ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL DIARIO “EL PAÍS”, SÁBADO 06 DE OCTUBRE DE 2012

Viviendas con amarres en los canales de EmpuriaBrava (Girona)/Pepe Durán

El gobierno indulta más de 10.000 viviendas construidas en la costa

La reforma legal otorga 75 años más de vida a las casas que tenían que ser demolidas en 2018. Los inmuebles podrán venderse y heredarse.

Casi  25 años después de que entrara en vigor la ley de costas, el gobierno renuncia a liberar de cemento el litoral y opta por  perpetuar las construcciones sobre las playas. Esas viviendas, que antes de la reforma estaban abocadas a la demolición en 2018, tendrán 75 años Más de vida, según el anteproyecto aprobado ayer por el concejo de Ministros. El ejecutivo del PP argumenta que esa situación había creado “Inseguridad jurídica” y mala imagen de España en el exterior, dado el elevado número de extranjeros afectados.

   Los concesionarios de las casas ahora podrán venderlas, hacer obras y heredarlas, lo que antes no se permitía. Esta amnistía beneficiara a más de 10.000 viviendas, según los cálculos del Ministro de medio Ambiente, Miguel  Arias Cañete. Aunque el gobierno insiste en que la norma no permitirá construir nuevas edificaciones en la costa, en el texto si se recogen disipaciones que permiten a los municipios reducir el dominio público y la servidumbre de protección. La reforma contempla un régimen excepcional para la isla de Formentera y para 10 núcleos urbanizados que el ejecutivo considera muy consolidados.

La ley de costas amnistía 10.000viviendas construidas en la playa

Cañete da otros 75 años a casas que a partir de 2018 debían ser demolidas

El consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la ley  de costa, la norma que desde 1988 establece los usos en el litoral. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha optado por perpetuar lo construido sobre la playa al darle 75 años más de vida a construcciones que a partir de 2018 debían comenzar a pasar a manos del Estado para ser demolidas. Cañete afirmo que hay 10.000 viviendas levantadas en dominio público argumenta que la ley había creado “inseguridad jurídica” y mala imagen de España en el exterior, ya que había extranjeros afectados. Los grupos ecologistas cargaron contra la reforma, que tampoco contento a los afectados.

Cañete,  que compareció tras el consejo de Ministros, explico que “dentro de cinco años se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema   jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste”. El ministro añadió que con la reforma busca “mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida a los stocks de viviendas que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad   jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral”

La ley de costa se marcó un ambicioso  objetivo; recuperar en 60 años todo lo construido sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre, expropio de una forma singular lo ya levantado en el litoral. Los dueños de las casas pasaron a tener una concesión del Estado por la que no pagaban un canon. A los 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, la casa debía pasar al Estado para demolerla.

Con los años la presión de los dueños de casas había crecido, en España y fuera, y la ley había generado enormes polémicas en el litoral, desde Galicia a Canarias. Al acercarse el plazo, el gobierno del PP ha optado por dar otros 75 años (el plazo que marcan otras leyes, como las de aguas). Eso su mando a los 30 o 60 de concesión ya existente, hace que las casas construidas legalmente antes de la ley de 1988 en dominio público se perpetúen. Con la reforma, los concesionarios de las casas podrán venderlas y hacer obras (siempre que no aumente de volumen ni superficie). Hasta ahora eso estaba prohibido.

El ejecutivo insiste en que la norma no permitirá construir nada más  en la costa, e incluye una cláusula para que el delegado del Gobierno pueda suspender un plan  municipal si afecta a la servidumbre de la protección en la que son competentes las comunidades autónomas.

En texto sí que hay disposiciones que permiten reducir el dominio público y la servidumbre de protección, el paso previo para que los Ayuntamientos puedan construir. Así facilita la reducción de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en algunas zonas si el consistorio demuestra que en 1988 ya tenían alcantarillado hasta ahora el requisito era que fuera urbanizable. Además, el dominio público nunca ira más allá de un paseo marítimo.

