Lic. Miguel G. Henriquez Gramcko          misionmaradentro@yahoo.es

En el 1er. gobierno de Rafael Caldera, a principios de los años 70’s con la promulgación de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina MercanteNacional, se consolidó la flota mercante de buques con bandera venezolana. El pabellón nacional ondeaba en los buques de la C.A. Venezolana de Navegación (CANV) y de 19 empresas privadas para la época, que recalaban en los puertos de los 5 continentes, la CAVN tenía sus propias oficinas en Holanda, Italia, Japón, USA, y Brasil, a su vez empresas privadas como Marítima Aragua en el Golfo de México, Tacarigua Marítima en la costa oeste de Sur América, Vencaribe en la costa este de Sur América, Naviera Pacifico en la costa oeste de Norteamérica, y una serie de líneas venezolanas que cubrían las rutas del Caribe y el sur del Estado de La Florida. Todo esto se hacía bajo la supervisión y el control de una simple Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que entre otras funciones asignaba las rutas según la capacidad de cada armador nacional; no obstante, para ese tiempo no se contaba con los medios de comunicación y tecnología de la información que tenemos hoy en día, ¡pero dicha Administración Marítima funcionaba!

          En el presente, se cuenta con una Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos de julio del 2008 que solo menciona la política naviera socio-económica de las “cargas reservadas”, sin poder ser  implementada todavía por conflictos legales con la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, por lo tanto no hay flota de bandera venezolana para el tráfico internacional, con la excepción de unos pocos buques petroleros. La pequeñísima flota nacional para el tráfico de cabotaje tanto de personas como de cargas son dignas piezas de museos listas para su desguace, y ni se habla de las autopistas del mar nacionales tan necesarias para el transporte marítimo, fluvial lacustre de pasajeros y bienes, que se requieren con urgencia debido al colapso de las vías terrestres. Eso si, existe una burocracia parasitaria conformada en primer lugar por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos “INEA” que cuenta en su sede central con dos edificios en la urbanización Las Mercedes de Caracas, y sumando ahora la organización legal de un Ministerio específico para el transporte acuático con su serie de unidades entre Viceministerio, Direcciones Generales, Direcciones de línea y pare de contar; todo ello para hacer lo que se hacía con eficiencia y efectividad en el primer gobierno de Caldera, pero ahora no tenemos flotas de buques (las cifras del INEA no reflejan la realidad de la flota en operación).

En consecuencia la Administración Marítima se tendrá que reorganizar, de lo contrario tendremos a una burocracia parasitaria de gran dimensión, igualmente permitir la participación del Poder Popular en el Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos?  

¡Basado en las directrices Bolivarianas del Presidente Chávez de democracia participativa y protagónica, unido a la contraloría social!