 2004 (III), pág. 1335, párr. 72; África Sudoccidental (Etiopía c. Sudáfrica; Liberia c. Sudáfrica), Segunda fase, Sentencia, Informes de la CIJ 1966, págs. 36-37, párr. 59.

[107] Solicitud de interpretación de la sentencia de 20 de noviembre de 1950 en el caso de asilo (Colombia/Perú) (Colombia c. Perú), Sentencia, CIJ. Informes 1950, pág. 402.

[108] CR 2026/26, pág. 26, párr. 37 (Mbengue).

[109] Haya de la Torre (Colombia c. Perú), Sentencia, Informes de la CIJ de 1951, pág. 79.

[110] Ibíd., pág. 83.

[111] CR 2026/24, pág. 32, párr. 27 (Silver).

[112] CR 2026/26, pág. 35, párr. 84 (Mbengue).

[113] CR 2026/28, págs. 21-24, párrs. 24-34 (Reichler).

[114] CR 2026/28, pág. 29, párr. 12 (de Silver).

[115] CR 2026/28, pág. 25, párr. 35 (Reichler).

[116] CR 2026/28, pág. 52, párr. 21 (Sands).

[117] CR 2026/28, pág. 35, párr. 8 (Pellet).

[118] CR 2026/28, pág. 29, párr. 12 (Argent), citando Delimitación terrestre y marítima y soberanía sobre las islas (Gabón/Guinea Ecuatorial), Sentencia de 19 de mayo de 2025, pág. 42, párr. 128.

[119] 119 CR 2026/28, pág. 54, párr. 25 (Sands).