La reforma eximen a 10 núcleos de la aplicación de la ley: Rocafel  (Alicante). Puerto de Santa Paola  (Alicante), Marina de Empuriabrava  (Girona) , Platja d´Aro  (Girona),  la ira de punta Umbría (Huelva) , el casco urbano de Isla Cristina y el caño del Cepo (Huelva) , Olivia (Valencia) .  El ministro considera que son núcleos tradicionales muy consolidados que no se pueden derribar. Estos pasaran a formar parte del patrimonio del Estado y luego pasaran a manos privadas. La lista puede ser ampliada durante la tramitación parlamentaria. Entre los núcleos agraciados – la ley no explica los criterios seguidos para elegirlos- no hay ninguno canario, pese a que el ministro de Turismo. José Manuel Soria, es de allí y Coalición   canaria tiene la ley entre ceja y ceja. También y también se libra Formentera.

El delegado del Gobierno podrá suspender planes urbanísticos

 Margarita García, vicepresidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la ley de costas, critico el texto por blando. Los dueños de las casas  no quieren una concesión más larga si no volver a ser propietarios: “Estamos muy disgustados porque no respeta la propiedad”

El gobierno ha suavizado algo el anteproyecto que presento en julio. Y al menos de momento, no cambia la definición que obliga a declarar dominio público la Zona a la que haya llegado el mar en  “ los mayores temporales conocidos”. La precisión queda  para el reglamento.

Los grupos ecologistas cargaron contra la reforma. “ el aumento de la concesión a 75 años supone tener en propiedad una Zona publica de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía” , señalo Ecologistas en acción.

 Rafael  Méndez. Madrid

Un dudoso privilegio para la última isla balear sin ladrillo

Acceso a una de las playas de Formentera./ Carles Ribas

La familia cañella, beneficiada por la excepción de la Formentera y en la costa de Ibiza

Ciento diez propietarios de Formentera celebraban ayer el trato “excepcional”   que les da el proyecto de ley de costas. El Gobierno del PP excluirá sus fincas e inmuebles, afectados por la anterior norma, con lo que los liberaran y la titularidad de las propiedades bloqueadas por los actuales deslindes e hitos retornara a sus manos. Las Zonas de dominios públicos, servidumbre y protección de las playas y bordes marinos quedaron establecidas por la ley de Costa del PSOE  de 1988 y fueron rubricadas por el PP en 1997.

Con 10.000 pobladores la famosa y pequeña Formentera pasa en verano a tener  hasta 40.000 residentes. La atracción y el negocio  radican en los arenales de los 69 kilómetros de la costa insular, en gran parte protegida y no alterada por las murallas de cemento.

Los afectados por la ley vieja pugnaban por cambiar el deslinde de líneas moradas de 1988 y las rojas de 1968. Formentera cuenta con un parque natural en sus salinas, estanques y dunas playeras, conexos al ámbito vecino de las salinas y playas de Ibiza. Ambos latifundios son propiedad de salinera Española e Ibifor,  de la familia del expresidente  balear Gabriel cañellas, del PP, que recuperan la posición de los enclaves afectados por la ley que ahora se modifica. Decenas de viviendas antiguas y negocios de restauración están en estos ámbitos salineros.

El exministro de exteriores con el PP.  Abel Matutes, se atribuyó parte de la paternidad del cambio legal en el  DIARIO DE IBIZA,  “Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, aseguro. El grupo Matutes tienen intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de las salinas y planes.

El exministro  matutes se atribuye haber influido en el cambio legislativo

De puertos deportivos en Ibiza, los ecologistas del Gen-Gob de Ibiza afirman que “ se vuelve a robar la propiedad pública de las salinas” , mientras  que salinera Española  festeje que vaya a “ restituirse  la propiedad privada, la original, tras expropiación  sin indemnización” .

Los hitos de protección costeros eran “desmesurados”, según Jaume Ferrer, presidente del consell de Formentera. Única  autoridad de izquierda baleares. “hubo unanimidad siempre todos de todos en reclamar un nuevo deslinde”, dice.

El establecimiento de un estado de excepción legal para Formentera se considera “Perfecta” por parte de las decenas de hoteleros con negocios al borde del mar que no tenían una concesión  formal. El cambio reduce y elimina vetos en zona  de dominio público, la franja de tránsito y el ámbito posterior de protección. También libera concesiones sobre las que pendía la amenaza de la pérdida de control por sus dueños y, en algunos casos, la piqueta.

“Hemos tenido miedo a ser demolidos y nos decían que se retornaría al estado natural el terreno que ocupa el bar restaurante”. Indica María José Mayans, presidenta de la plataforma de Afectados por el deslinde de costas de Formentera. Mayans es la propietaria del restaurante Real Playa en el arenal de Mitjorn.  El establecimiento un típico negocio de temporada  tiene además siete viviendas turística, emplea a 11 trabajadores.

En Formentera existía un statu quo  y negociamos con los afectados que nunca pidieron una concesión después de los deslindes de 1997. No podían tenerla. Pero no ha habido derribos en la isla. Formalmente no podían hacer obras en sus propiedades afectadas,  dice celesti Alomar, ex delegado de costas de Baleares, geógrafo y ex consejero socialista.

En dos décadas no se han dado nuevas ocupaciones de la costa, advierte Alomar  que reconoce que aun durante la transición más de un hotel y hasta se alzaron en puntos inaceptables por las distintas leyes. Varios de esos inmuebles de Formentera quedaron, finalmente excluidos en el último deslinde.

ANDREU MANRESA

Palma de Mallorca

¿Oportunidad de todos o beneficio para pocos?

Análisis

 Las concesiones a 75 años parecen una privatización de hecho del dominio público.

Nadie duda que la administración de nuestro litoral exige mejoras sustanciales. Los resultados de una más que desafortunada gestión pública han provocado la pérdida de casi la mitad del capital natural que suponen  unos ecosistemas saludables. Y estos constituyen, no lo olvidemos, la base física  de una parte importante de nuestra economía. Por esta razón, y porque se trata de bienes y de asuntos de naturaleza pública, cualquier modificación de la vigente ley de costa, o nuevas aportaciones de la anunciada ley de protección y uso sostenible del litoral. Genera justificadas expectativas.  Es lógico por tanto que interese  y mucho, el borrador del anteproyecto de ley que el Ministro de Agricultura, Alimentación y medio ambiente ha dado a conocer hace unos días. De todas formas no estoy seguro de que una crisis económica como la que atravesamos sea el mejor contexto para abordar una iniciativa de este tipo. En cualquier caso, después de varias y atentas lecturas me surgen algunos comentarios de índole ambiental. Social, económica y de gobernanza.

En primer lugar, y exceptuando las facultades atribuidas al delegado de Gobierno para intervenir ante actuaciones que amenacen la integridad del dominio público Marítimo Terrestre (DPMT). El texto no destaca por medidas innovadoras, o ambiciosas, en lo que concierne a la protección, conservación y recuperación de ecosistema litoral. Hay temas que deberían ser tratados e incompresiblemente  fueron ignorados. La  ejecución de las demoliciones de miles de segundas residencias ilegales en el DPMT, o en la zona de servidumbre de protección (ZSP),  por ejemplo, reclama actuaciones decididas por parte del legislador. Igual que criterios e incentivos para recuperar o restaurar parte, al menos del litoral perdido o degradado en las últimas décadas.  Tampoco entiendo que las consecuencias previsibles del cambio climático hayan sido ignoradas de forma absoluta.

Desde una perspectiva social, claro que estoy de acuerdo con aumentar  la seguridad de las relaciones jurídica entre personas e instituciones; y en este objetivo, el control de los Registros de la propiedad desempeña un trascendental papel. La transparencia   y la información a los usuarios de estas relaciones son mecanismo que aplaudo. Pero no tengo tan clara la bondad, de los nuevos  criterios a portados para delimitar el deslinde del DPMT. De la imputación de que el texto ha sido redactado para favorecer solo a unos determinadores grupo de interés, y no para reforzar la protección y el uso público de los bienes del DPMT.

Respecto a la dimensión económica, no hay duda del especial trato dado en el texto de la reforma. Solo el hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 años, es decir a tres generaciones vista es buena muestra de su perfil e intención.  Este plazo es a todas luces u exceso y se parece bastante a una privatización de hecho del DPMT. Por cierto una vez que sean aplicados los nuevos criterios para el deslinde del DPMT. Y sean excluidas bastantes instalaciones y edificios, ¿Quién pagara las obras de su defensa costera?.  ¿ y quién pagara los daños ocasionados  por el mar a esas misma edificaciones?

  Por otro lado, resulta preocupante un hecho en particular, en el borrador tampoco se trata la gobernanza de un ámbito tan conflictivo. Porque  conviene recordarlo el litoral es antes que nada un espacio geográfico donde las tres escalas de la Administración pública, local autonómica y estatal están implicadas debido a que las competencias se encuentran repetidas. Y tampoco el litoral coincide  con los límites de DPMT, aunque este  sea su columna vertebral. Si por algo se caracterizaran las modernas leyes de gestión integrada de áreas litorales ( GIAL). Es porque se centran en la organización, coordinación de instituciones.

Por eso tenemos que pensar cual es  la manera  más adecuada de relacionar sobre todo. A la administración general del Estado y las comunidades autónomas. No puede  olvidarse que algunas (Cataluña y Andalucía, por ejemplo) ya ostentan   competencias trascendentales del DPMT. Y porque no sobran, más bien todo lo contrario, foros o lugares de encuentro para el dialogo y la búsqueda de  consensos. También estoy convencido de que la norma de gestión del litoral debería tener presente los instrumentos más apropiados para una gestión pública moderna y eficiente. En otros países es absolutamente normal  contar con políticas estrategias acordadas.  Planes y programas de gestión integrada del litoral, etcétera (véanse, por ejemplo, los casos de Francia. EE UU, Canadá, Australia, Nueva Zelandia,  Sudáfrica, etcétera). Lo anterior no puede olvidar que la información y la participación  pública son pruebas fehacientes de una administración democrática, moderna y transparente. Para esta tarea, de nuevo conviene inspiración en países con mucha más trayectoria que la nuestra en este tipo de instrumentos ¿ O es que vamos a seguir gestionando el litoral  de España sin política específica,  sin espacios de encuentro institucional, sin instrumentos de guía, sin instituciones apropiadas y sin participación de los agentes sociales como hasta la fecha?.

Si el borrador propuesto  finalmente marca la estructura y el contenido de una futura ley para la gestión del litoral. Presumo que esta no mejorara la protección de los ecosistemas litorales no tendrá la capacidad para afrontar temas nuevos no esenciales, no facilitara la gobernanza en un ámbito tan problemático y no modernizara nuestro obsoleto, pero sobre todo ineficaz  médelo de gestión pública, lástima que no haya inspirado en el protocolo para la gestión integrada de zonas costeras del mediterráneo, ratifica en 2010 por nuestro Rey y en vigor en España desde mas de un año ( BOE 70 DEL 23 DE MARZO DE 2011).

Por los argumentos expuestos, creo que la futura ley del litoral. Además de preocuparse por la propiedad e interés privado  y las facilidades para la actividad económica de algunos grupos favorecidos, debería poner más énfasis en preocupar  fórmulas para un uso racional y publico del patrimonio común. En caso contrario sería una oportunidad perdida  para todos aunque beneficiara solos a unos pocos.

 Juan M. Barragán[1]